La viabilidad económica de las campañas de las cuatro principales fuerzas políticas de Costa Rica dependen de un único bolsillo en común: el banco BCT.
Entre setiembre y noviembre del año pasado, el banco BCT aprobó fideicomisos para los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Acción Ciudadana (PAC), por un total de ¢7.700 millones.
Dichos fideicomisos -los únicos en esta campaña- representarían un tercio de la deuda política prevista por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el presente proceso electoral, que es de unos ¢25.000 millones.
Los dirigentes de esos partidos aseguran que no solo contrajeron deudas con el BCT por la facilidad que dio el banco para acceder al dinero; también fue porque otras entidades financieras optaron por alejarse de la campaña presidencial y les negaron acceso a financiamiento.
Durante la pasada campaña electoral, distintos bancos —Banco de Costa Rica (BCR), Lafise y Promérica— le desembolsaron casi ¢13.000 millones al PAC, al PLN, al FA y al Movimiento Libertario (ML) por medio de fideicomisos, casi el doble del monto prometido por el BCT para el proceso actual.
Sin embargo, las opciones y la generosidad de las entidades financieras para los comicios de este año se encogieron, de acuerdo con declaraciones de dirigentes de esos partidos. “El BCR nos dijo que no van a financiar a ningún partido. Allí era donde teníamos nuestro récord; hicimos préstamos con ellos en la campaña presidencial del 2014 y en las municipales del año pasado”, dijo la tesorera del FA, Marjorie Montes.
Por medio de su departamento de prensa, el BCR respondió que “no hay una posición de no financiar a partidos políticos en la campaña electoral. Concretamente, sigue existiendo la posibilidad de financiar partidos políticos con garantía de títulos de valores del BCR”, afirmó dicha institución. Los estados financieros de los partidos políticos indican que el BCR solo ha prestado ¢75 millones al FA y ¢10 millones al PLN, pero esto fue para gastos de organización previos a la carrera presidencial, que comenzó oficialmente el 4 de octubre del 2017.
El TSE define los gastos de campaña como aquellos que se hacen entre el inicio oficial de los comicios, en octubre, y el día de las votaciones. Solo esos gastos califican para el pago de deuda política.
DE LEJOS
“Fuimos a Lafise, que es el banco privado que le ha prestado a partidos en otras oportunidades, pero también nos dijeron que había una orden de no prestar”, dijo la frenteamplista Montes, quien se acercó finalmente al BCT y logró que su partido obtuviera un fideicomiso de ¢300 millones el 21 de noviembre.
Cuatro años atrás, el banco Lafise fue una de las principales fuentes de recursos; en esa ocasión, dicha entidad dispuso un fideicomiso ¢6.300 millones al PLN que se usó en la candidatura de Johnny Araya; al PAC se le aprobó ¢2.500 millones para la campaña de Luis Guillermo Solís. Incluso, el tesorero saliente del PAC, Anthony Cascante, le aseguró al diario La Nación, en septiembre pasado, que el partido crearía un fideicomiso con Lafise para el 2018.
Sin embargo, la posición del banco es que: “De cara a las elecciones 2018, Banco LAFISE no otorgará financia- miento a partidos políticos”, declaró en diciembre pasado su gerente general, Óscar Murillo.
El gerente de campaña del PAC, Camilo Saldarriaga, reconoció que su partido también se endeudó con el BCT porque ese banco “fue la única opción”.
“Nos acercamos a todos; Cathay, Lafise, Desyfin, Promérica… pero nos dijeron que no. Acudimos al BCT porque, básicamente, es el único que está financiando el proceso”, agregó Saldarriaga. El PAC recibió el aval para obtener ¢400 millones del BCT un día después que los frenteamplistas.
El banco Lafise todavía tiene deudas sin concretar de las elecciones anteriores. Los registros del TSE muestran que el ML le debía más de ¢125 millones a setiembre; el PAC, más de ¢832 millones a noviembre.
El dirigente Saldarriaga señaló que esa carga del PAC se originó por una serie de gastos liquidados incorrectamente en el 2014, “porque no se presentaron bien las facturas, y eso hizo que no se recibiera el reintegro del TSE”. Saldarriaga añadió que hay un arreglo de pago que se hará con donaciones y aportes de los diputados de esa facción.
El tesorero libertario, Carlos Herrera, confirmó que el partido ha tenido problemas para aterrizar el financiamiento de la campaña por las deudas que los ahogaron desde el 2014, cuando la caída en su intención de voto hizo que recibieran menos deuda política de la prevista.
