El Centro de Estudios de Turismo (CET) realizó una propuesta de Acuerdo Nacional por la Seguridad en Costa Rica con acciones integrales para frenar la violencia e inseguridad en el país, el cual incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad para más de 3.000 reclusos, la habilitación de 2.500 nuevos policías y 300 agentes más para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Asimismo, dicha propuesta incluye un trabajo de reestructuración de una nueva policía multi-municipal, el levantamiento de la seguridad ciudadana a Política de Estado y una inversión de $650 millones en los próximos cinco años para reforzar la prevención, control migratorio, la escala de cuerpos policiales, la capacidad judicial, recuperación de espacios comunitarios, educación y empleo en zonas de alto riesgo.
Luego de la presentación de la política nacional de seguridad denominada “Costa Rica segura plus” que presentó el pasado 23 de noviembre el Poder Ejecutivo, la propuesta llega como una opción con soluciones concretas para atacar la violencia, la influencia del narcotráfico y la afectación que esto tiene sobre el turismo, la inversión extranjera, la marca país y las exportaciones.
Esta propuesta dada a conocer por el CET es producto de un proceso de discusión y diálogo con la participación de exministros de seguridad, exdirectores del OIJ, expresidentes, diputados jefes de varias fracciones y de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, la Defensora de los Habitantes, especialistas en aspectos jurídicos y en materia de seguridad, representantes de la policía municipal y turística, al igual que exministros de turismo y reconocidos expertos en la actividad turística.
Está claro que la situación de la inseguridad se está saliendo de control en el país, de hecho, la tasa de homicidios ha empeorado de forma constante desde 1990, hasta llegar a 824 homicidios en lo que va del año, según la cifra provista por el Organismo de Investigación Judicial.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad sugiere también el análisis, ajuste y eventual aprobación de las seis leyes propuestas por el Poder Ejecutivo al inicio del período de sesiones extraordinarias, la articulación de un Consejo Nacional de Seguridad y una Coordinadora de Seguridad en la Unión de Gobiernos locales; además, toca aspectos de intervención inmediata y otros que tendrán impactos a mediano y largo plazo, como el desarrollo de un mejor sistema educativo y la promoción de mecanismos de cohesión social en las regiones más vulnerables.
“Se propone un enfoque integral y estratégico para mejorar la seguridad en Costa Rica, abordando factores diversos y trabajando en colaboración entre distintas entidades y niveles del gobierno y es un aporte voluntario y totalmente apolítico de parte del CET”, comentó Bary Roberts, presidente del CET.
