Candidato a magistrado tiene causa penal y diputados lo ignoran

Los diputados salvo alguna excepción ignoran que hay una causa penal, por supuesto prevaricato,  abierta contra Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, actual presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, quien aspira a ocupar la vacante en la Sala Segunda de la Corte Suprema dejada por el magistrado Rolando Vega Robert, quien se jubiló.

Un hecho que debería ser causa de inadmisibilidad de la postulación (a los aspirantes se les solicita una declaración jurada en que conste que no tienen sanciones disciplinarias ni procesos judiciales abiertos). Sin embargo, diputados socialcristianos y de otros partidos que apalancan al aspirante no se dan por enterados: el caso está cerrado, es la voz que ha corrido entre las curules.

Sánchez figura en la terna escogida, entre 25 aspirantes, que la comisión de nombramiento de la Asamblea Legislativa recomendó al plenario para elegir al nuevo magistrado, proceso que ya dura un año.

Las otras integrantes de la terna son las abogadas María Alexandra Bogantes Rodríguez y María del Rocío Carro Hernández, lo que no excluye que durante la votación en el plenario se incluyan otros nombres que no están en la lista.

De hecho, la primera ronda de votación, el pasado 23 de junio, terminó sin resultado, pues Sánchez, quien fue el candidato que más votos obtuvo (28) no alcanzó el mínimo de 38 necesarios para ser nombrado magistrado. Una segunda votación está programada para el próximo 29 de agosto.

La querella judicial contra  Sánchez data de agosto del 2015 cuando el abogado litigante José Pablo Badilla Villanueva lo acusó de prevaricato ante el Ministerio Público, por haber decidido presuntamente en contra de lo que en derecho correspondía, al rechazar una recusación de dos juezas del Tribunal de la Inspección Judicial, en un proceso administrativo iniciado a la jueza de tránsito Liz  Maureen Tencio Alfaro.

Según se observa en los alegatos presentados por las partes, las resoluciones judiciales y la información suministrada por la Fiscalía, ese despacho ha solicitado en tres ocasiones la desestimación de la querella. Empero, el juez José Pablo León, del segundo circuito judicial de San José, ha rechazado las solicitudes y ha devuelto el expediente para que el Ministerio Público prosiga la investigación del caso.

El criterio del juez es que la solicitud del Ministerio Público es prematura y no aporta pruebas que legitimen la petición de desestimar la querella, por considerar que no hubo dolo en la decisión del acusado, y que por tanto no se configura el delito de prevaricato (que comete el funcionario judicial o administrativo que resuelve en contra de la ley o con fundamento en hechos falsos). Deben emprenderse actividades indagatorias adicionales, incluyendo la declaración del querellado, dice el juez, que ordena devolver el expediente a la Fiscalía, “a fin de que instruya como corresponde” la investigación.

Una apelación presentada por el auxiliar Pablo Zúñiga contra la resolución de juez fue rechazada por el tribunal penal de alzada, que confirmó la actuación del  juzgador.

Sin embargo, posteriormente la fiscala auxiliar Evelyn Elizondo, de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, pidió declarar actividad procesal defectuosa y reiteró la solicitud de desestimación, lo cual fue rechazado por el juez en resolución del pasado 5 de julio,

Esta decisión también fue apelada el 11 de julio por la Fiscalía, según confirmó ese despacho, y no se ha fijado fecha para la vista oral en que se resolverá el recurso.

El abogado Badilla afirmó que “a pesar del esfuerzo del Ministerio Público por favorecer al querellado, hoy la causa contra Sánchez  está más que abierta, y por ende hay un impedimento natural para que él accese a la magistratura de Sala II”.

UNIVERSIDAD consultó al presidente de la comisión de nombramientos, Jorge Rodríguez (Unidad Social Cristiana), si no consideraba que la existencia de la causa penal invalida la postulación de Sánchez, el diputado respondió que la causa está cerrada y que Sánchez presentó una certificación al respecto.

A la pregunta de si ellos como fracción tienen un acuerdo para apoyar a Sánchez, el jefe de la bancada socialcristiana, Gerardo Vargas, aseguró que hay varios nombres que se están barajando y en principio no hay ninguno ya definido.

Seguidamente dijo que “Porfirio nos causa simpatía”, y en cuanto a si la existencia de una querella penal no invalida esta candidatura, consideró que no, porque la querella ha sido denegada dos veces, dijo, y el principio de inocencia dice que mientras no haya condena se es inocente.

No obstante, cuando se le hizo ver que la solicitud de la Fiscalía para desestimar había sido rechazada por el juez repetidamente, dijo que revisaría la documentación para ver la situación.

Por su parte, Maureen Clarke, jefa de fracción de Liberación Nacional, dijo que “aquí (en la Asamblea) lo que se ha alegado es que el caso está cerrado, y por más que yo he tratado de insistir, no tengo las pruebas. Vamos a revisar”.

Para Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana,  está claro que hay un proceso penal abierto y por eso – dijo – él está en contra de esa postulación.

PARIENTES

Quienes apoyan a Sánchez divulgan la información de que el abogado Badilla es cuñado de Héctor Blanco, funcionario judicial que está entre la lista de concursantes para el puesto de magistrado, sugiriendo que con la querella el abogado busca favorecer a su pariente.

Según Badilla, la acusación la presentó antes de que se hablara de las postulaciones para a la Sala II y su cuñado no tiene que ver en el asunto. Por su parte, Blanco aseguró que su cuñado es una persona que toma decisiones de forma independiente y él (Blanco) no estuvo involucrado en la decisión, ni le hubiera interesado, pues era previsible que podría ser usada para perjudicarlo.

Por su parte, Luis Porfirio Sánchez refirió a UNIVERSIDAD que él presentó sus atestados para la postulación a  Magistrado de la Sala Segunda el 23 de julio del 2015, según consta en el recibido de la comisión de nombramientos, mientras que la denuncia de Badilla, cuñado del aspirante Héctor Blanco, fue presentada ante el Ministerio Público el 4 de agosto de 2015, es decir en fecha posterior.

Agregó que el día 11 de agosto de 2015 se enteró de la existencia del proceso por medio del periodista Carlos Mora que le preguntó sobre el asunto, y en ese momento le dio declaraciones diciendo que no tenía conocimiento de esa causa penal.

El mismo día le comunicó a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa sobre la presentación de esa denuncia y ratificó ante ese órgano que antes de ese día no había tenido ningún conocimiento de la acusación.

“Incluso al día de hoy, no he sido citado, notificado ni indagado por parte del Ministerio Público sobre la interposición de esa denuncia”, finalizó Sánchez.

En la nota a la comisión  expresa su preocupación de que “en forma malintencionada se utilice la vía penal para combatir aspectos procesales que tienen que ser alegados en la vía administrativa”, y que se divulgue en un medio de comunicación “en un claro afán de dañar mi imagen en el preciso momento en que concurso a una vacante de Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia”.