La carga que el ML tenía originalmente con el banco Lafise era de ¢800 millones, pero su candidato y fundador, Otto Guevara, “llegó a un acuerdo de entregar unas fincas de patrimonio personal y así canceló una parte de lo que el partido debía”, explicó Herrera.
“La deuda se mantiene pero cambiamos de acreedor. Ya no se le debe a Lafise; ahora, es con don Otto Guevara”, añadió el tesorero libertario.
Cuando la dirigencia del ML se acercó al BCT al inicio de la actual campaña electoral, Herrera dijo que el banco les “cerró la puerta en la cara” y que la reacción fue similar en otras instituciones.
Ahora, esa agrupación intenta tramitar un fideicomiso de ¢500 millones con Banco Promérica, aunque Herrera afirmó que el banco tiene “temor” de adquirir un compromiso con el ML y que siguen negociando.
Por otra parte, la tesorera del PLN, Paulina Ramírez, afirmó que su agrupación tuvo obstáculos para nutrir de fondos el proceso electoral 2018, precisamente por las deudas que los otros partidos dejaron sin pagar en los comicios anteriores. “Las demandas contra partidos, como el caso del PAC y el Movimien- to Libertario, ponen más riesgo al desembolsar dinero. Eso hace que incremente la tasa de interés a los partidos políticos, y otros bancos ni se muestran interesados en prestar”, dijo Ramírez.
La líder liberacionista se refiere a las condenas por estafa que recibieron ambos partidos en el último par de años por la ejecución indebida de deuda política en las elecciones del 2010.
El BCT aprobó un fideicomiso de ¢4.500 millones para financiar la campaña electoral de los verdiblancos, y hasta ahora les han desembolsado la mitad de ese monto.
La tesorera del PUSC, Laura Castillo, recalcó que su partido eligió al BCT porque era “la mejor opción” entre las instituciones que se mostraron disponibles.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Camilo Saldarriaga:Gerente de campaña del PAC” icon_quote=”no”]
El BCT es quien financia el proceso democrático del país”
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“PERROS AMARRADOS”
El más reciente informe del Estado de la Nación calcula que los partidos que accedieron a deuda política en las elecciones pasadas pudieron cubrir un promedio del 80% de sus gastos con esos recursos.
En total, los grupos políticos del país arrastran unos ¢5.000 millones por deudas previas a este año, según registros del TSE.
A grandes rasgos, ese faltante se debe a errores en la liquidación de gastos ante el TSE o porque las agrupaciones usan más dinero del que pueden recibir finalmente por parte del Estado.
“Hay deudas que se mantienen con entidades financieras, deudas con proveedores y, en algunos casos, con personas físicas”, explicó el encargado de la sección de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón.
Un tercio de las cargas pendientes se mantienen con bancos regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). El banco Promérica es una de esas entidades; arrastraba – a octubre del 2017- una deuda del ML de ¢10 millo- nes, según la última fecha que ese partido reportó al TSE.
Además, el PLN registra dos préstamos con el banco Cathay que suman ¢383 millones. “Una de las deudas (¢133 millones) es de don Antonio Álvarez (candidato actual), que él asumirá y pagará con contribuciones privadas. La diferencia es una deuda de la campaña anterior, de Johnny Araya, que también se pagará con fondos privados”, detalló la tesorera Ramírez, quien también es diputada liberacionista.
El banco Cathay alegó secreto bancario para evitar referirse a fu- turos financiamientos de campañas electorales. Por su lado, la tesorera frenteamplista aseguró que el partido todavía está buscando préstamos con otras entidades financieras, como las cooperativas.
En el caso del PAC, hay un préstamo de ¢55 millones que Coopealianza aprobó en noviembre pasado, pero la tesorera del partido, Laura Pacheco, indicó que ese dinero se destinará a gastos del propio funcionamiento del partido y tiene varias propiedades de miembros de la agrupación como garantía de pago.
“Expusimos la posibilidad de poner certificados de cesión (deuda política), pero nos dijeron que no se podía porque era mucho riesgo”, afirmó Pacheco.
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El BCT nos cerró la puerta en la cara”
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¿PUEDEN PAGAR?
Las agrupaciones emitieron certificados de cesión como garantía de pago ante el BCT. Esta es la única institución financiera que aceptó ese tipo de respaldo para las votaciones actuales, tal y como señalan registros del TSE y jefes partidarios.
El valor de dichos certificados depende de la deuda política que reciba cada partido con base en su apoyo final en las urnas. Suponga que usted le presta una moneda de ¢100 a un partido político y este le da un certificado que promete que esa moneda se le devolverá cuando el Estado reconozca la deuda política para cada agrupación.
