La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) aseguró que el proyecto de Fondo de Avales no funcionaría, tal y como está redactado, que por el contrario en su versión original acarrearía costos sociales, económicos y políticas que serán una carga para el sistema financiero nacional.
Aunque están convencidos de que la aprobación de este proyecto es esencial para lograr verdaderas reestructuraciones y financiamientos adecuados para los empresarios del sector, considerando los plazos de recuperación previstas de la actividad y la normalización en la capacidad de pago.
“Nos preocupa sobremanera que, de este Fondo se viene hablando desde marzo del año pasado y cada día que pasa en discusión o modificaciones de texto, aumenta el riesgo de que miles de empresas entren en un proceso de cierre, poniendo en riesgo no solo activos dados en garantía, sino el despido de miles de personas”, manifestó, Rubén Acón, presidente de Canatur.
Desde esta perspectiva, Canatur propone una serie de cambios al proyecto actual; pero sobre todo que se aclare que el Fondo no es solo para financiar, sino también para reestructurar créditos vigentes, para personas o empresas afectadas por el COVID-19, primordialmente para aquellos sectores de turismo y transporte que atraviesan un problema de liquidez temporal y no de solvencia.
Acón indicó que debe aclararse que los avales del Fondo complementan las garantías existentes, no las sustituye; con el compromiso de los intermediarios de mejorar las condiciones de plazo, cuota, tasas de interés y costos en general de los créditos vigentes.
“La conformación de un Consejo Rector está recargada en funcionarios públicos (tres ministerios) y solo dos miembros externos; pero que son nombrados por el mismo Poder Ejecutivo. Esto le da un gran riesgo de politización al Fondo, el cual debe tener un Consejo Rector con miembros profesionales con total independencia, y con reconocida experiencia en materia bancaria y financiera, nuestra solicitud es que los miembros externos deben ser propuestos por la UCCAEP”, añadió el vocero de Canatur.
Además, manifestó el presidente de la Cámara, proponer un aval del 60% o 70% de las operaciones individuales atrasadas, es quitarle efectividad y atractivo al Fondo, con lo cual, en la práctica se corre el riesgo de que se apruebe la ley, pero que nunca funcione, que es lo que realmente interesa.
Consideran que, lo ideal sería avalar hasta el 80% del saldo de las operaciones de crédito después de cierta cantidad de meses de atraso, como establece la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Otro tema que le preocupa a Canatur es que se proponga que el Fondo se constituya en colones o que los recursos deben aportarse al Fondo por tractos en 5 años, es proponer una figura que en la práctica no funcione.
“La propuesta es que los $300 millones del crédito con el BCIE, deben ingresar íntegros al patrimonio del fideicomiso desde el inicio y con estos recursos, adquirir certificados de depósito de los bancos del Estado, a cambio de promover créditos para capital de trabajo o inversiones, con lo cual hay un primer impacto de recursos frescos de hasta $550 millones por el multiplicador bancario del sistema”, señaló.
Asimismo, propuso que se agregue un nuevo artículo para que los honorarios legales se reduzcan en un 90% y que los costos de registro, timbres, impuestos de traspaso y otros ligados con esta cartera avalada se reduzcan a cero para facilitar la formalización de nuevos créditos o reestructuraciones.
