La llegada del proyecto 21.177 a la Asamblea Legislativa ha dejado ver a sectores a favor y en contra de la regulación en la comisión que se cobra por el uso de los datáfonos.
La Cámara de Comercio de Costa Rica ha apoyado esta iniciativa. De acuerdo con su director ejecutivo, Alonso Elizondo, este proyecto es muy positivo, pues reduciría los costos de operación para los comercios que actualmente están “golpeados por la situación que vive el país”.
“Hoy en día cuando usted tiene negocios donde el 95% de sus ventas las realizan con una tarjeta de crédito o débito, ya ese porcentaje arriba del 4,5%, casi 5%, cuando usted suma adquirencia e intercambio, es una tarifa abusiva que no tiene ningún otro país en el mundo, salvo algunos ejemplos bastante malos en Sudamérica. Somos una de las tarifas más altas producto de ese acuerdo de competidores”, señaló Elizondo.
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El director ejecutivo destacó también que el pago electrónico permite la trazabilidad de las transacciones y se previenen delitos.
“El sector está bastante apuntado con esto, creo que es un tema que el sector viene pidiendo hace más de diez años. El sector comercial está bastante contento con esto porque este es, en algunos casos, uno de los principales costos que tienen las empresas: el pago de comisiones por transferencia de adquirencia”, aseguró.
Elizondo destacó también que no manejan la cantidad de comercios que han cerrado en los últimos meses; sin embargo, le llama la atención la pérdida de empleo que golpea al sector empresarial desde hace 12 meses.
“Ese dato es alarmante porque hablamos de 30 mil puestos de trabajo en el sector comercial. Ese dato sí refleja una desaceleración en el sector y esto es preocupante. También otro indicador que podés ver es el grado de desocupación de metros cuadrados disponibles para el comercio. Cada vez ves más locales desocupados, una desocupación que supere el 10% ya es preocupante y en Costa Rica estamos por encima de ese 10% de desocupación”, aseveró.
“Cuando la economía funciona mejor, esa desocupación se ubica entre 5 y 6% de metros cuadrados disponibles. Es un tema de costos, las comisiones forman parte de la estructura de costos de una empresa, si usted mantiene una estructura de costos elevada, su nivel de competitividad es menor, la posibilidad de invertir es menor, la posibilidad de contratar personas es menor; entonces todo esto suma a la problemática de los elevados costos de producción”, añadió.
En la misma línea, la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, Ana Teresa Vásquez, destacó que los comerciantes están siendo castigados por un proceso de competencia muy “feroz”.
“En el caso nuestro nos vemos seriamente afectados en este momento tal y como están las comisiones, porque los márgenes de intermediación a nivel de la micro y pequeña empresa son muy bajos y resulta que también como aquí dicen “tras de que van por lana, salen trasquilados”, porque los márgenes son bajos, pero adicionalmente como son negocios de bajo volumen vía tarjeta, las comisiones son de las más altas”, aseguró Vásquez.
La directora ejecutiva indicó que este proyecto podría darle más competitividad a los negocios detallistas y destacó que existe un aumento en la cantidad de negocios de detallistas que están cerrando.
“Por ejemplo, a nosotros en 2018 nos cerraban un promedio de 1,2 negocios por mes, este año vamos como por cinco promedio mensuales de cierre, a lo que vamos al 30 de setiembre. Es alarmante cómo se ha incrementado el cierre de negocios, entonces obviamente es que nosotros necesitamos iniciativas que realmente generen productividad y generen realmente competitividad para poder mantenerse en el mercado”, alegó.
“A nadie, ni al país, ni al consumidor le sirve que a las empresas micro y pequeñas cierren, entre más empresas hayan, más generación de empleo. Porque póngase usted a pensar, a nivel del negocio detallista, esto es una cadena, al cerrar una negocio, los proveedores de este negocio van a necesitar menos personal y eso va en una espiral que al final de cuentas no sabemos dónde va a llegar”, añadió.
Vásquez mencionó que impulsar este proyecto en la Asamblea Legislativa permite la supervivencia de las micro y pequeñas empresas, pues sino el mensaje que se les estaría enviando sería “apague y vámonos”.
Por su parte, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), señaló que está de acuerdo con modernizar la estructura de comisiones de intercambio y que el Banco Central de Costa Rica sea el órgano técnico al que se delegue esa labor.