En ese escenario, la cantidad de votos que reciba ese partido puede hacer que su certificado valga los ¢100 que usted prestó o que reciba menos o nada.
En principio, un partido solo puede acceder al reintegro de gastos por deuda política del Estado si obtiene al menos 4% de los votos válidos en la papeleta presidencial o acapara una diputación en el Congreso.
El banco BCT tiene la ventaja de que financia a las agrupaciones políticas con la mayor cantidad de escaños en la Asamblea Legislativa actualmente y, además, una de ellas ocupa Casa Presidencial. También, dos de esos grupos — el PLN y el PUSC— encabezan las encuestas de intención de voto para el 2018.
Aun así, el banco intentó blindar su inversión al pedir, en certificados, el doble del monto que le aprobó a cada partido, en caso de que cada una de esas promesas de pago termine valiendo menos que lo esperado.
Solo el PLN emitió la cantidad exacta de certificados de cesión para su fideicomiso, y son todos los certificados que emitió en general.
Sin olvidar el pago de intereses: las tesorerías de los partidos confirmaron que deben pagar, por adelantado, una tasa de 14% a 18 meses. De los primeros tractos que el BCT desembolsó a los partidos políticos (¢3.700 millones), el banco descontó más de ¢900 millones por adelanto de intereses, comisiones y gastos operativos.
Además, gracias a la figura del fideicomiso, la entidad bancaria puede evaluar la intención de voto de cada bandera para desembolsar la totalidad del fideicomiso o solo una parte.
Basados en la encuesta de diciembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), si el PUSC y el PAC emplean todo el dinero de los fideicomisos en gastos de campaña, su apoyo electoral es suficiente para cubrir esos costos con deuda política.
Sin embargo, el grupo verdiblanco y el FA están cortos: el apoyo del PLN en diciembre apenas alcanzaría para cubrir ¢3.118 millones de sus gastos. Al FA les falta unos ¢20 millones si emplean todo el dinero de su fideicomiso.
Si los partidos no logran cubrir sus costos de campaña con deuda política, deberán recurrir a recursos propios, registrándose más cargas en las finanzas de los partidos nacionales. La cola se hace más larga.
BARUCH Y LA DEMOCRACIA
Corporación BCT lleva 40 años de estar en Costa Rica, tiene un capital de unos $160 millones y operaciones financieras en Panamá. Su presidente es Leonel Baruch, quien además preside el medio de comunicación CRhoy.
Baruch también fue Ministro de Hacienda y Director del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el Gobierno socialcristiano de Miguel Ángel Rodríguez, de 1998 al 2001.
Ante la opción de financiar otros grupos políticos, dicha entidad respondió que sería poco probable, “consecuencia de los resultados tan variables de las encuestas y la volatilidad de las mismas”, aunque no descartaron una ampliación de los fideicomisos que ya tienen.
“Hay un problema con el financiamiento de los procesos electorales, porque en este momento está en manos de las empresas financieras privadas, y si ellos deciden no financiar, como ha sido en esta ocasión, los partidos se quedan sin recursos”, advirtió el dirigente Saldarriaga.
El tesorero del ML dijo que “me para el pelo ver que instituciones estatales le cierran la puerta a partidos políticos”, pues dice que ninguno de los tres bancos públicos le abrió la puerta a su facción. “Como partido pequeño, somos el burro amarrado contra el tigre; nos cortan la oportunidad a algunos partidos de figurar”, aseguró Herrera.
El Banco Nacional comunicó que tiene la política de no financiar partidos “desde hace mucho tiempo”. El Banco Popular tampoco ha financiado ninguna campaña, con- firmó su equipo de Comunicación.
El hecho de que persista un porcentaje mayoritario de votantes indecisos (34% en diciembre) trae incerteza en los pronósticos de las elecciones y eso ha distanciado a las entidades financieras, consideró el jerarca del TSE, Ronald Chacón.
Por esa misma razón, Chacón señaló que en el pasado “hubo financiamientos efectuados por entidades bancarias que, al final, no tuvieron un resultado del todo feliz para esas entidades” porque los avales presentados por los partidos no lograron cubrir los montos brindados.
Así, la billetera del BCT aguanta (y espera) al abanico político de Costa Rica, de izquierda a derecha y viceversa.
“Por el momento, el BCT es quien financia el proceso democrático del país”, dijo Saldarriaga.
*Colaboración Radios UCR-Semanario UNIVERSIDAD
