27 personas fueron nombradas en direcciones de la Cancillería desde el año 2006 a pesar de que no contaban con el rango que requerían para asumir los cargos, una práctica que se enquistó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por años y que ahora puso contra las cuerdas a la canciller y primera vicepresidenta de la República, Epsy Campbell.
El requisito violentado está establecido en el artículo número 9 del Estatuto del Servicio Exterior, el cual reserva los puestos de las direcciones de la Cancillería para diplomáticos bajo la categoría de “embajadores”, la primera y más alta de las siete que existen en la carrera diplomática del país.
Según los registros de la Cancillería —solicitados por UNIVERSIDAD — son 27 las plazas que se otorgaron desde la segunda administración de Óscar Arias a funcionarios del Servicio Exterior que no cumplían con el rango que necesitaban, específicamente 15 en la división de Política Exterior, cuatro en Cooperación Internacional, cuatro en el Servicio Exterior, dos en Protocolo y otros dos en el Instituto Diplomático.
De esas designaciones, cinco habían ocurrido durante la segunda administración Arias; mientras que diez se concretaron en el gobierno de Laura Chinchilla, nueve en de Luis Guillermo Solís y tres restantes en este nuevo periodo.
La desatención del requisito incluso llegó a tal punto que ocurrieron nombramientos como el de Jairo Hernández, entre julio de 2010 y junio de 2012, quien fungió como director de Política Exterior, a pesar de que ni siquiera contaba con registros como diplomático de carrera.
En total, la información enviada por Cancillería recuenta 35 puestos asignados en diferentes etapas para los puestos de direcciones y direcciones alternas, de los que sólo ocho habrían sido ocupados por diplomáticos “embajadores”.
Además del caso de Hernández, se habían nombrado a 13 funcionarios de segunda categoría, siete de tercera categoría, tres de cuarta categoría y dos de sexta categoría, según la información remitida.
Esto, en parte, se debió a una mala interpretación de la contratación de estos puestos, pues —según indicó la ministra Campbell en octubre pasado a los diputados— la costumbre ha sido justificar que las direcciones de la Cancillería son “puestos de confianza”.
Así justificó Campbell los nombramientos que hizo de Adriana Murillo como directora de Política Exterior, Carolina Fernández como directora adjunta de esa misma división y Adriana Solano como directora de Cooperación Internacional, ninguna con el rango requerido, siendo la más cercana Solano que es “ministra” (es decir, de segunda categoría).
Explicando estos nombramientos ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público, la vicepresidenta Campbell incluso justificó que seguir el Estatuto del Servicio Exterior no ha sido la práctica en los últimos años, sino que cada nombramiento se había realizado a través de parámetros de idoneidad, entre los que señaló dominar el inglés, tener 12 años de experiencia y contar con habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.
“Siempre, de acuerdo a la normativa, se había nombrado a los directores y a los directores adjuntos como puestos de confianza; sin embargo, se armó un debate en esta administración y procedimos a hacer la consulta respectiva a la Dirección del Servicio Civil, que planteó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al igual que el resto de ministerios, está sujeto al Estatuto del Servicio Civil para efectos de los nombramientos de los directores”, señaló la vicepresidenta.
Además, defendió que a estas personas se les retribuye con salarios de diplomáticos “embajadores”, algo que habría apoyado la Dirección Jurídica del Ministerio de Exteriores.
Entonces: ¿Son nombramientos ilegales?
La vicepresidenta Campbell sostiene que los nombramientos se realizaron de forma legal y que —como respaldan los registros de la Cancillería— han sido una práctica común en los últimos años.
No obstante, los diputados de oposición han encendido sus alarmas en los últimos meses por la situación, algo que desembocó en un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que indicó que los procedimientos que se han venido desarrollando están mal.
Este criterio lo giró como respuesta a la diputada del Partido Liberación Nacional, Ana Karine Niño, quien ha sido especialmente crítica por los nombramientos bajo el mandato de Campbell y de la administración anterior.
En el dictamen de la PGR, esa entidad determinó que los nombramientos discrecionales del Ejecutivo (presidente y ministros) no cobijan los puestos de las direcciones en la Cancillería, sino que son únicamente para puestos como los de misiones diplomáticas, embajadores, ministros, funcionarios en comisiones, técnicos y auxiliares, asesores de las direcciones, misiones especiales y los dos viceministros.
Así mismo, la opinión jurídica subrayó que el hecho de que los nombramientos se han venido haciendo de forma incorrecta no sería una justificación válida para sostenerlos, pues “existiendo normas imperativas que integran un régimen estatutario especial regido por normas de Derecho Administrativo, bajo ninguna circunstancia una práctica anómala o costumbre administrativa puede perpetuarse y convertirse en fuente de derecho”.
Esto se opuso completamente con lo dicho el 25 de octubre la ministra Campbell, cuando señaló en comparecencia legislativa que “los puestos susceptibles a ser puestos de confianza” eran los “subordinados a la más alta jerarquía, como las direcciones de Política Exterior, Cooperación Internacional, Servicio Exterior y el Instituto Internacional.
