La Contraloría General de la República reveló en su más reciente monitoreo relativos a la evolución fiscal y presupuestaria durante el primer semestre de 2022 que existe una gran incertidumbre alrededor de la deuda acumulada que mantiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues la diferencia entre los cálculos de ambas instituciones asciende a más de ¢2,4 billones (millones de millones).
“Existe una diferencia entre lo registrado por la CCSS y el Ministerio de Hacienda de ¢2,4 millones, por concepto de la deuda acumulada del Estado, que se mantiene sin determinar y registrar de conformidad con la normativa contable”, indica el ente contralor.
De acuerdo con la CCSS, al 30 de abril de 2022 la deuda acumulada del Estado con la institución alcanzó la cifra de ¢2,7 billones, de los cuales ¢2,2 billones (81,6%) corresponden al Seguro Salud (SEM) y ¢508.018 millones (18,4%) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esto en términos nominales representa un aumento respecto al 2017, cuando la deuda ascendió a ¢1,9 billones (¢1,4 billones el SEM y ¢453.621 millones el IVM).
“La citada deuda ha mostrado un crecimiento constante en el periodo 2017-2022. Al respecto, se tiene que la deuda acumulada del Estado – según la CCSS – ha aumentado en 228,3% en el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de abril de 2022”, se lee en el informe.
Por su parte, las cifras dadas por Hacienda son totalmente distintas a las de la CCSS. De acuerdo con este Ministerio, la deuda acumulada del Estado con la Caja, hasta abril pasado, era de apenas ¢280.000 millones.
De acuerdo con el informe, la deuda del Estado con la CCSS podría ser incluso más grande, pues existen otros adeudos no contabilizados por la Caja ni el Ministerio de Hacienda, los cuales se encuentran en proceso en la vía judicial, tales como: el Traslado del Primer Nivel de Atención y las Contribuciones no aportadas por las Empresas Públicas del Estado según el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, N.° 7983.
“Ante un escenario que las considere situaría el monto total de dicha deuda, en ¢8,6 billones, que representaría aproximadamente el 75,6% del Presupuesto Inicial de la República del año 2022”, se lee en el informe de la CGR, la cual destaca que esta situación genera “incertidumbre” ante la coyuntura actual de las finanzas públicas del Gobierno Central y capacidad real para hacer frente a dicha deuda.
Acciones poco efectivas
La Contraloría destacó también que las acciones ejecutadas por la CCSS y el Ministerio de Hacienda desde hace años atrás no han sido efectivas para determinar y registrar el saldo de la deuda del Estado con la seguridad social.
Por ejemplo, ambas instituciones crearon una comisión interinstitucional (CCSS-Ministerio de Hacienda) para determinar los adeudos acumulados por el Estado con la Caja desde enero del 2015 al 31 de diciembre del 2018, por un monto equivalente a ¢845.300 millones; sin embargo, este proceso no ha sido efectivo para resolver las diferencias entre las partes, en aspectos tales como inconsistencias en el registro de la población extranjera y la población de asegurados por el Estado.
Asimismo, otros elementos que no han contribuido en el proceso de determinación de la deuda es que las comisiones interinstitucionales del Ministerio de Hacienda y la CCSS han sido creadas por períodos determinados y no revisan todo el saldo pendiente a la fecha.
Ejemplo de esto es que las comisiones actuales creadas en el 2018 se encuentran valorando únicamente la cifras del periodo 2015-2018, y no considera un saldo de aproximadamente ¢1,6 billones, lo cual conlleva a que se acumule deuda y generen intereses, provocando un continuo aumento de esta.
Por esta razón, en este momento no se están considerando los adeudos generados a partir de enero del 2019; sin embargo, el crecimiento de los saldos no se detiene, a pesar de que se llegue a un acuerdo con los adeudos del periodo 2015-2018.
En cuanto al período 2018-2020, la CGR indicó que únicamente se realizaron 8 sesiones de trabajo (minutas) por parte de la comisión interinstitucional; mientras que en lo correspondiente a los años 2021 y 2022, no existe evidencia de las sesiones de trabajo efectuadas.
“Dicha situación incrementa, a criterio de esta Contraloría General, la incertidumbre acerca de la oportuna coordinación entre ambas instituciones”, señala el ente contralor.
A esta situación se suma el hecho de que tampoco se ha cumplido con los acuerdos marco suscritos entre las partes relacionadas. Por ejemplo, en el 2020 el Ministerio de Hacienda y la CCSS acordaron conciliar el monto total de la deuda del Estado con esa institución en un plazo de 2 meses, lo cual no se logró.
Ante este escenario, la CGR indicó que resulta necesario que la CCSS y el Ministerio de Hacienda efectúen esfuerzos dirigidos a fortalecer el funcionamiento de los mecanismos acordados, con el fin de que se realicen en forma oportuna las respectivas coordinaciones. Además, recomendaron que se implementen alternativas que se mantengan en el tiempo y no sólo funcionen por determinado periodo.
“Este Órgano Contralor, considera que la situación de la deuda del Estado con la CCSS, plantea el reto país de buscar, a nivel político e institucional, soluciones integrales, innovadoras y oportunas para gestionar un abordaje integral de la deuda de corto, mediano y largo plazo, que tome en consideración tanto los riesgos financieros a que puede enfrentar la CCSS ante ese escenario, como las limitaciones actuales en materia de finanzas públicas que enfrenta el Poder Ejecutivo”, concluye el informe.
