Los diputados dieron primer debate a una iniciativa que exige el pago mediante transacción bancaria de los bienes que se vayan a inscribir en el Registro Nacional, a pesar de la oposición del Partido Liberal Progresista (PLP), bancada que alegó que la medida podría afectar el mercado de las criptomonedas y las operaciones en las que medie un trueque.
El proyecto 20.438, Ley para la transparencia en las operaciones de bienes sujetos a registro, recibió el apoyo de 30 diputados, frente a la oposición de 10 legisladores, en su mayoría del PLP, junto con tres diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y una del Partido Liberación Nacional (PLN).
El proyecto viene de la anterior legislatura y fue presentado por los diputados Marco Vinicio Redondo, Patricia Mora y Marcela Guerrero, con la intención de modernizar en el país el combate contra el lavado de capitales, para lo que propone que para toda transacciones de bienes muebles e inmuebles en el país, que requiera de ser inscrita ante el Registro Nacional, solo podrá recibir su pago a través de una transacción o transferencia de alguna entidad supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
La intención es evitar la presencia en el Registro Nacional de bienes pagados mediante efectivo, y hacer obligatoria la existencia de una transacción bancaria para permitir el registro. “Obligar a que estas transacciones requieran darse a través del Sistema Bancario Nacional fortalecerá la regulación y garantizará un control más riguroso sobre los mercados inmobiliarios y de bienes muebles”, dice el proyecto.
La propuesta enfrentó la oposición principalmente del PLP, alegando que el proyecto presenta inconsistencias, “tanto para establecer el límite de $10 mil, como la prescripción, en la práctica, del mercado de criptoactivos en Costa Ruca”, expresó el diputado Gilberto Campos.
En ese sentido, la diputada Joana Obando expresó que el proyecto pretende legislar contra el lavado de activos, pero en esa intención, podría crear “un hueco”, al propiciar que el 8% de la población que actualmente transa en criptomonedas, tenga que recurrir a mercados ilegales.
Por su parte, Campos agregó que la redacción del proyecto hará ilegales los trueques en el país, con lo que las personas que utilizan un bien (por ejemplo, entregar un carro usado como parte del pago para uno nuevo, o una propiedad) podrían verse afectados, ya que quedarían en una situación de incertidumbre.
A pesar de estas objeciones, la mayoría de los diputados le dio el primer debate al expediente, que el próximo 16 de abril podría recibir su segundo y definitivo debate.
Se concretaron segundos debates
El Plenario también realizó la segunda votación para dos expedientes que la semana anterior recibieron primer debate, el proyecto de prevención de la violencia en personas menores de edad (23.642) y la donación de un terreno de la Municipalidad de San José a la Fundación Andrea Jiménez (23.941).
En ambos casos, hubo oposiciones de una minoría de diputados que no lograron evitar el avance de estos expedientes. En el proyecto de prevención de la violencia, los cuestionamientos provinieron de la bancada oficialista. Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PSD), insistió en que apoyaban la iniciativa de la diputada Alejandra Larios, del PLN, pero que dudaban del financiamiento adoptado. “Nos preocupan los fondos que se van a quitar al Registro Nacional, hay grandes problemas de fraude registral, se requieren inversiones millonarias que pueden resultar afectadas”, dijo.
A pesar de ello, la diputada Larios afirmó que lo que se hace es redireccionar recursos del 2% que se destinan al Registro Nacional. “Se mantiene un 1% para la Junta Administrativa del Registro, se destina un 0,6% para el Viceministerio de Paz para programas de prevención, y un 0,4% para municipalidades, para programas de prevención en sus comunidades”, dijo.
En el tema de la donación del terreno de San Francisco de Dos Ríos a la fundación Andrea Jiménez, 41 diputados votaron por mantener la decisión, con la oposición de cinco legisladores del Frente Amplio (FA). Al respecto, la jefa de fracción Sofía Gullén insistió en que se sentaba un mal precedente, con una donación que tratar de revertir un fallo en firme del Tribunal Contencioso Administrativo.
Empero, la diputada Carolina Delgado, del PLN, insistió en que se estaba volviendo a realizar una donación, que no se pudo concretar por un error material, y que permitiría mantener el funcionamiento de la fundación Andrea Jiménez, “que atiende una población de niños de cuatro años a adultos de hasta 60 años con diferentes discapacidades”, que no tendrían dónde acudir en caso de que se cerraran las instalaciones de la fundación.
