El Banco Central de Costa Rica (BCCR) sacó a consulta pública las tarifas máximas para datáfonos aplicadas a los pagos con tarjetas y estableció un monto del 1,95%, sin embargo, estudios proyectados por la misma entidad en el año 2021 proyectaban que debía ubicarse para el 2024 en un 1,75%, luego de que se aprobó la Ley N° 9831, Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas.
La consulta de estas tarifas que publica el BCCR, es del máximo interés para diversos sectores pues tiene un impacto en el costo de la vida y la competencia leal entre los participantes del mercado que ponen a disposición el pago mediante datáfonos.
De acuerdo con el economista Welmer Ramos, quien propuso la ley de datáfonos aprobada en 2020, los estudios desarrollados por la junta directiva del Banco Central en el año 2021 establecieron que las comisiones máximas para el año 2023 sería del 2% y para el 2024 de 1,75%.
“Además, el último estudio del BCCR ubica a las tarifas máximas de Costa Rica muy por encima del promedio de la OCDE y del Espacio Económico Europeo estimada en 1,07%, es decir, que el país tendría una comisión máxima con 88 puntos base superior a los países de la Organización”, señaló Ramos.
El experto sostiene que Costa Rica enfrenta algunas características peculiares con respecto a estas comisiones máximas, como que se cobra la misma comisión si son tarjetas de crédito o débito, siendo que el riesgo es totalmente distinto en ambos productos, y muchas naciones sí hacen diferencias sustanciales entre ambas comisiones.
Otro factor que distingue al país es que las comisiones máximas no dependen en absoluto del volumen de ventas, los sistemas de operación son totalmente automatizados, por ejemplo, una transacción de un gran retail (un gran supermercado) tiene el mismo costo que la del bazar más pequeño.
Sin embargo, el poder de mercado de la corporación de retail lo lleva a pagar el 0,25% mientras que el resto del comercio cubre la tarifa máxima.
En definitiva, esta situación lleva a un factor de competencia desleal o desigual para las partes, al imponerse costos diferenciados por el mismo servicio, que son únicamente explicados por la capacidad de imponerse de una corporación.
“Se está permitiendo un aumento de ¢12.500 a ¢14.000 por el uso del datáfono, lo cual no tiene ninguna validez técnica, es más, los aparatos pueden ser sustituidos por teléfonos celulares, computadoras u otros medios electrónicos, ya que la tecnología ha permitido rebajas enormes en el costo de esos aparatos, no obstante, son exigidos por las marcas para separar el negocio y aumentar las comisiones de intercambio”, cuestionó Ramos.
Por estos motivos, entre otros, el economista e impulsar la ley que modificó la administración de los datáfonos, señaló que las personas pueden participar de la consulta pública, solicitando que se rectifique y manifestar la oposición a este ajuste de la tarifa.