Al respecto, la PGR determinó que ciertamente existen puestos de dirección de libre escogencia, pero que serían los de “más alto nivel”, como por ejemplo la dirección general y no sus divisiones concretas.
No obstante, las apreciaciones finales sobre la legalidad de los nombramientos por los que se cuestiona a Campbell aún siguen siendo una incógnita, pues el oficialismo alega que la Cancillería actuó conforme a la costumbre y las normativas avaladas por las asesorías jurídicas internas.
¿Y qué dice el Gobierno?
Luego de conocer el criterio jurídico de la Procuraduría General, este martes, en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Ejecutivo informó que presentará una nueva consulta debido a que el criterio que presentó la diputada liberacionista no es vinculante.
La razón de fondo es que Niño no es funcionaria de la institución para la que hizo la consulta, por lo que la respuesta es meramente de facultad consultiva.
“La PGR a través de un Procurador General, en el área de empleo público, lo que hace es emitir una opinión jurídica, es decir un criterio jurídico, que no es vinculante para el Poder Ejecutivo pero, por supuesto, constituye un criterio relevante y valioso para la toma de decisiones”, explicó el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.
Además, argumentó que la razón por la que plantearán una nueva consulta, además del hecho de que no es vinculante para el Ejecutivo, es poder despejar las dudas que existen con respecto a los criterios sobre la aplicación de las reglas que dictan los Estatutos para ocupar puestos de dirección.
Según el director jurídico de Casa Presidencial, la contradicción radica en que, la Canciller realizó los nombramientos apegada a los criterios de su Departamento Legal y del Departamento de Recursos Humanos, los cuales distan del criterio que dio a conocer la PGR este martes.
“Es conveniente plantearle a la Procuraduría la consulta y obtener, en el plazo más corto posible, un criterio que dilucide de una vez este tema o, como ya se ha mencionado, en el entendido de que una consulta es de acatamiento para el Gobierno según lo dispone la ley”, indicó Carvajal.
Sobre el tiempo en el que el Ejecutivo efectuará la consulta, Carvajal respondió que “de inmediato” pondrán a andar los procedimientos que establece la ley.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, mantuvo una opinión evasiva del tema y aseguró que no cederá a las presiones de distintos legisladores de remover del cargo a la canciller, hasta que se tenga la respuesta concreta de la PGR al Poder Ejecutivo.
Esta es una petición que ya realizan diputados de la gran mayoría de las fracciones de oposición, pese a que se trata de nombramientos que se han acostumbrado en los últimos años.
No obstante, más allá de sentar responsabilidades, la diputada Niño, del PLN, enfatizó en que los más importante será tener un criterio vinculante para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro con criterios subjetivos, y adelantó que ya trabaja en un proyecto integral para reformar los estatutos que rigen esta materia. Así mismo, indicó que más allá de sentar responsabilidades en la vicepresidenta, lo importante será que se canalicen las nuevas informaciones para “resolver” los problemas.
“Tal vez no se perciba así, pero de verdad es un tema general. Yo no me estoy refiriendo a ningún partido político, me estoy refiriendo a cuestiones que tenemos que resolver”, concluyó, aunque sí mencionó que al presidente Alvarado le corresponderá actuar de manera “congruente” si la Procuraduría determina que hubo flagrantemente ilegalidades en las acciones de la vicepresidenta.
Hasta el momento, el presidente Alvarado ha dicho —en ocasiones anteriores— que no removerá a la canciller de su puesto, dado que Campbell “tiene una representación importante en la diplomacia costarricense en la situación regional” y además la ha catalogado como “una voz muy fuerte y muy escuchada en la región”.
Pero son pocos los “embajadores”
También sobre el tema de los diplomáticos “embajadores”, el presidente Alvarado señaló que el tema de los escalafones de la carrera diplomática ha sido una constante “crítica” a través de la historia.
Según Alvarado, en el país solo hay 22 embajadores de carrera y mucho más de esa cantidad de embajadas, por lo que su rotación es complicada entre el servicio diplomático, consular e interno de la Cancillería.
“El compromiso es nombrar embajadores de carrera en esas posiciones, que entiendo, son 22 embajadores y hay que hacer las rotaciones de 10 de ellos”, explicó Alvarado anteriormente.
Así mismo, había indicado que, a pesar de que la costumbre ha sido traer personas con cargos en el exterior y no nombrar a diplomáticos de carrera, la intención de su administración sería “tener los mecanismos para que la carrera diplomática fluya y se profesionalice”.
En medio de la crisis que ha enfrentado la canciller Campbell sobre los nombramientos en puestos de dirección, los garantes éticos del presidente Alvarado elaboraron un informe bajo la rectoría del exmagistrado Jose Manuel Arroyo, en el cual determinaron que los nombramientos estaban apegados a la legalidad y a la ética.
Este informe se emitió el pasado 29 de octubre, tras un encargo de Campbell; sin embargo, recibió también fuertes críticas de la oposición.
El choque por este tema ha sido importante entre el Ejecutivo y opositores, a tal punto de que desde el gobierno y sectores afines incluso se han catalogado de “racistas y machistas” los señalamientos contra la vicepresidenta, pues los consideran que no tienen mayor fundamento.