“En el caso de las comisiones de adquirencia, la intervención del BCCR debería de realizarse únicamente si se determinan prácticas monopolísticas que hoy en día no existen, tal como lo ha argumentado la Coprocom”, acotaron.
“Peros”
El jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro, avaló que sea el Banco Central la entidad que fije las comisiones por el uso de datáfonos; sin embargo, destacó que se debe poner atención a diversos aspectos en aras de evitar repercusiones no deseadas.
“Esta Superintendencia, tras un ejercicio de sensibilización realizado, determinó que una reducción de un 25% en las comisiones de intercambio y de adquirencia de las tarjetas de crédito y débito de los bancos públicos generaría una reducción promedio del 44% en las utilidades de esas entidades, en los doce meses comprendidos entre julio 2018 y julio 2019; y, para la banca privada, este mismo ejercicio representa una reducción en promedio de un 28%”, alegó Alfaro.
Según el jerarca, resulta conveniente analizar la posibilidad de aplicar una reducción gradual de dichas tasas de intercambio, en aras de no retroceder y desincentivar el aumento en el margen de intermediación financiera y los niveles de eficiencia y competitividad que ha logrado el sistema financiero recientemente, con el empuje de las tasas activas en aumento y la disminución de las tasas pasivas.
“En ese sentido, cabe destacar que el intermediario financiero que no genere utilidades de modo recurrente estaría limitando su capacidad de capitalización y, por ende, limitaría su capacidad de absorción de pérdidas, reduciendo también su capacidad de concesión de nuevos créditos, lo cual puede traducirse a futuro en una disminución de su cartera y activos, siendo que para el caso de la banca estatal, cuyo propietario no tiene capacidad de realizar aportes de capital, dicha limitación estaría más acentuada”, destacó.
Alfaro mencionó que el proyecto podría poner al país frente a la creación de nuevas comisiones a servicios financieros por parte de intermediarios, así como el regreso a otras comisiones como la membresía anual para las tarjetas y la eventual reducción de programas de premios y de millas.
Además, considera importante que se establezca “algún tope a las comisiones de intercambio y se vele por las pequeñas empresas, de modo que se evite una menor inclusión financiera o un mayor uso del efectivo, situación que podría repercutir negativamente en el control del lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo, y en la trazabilidad fiscal, afectando los procesos de bancarización que se realizan en el país”.
Por su parte, el representante de Mastercard, Gabriel Balzaretti, alegó a los diputados que el establecimiento de precios va en detrimento de la competencia y del interés de los consumidores. En su criterio, la regulación de precios debe ser la última alternativa.
“Esto quiero decir que las tasas de intercambio demasiado bajas van a disuadir el uso de tarjetas y fomentar el efectivo. Tasas de intercambio demasiado altas no permitirían que se dé el desarrollo del lado de los comercios y podrían generar la baja o nula innovación e inclusión financiera. Finalmente, la disminución de los medios de pago pone en riesgo la recaudación fiscal, la trazabilidad y el riesgo de corrupción”, destacó Balzaretti.
La marca de tarjetas considera también que el Banco Central no debería ser el ente encargado de fijar las tasas máximas, sino que debería determinar el método de generar la competencia, considerando tanto mejores prácticas internacionales y promoviendo la competencia entre los distintos modelos de negocio.
“Los proveedores de servicios en el sistema de tarjetas no pueden ser tratados de forma igual, dado que cada uno tiene roles que por naturaleza son distintos”, finalizó.
En la misma línea, el representante de Visa, Roberto González, señaló a los legisladores que la determinación de comisiones de intercambio o topes a las comisiones de intercambio en el mundo han tenido efectos no deseados para algunos países.
Entre las recomendaciones de Visa se encuentra darle al Banco Central de Costa Rica poderes para supervisar e intervenir si no se cumplen los principios establecidos en el proyecto de ley, tal y como en el caso de México.
“Si se le da esa potestad al Banco Central, creemos que eso sería el punto óptimo de regulación en el cual las comisiones de intercambio de adquirencia, podrían ser determinadas según factores de competencia en el mercado y no debido a topes forzados o definidos de alguna manera que pueden quedar obsoletos con el tiempo también”, mencionó.
González afirmó también que en caso de que se apruebe la ley, solo se deberían establecer comisiones a la comisión de intercambio, pues las de adquirencia o de afiliación están sujetas a competencia.
