El proyecto de ley 23766, que busca reformar la Ley 9742, a fin de regular los hospedajes que ofrecen plataformas como Airbnb, VRBO y similares ha generado una gran controversia entre la Asociación de Consumidores Libres (ACL) y la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH).
La ACL emitió un comunicado en el que cuestionó seriamente una carta emitida el 19 de enero pasado por parte de la Cámara Costarricense de Hoteles, en la cual aseguran, la gremial sugiere a la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa, prohibir la realización de actividades de hospedaje no tradicional por menos de seis noches.
Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación manifestó preocupación frente a lo que considerar un intento de restringir y encarecer la competencia del turismo tradicional, estableciendo condiciones de monopolio. “Esta iniciativa le limitará a familias costarricenses -por ejemplo- alquilar un ‘Airbnb’ para ir a la playa un fin de semana o atender una cita médica en caso de una emergencia y es inaceptable que se quieran importar modelos proteccionistas extranjeros que destrozan la economía”.
Agregó que establecer una estadía mínima de seis noches podría limitar la oferta y las opciones de alojamiento para los turistas, impactando negativamente las oportunidades de encontrar opciones que se ajusten a diversas necesidades y preferencias.
Por su parte, la Cámara de Hoteles respondió de forma inmediata, señalando que nunca han estado en contra del desarrollo de este tipo de actividades, ni mucho en incentivar acciones para prohibirlas y, que, por el contrario, se esfuerzan en promover legislación que brinde condiciones similares y justas para todos los actores del sector.
“Dentro de las razones por las cuales apoyamos esta reforma se debe a que implica cambios a nivel de las potestades del Instituto Costarricense de Turismo para regular esta actividad, a la protección de los huéspedes o usuarios de este tipo de alojamiento, y finalmente, porque equilibra y formaliza la situación del hospedaje no tradicional con el sector que representamos”, indicó la Cámara en su comunicado de prensa.
La iniciativa que se estudia en la Asamblea Legislativa establece condiciones de higiene y salubridad, mantenimiento y seguridad, así como la comprobación del aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social para las personas que sean contratadas y que cuenten con una póliza de responsabilidad civil.
