El Gobierno de Costa Rica es uno de los países que, a pesar de su tradición de acogida y su discurso de derechos humanos, mantiene a su departamento de asuntos migratorios dentro del control del Ministerio de Seguridad Pública y, como tal, los cambios recientes en esta cartera repercuten también en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Así se confirmó esta semana con el anuncio hecho sobre la designación de la nueva directora de la DGME, la psicóloga Marta Vindas, que sustituye a Marlen Luna, quien dejó ese cargo después de un año de ejercerlo de manera simultánea con el viceministerio de Gobernación, donde se mantendrá en adelante.
El cambio de timón es parte de la nueva “estrategia gerencial” que impulsa Mario Zamora, ministro de Seguridad nombrado por el presidente Rodrigo Chaves después de la infructuosa gestión de esa cartera durante un año al mando de Jorge Torres, a quien el mandatario volvió a colocar como director de Inteligencia y Seguridad (DIS).
La tarea en Migración, sin embargo, parece más compleja, amplia y visible, por la fuerte presión migratoria que enfrenta el país por la población nicaragüense y venezolana que sigue ingresando a Costa Rica, mientras los llamados de las autoridades nacionales a la comunidad internacional no surten aún los frutos suficientes en cantidad de recursos.
El enfoque de derechos humanos también está bajo la mira, sobre todo después del decreto de diciembre con el que Chaves quiso cambiar los beneficios bajo la idea de que muchos de esos migrantes en realidad no son perseguidos en sus países, sino que viene en busca de trabajo para vivir mejor.
Sin embargo, parte del contenido de ese decreto quedó bajo cuestionamiento después de un fallo de la sala Constitucional, que acogió argumentos de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y dio la razón a un periodista nicaragüenses que objetó una norma relacionada con la imposibilidad de salir del país. Tres meses y medio después, no se conoce de manera pública cuánto de ese decreto está vigente, cuánto se aplica y cuánto se sometió a cambios que el propios Chaves había reconocido como necesarios.
Esta será tarea de Vindas y de su subdirectora, Dinorah Baltodano. “He procedido a reforma la estructura gerencial del viceministerio de Seguridad y ahora el Gobernación, haciendo que los viceministros cumplan los roles viceministeriales y nombrando al director de fuerza Pública, el de guardacostas y ahora también Migración. Ese es el modelo de trabajo gerencial que hemos asumido”, justificó Zamora.
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Mientras tanto, diversas organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes emitieron esta semana un pronunciamiento en el que piden la derogatoria del decreto de diciembre y señalan el “escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas”
El comunicado de los grupos, encabezados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denuncian que la reducción de recursos estatales dificultan más los procesos de regularización migratoria. “Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad”.
El pronunciamiento lo acuerpan también el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes, Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica, el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos) y el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamerica (IRCA Casabierta).
