El miércoles 5 de julio del 2017 el Banco de Costa Rica (BCR) fue escenario de una amenaza de bomba que obligó a desalojar su sede central y a suspender una sesión directiva en la que iban a retirar de la presidencia a la abogada Paola Mora Tumminelli, cuando el conflicto interno ya era evidente.
La bomba no era tal y ese día no se le retiró el cargo a la presidenta bancaria, pero un escándalo había detonado ya y todo se iba a desencadenar muy pronto en los meses próximos. El “cementazo”, un caso de aparente corrupción que involucraba dineros de la banca pública, iba a convertirse en un terremoto político cuyo epicentro se localizaba ahí mismo, en el edificio del BCR en San José.
Ahora el banco estatal encara su segundo año después del “cementazo” con réplicas del estallido que lo obligó a pasar por pérdidas los millones de dólares prestados al empresario Juan Carlos Bolaños. No tiene señales claras de sentar responsabilidades penales, pero sí saldos financieros que al menos reflejan algo de estabilidad.
La segunda entidad bancaria estatal, epicentro del escándalo que detonó en 2017 al conocerse las implicaciones políticas desde los tres poderes de la República, arrastra aún daños en su reputación e incertidumbre por los resultados que puedan deparar las investigaciones pendientes en el Ministerio Público.
Después de relevos cuestionados y de tener en la cárcel preventivamente a varios miembros del cuerpo gerencial, al BCR lo dirige ahora el tercer cuerpo directivo desde que se desencadenaron las publicaciones sobre los créditos por más de $30 millones para que Bolaños importara cemento chino y supuestamente se rompiera el duopolio formado por dos cementeras extranjeras.
“Para el período 2017 el Banco registró esas operaciones como pérdida”, recordó el actual gerente general, Douglas Soto Leitón, nombrado por la directiva a pesar de haber gerenciado la corredora de seguros del banco cuando se tramitaron los préstamos para Bolaños.
“Lo relacionado con lo que se ha denominado “cementazo” tuvo incidencia en los resultados financieros del período 2017. Durante el 2018 trabajamos para estabilizar las operaciones y resultados financieros, por ello terminamos en el primer lugar de utilidades de los bancos públicos”, comunicó Soto por vía escrita, pues no accedió a una entrevista con este medio.
Soto ocupa el cargo que tuvo entre 2014 y 2017 Mario Barrenechea, quien ahora es sospechoso de peculado. Este segundo, estuvo en la cárcel como medida cautelar y ahora tiene arresto domiciliario, aunque padecimientos de salud lo mantienen internado en el hospital San Juan de Dios.
La Fiscalía también investiga a la expresidenta del BCR Paola Mora, por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, peculado y tráfico de influencias, por lo que ella tiene impedimento de salida del país. Además están imputados cinco hombres que fungieron como subgerentes durante el tiempo en que se aprobaron los créditos.
Está pendiente también resolver la legalidad de las destituciones de los directivos que ordenó el presidente Luis Guillermo Solís en 2017, pues el abogado Francisco Molina ya advirtió que acudirá a un contencioso en contra de esa decisión. También es una opción que evalúa Mónica Segnini, quien fungió como presidenta del BCR durante un lapso y cuestionó los procedimientos crediticios aplicados en favor de Bolaños.
“Ahora estoy afuera, pero yo veo un BCR pasivo en la defensa de sus recursos y quizás otra actitud haría más fácil ciertos procedimientos de las investigaciones judiciales. Da la impresión de que se perdió ese dinero, a pesar de que considero que el Banco es la víctima principal del ‘cementazo”, señaló Segnini.
Su excompañero Molina coincide en que hubiera esperado que el BCR demandara por vía administrativa, civil o penal. “Algo más que ofrecer toda la colaboración, que es lo lógico”, opinó el exdirectivo Molina.
La expresidenta bancaria Mora Tumminelli prefirió no contestar ninguna consulta sobre la situación del banco.
El gerente Soto contestó que el banco “se encuentra debidamente apersonado en el proceso penal en su condición de víctima (de acuerdo con el artículo 70 del Código Procesal Penal)” “Y en esta condición hemos colaborado con el Ministerio Público en todo lo que nos ha sido posible”, respondió mediante su encargada de prensa.
El BCR registró durante el 2017 ¢37.350 millones de utilidades netas, producto de una disminución respecto del 2016 atribuida a “aspectos macroeconómicos que afectaron el margen financiero”. En ese período fue cuando pasó por pérdidas los créditos por $30 millones (¢18.000 millones al tipo de cambio actual).
En el 2018 la entidad obtuvo utilidades inferiores, por ¢21.950 millones, aunque “superiores a las conseguidas por los bancos públicos y con indicadores saludables en todos los rubros establecidos por los reguladores”, según el reporte propio de la institución.
Estas cifras distan de las que se reportaban con entusiasmo en 2016, cuando el BCR informó haber alcanzado las mayores utilidades de su historia, con un total de ¢53,520 millones. En ese momento el mérito se atribuía al manejo gerencial que llevaba Mario Barrenechea, ahora investigado.
Aunque entonces se defendía como correctos todos los detalles relacionados con el crédito para el empresario Bolaños, una auditoría posterior señaló graves anomalías en esos procedimientos y actos del cuerpo gerencial que pusieron en “alto riesgo” al banco por el perjuicio económico y por el impacto en la imagen.
Fuentes internas del banco reportan la posibilidad de que grandes clientes del BCR se llevaran sus negocios a otras casas bancarias después del estallido del “cementazo”.
La organización sindical del BCR Unebanco pide también que se abra una investigación al auditor general, José Manuel Rodríguez Guzmán, por informes iniciales que avalaban los créditos a la empresa Sinocem de Juan Carlos Bolaños. “Pasaron elefantes que debieron pararse con un poco de malicia”, dijo en referencias a las anomalías el secretario general de Unebanco, Róger Muñoz, en una carta enviada el 21 de marzo.
