La sesión del martes 3 de diciembre parecía normal. Octubre y noviembre fueron dos meses de carreras para la Comisión de Asuntos Hacendarios pero, esa tarde, los diputados se sentaron pacientemente en las butacas de la sala de sesiones y, detrás del vidrio que aísla el sonido, nos sentamos los demás, los espectadores.
Esas mismas sillas plásticas reciben a todos por igual. Ahí esperan asesores y expertos, también ministros, antes de ingresar a la sala durante las audiencias. Ahí, también, textean frenéticamente los relacionistas públicos y lobistas, usualmente en mayoría numérica contra el resto.
El 3 de diciembre, el público en la Comisión de Hacendarios era variopinto.
El tema de la tarde eran 42 mociones dentro del expediente 20.861, mejor conocido fuera del congreso como el “proyecto de usura”.
La agilidad del trabajo en Asamblea Legislativa depende de su estricto protocolo. Para el trabajo de una Comisión que sesiona después de la hora de almuerzo y antes del plenario, revisar 42 mociones significa, en el mejor de los casos —en el que ningún diputado pida el uso de la palabra para debatir— una sesión completamente abocada a votar cada propuesta.
Ese día, la presidenta de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, logró avanzar por cinco de los 42 documentos antes de que la alcanzara el disgusto y la incomodidad de los diputados.
Su solución fue ordenar un receso, de forma que pudieran negociar sin micrófonos ni el protocolo —en el que hay que seguir un orden de la palabra— la convocatoria de una sesión de trabajo con profesionales en economía y finanzas.
“Inmediatamente, cuando se hizo el receso, fue para ver si podíamos sentarnos a discutir el tema, en el entendido de que las mociones que estábamos viendo y que nos faltaban un grupo importante de mociones pudieran quedar supeditadas a acelerar estas sesiones de trabajo inmediatamente”, explicó, dos semanas después, la diputada liberacionista.
Después del silencio del altavoz, los lobistas abalanzaron los dedos sobre los teclados virtuales de sus teléfonos para hablar con sus fuentes.
Un hombre moreno, de anteojos, abrió su WhatsApp para escribir a su contacto “ABC” que el proyecto no recibiría dictamen de la Comisión ese martes.
Este es el tercer gobierno consecutivo en el que se discute algo parecido en la Asamblea Legislativa. Como en los congresos durante las administraciones de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís, la discusión avanza hasta que los diputados renuncian a definir técnica y legalmente qué es un “crédito usurario”.
El delito aparece en el Código Penal desde 1971 pero, sin la descripción de cómo se comete, dicho artículo es, en esencia, inútil.
Precisamente por ese vacío de criterios, los diputados acordaron convocar una sesión de trabajo con expertos para el día siguiente (el miércoles 4 de diciembre). Pese a que se habló, Delgado despidió la sesión sin informar que un acuerdo así había tomado forma en el receso. Pese a que algo así no es inapropiado ni indebido, simplemente, no es lo normal en el protocolo.
No obstante, lo “normal” es relativo a quien lo percibe. Hasta agosto, era normal que más de 140 personas miembros de cámaras empresariales, consultores legales, cooperativas y otros, ingresaran al congreso con un carné, sin necesidad de registrar sus nombres en los puestos de seguridad.
De cuando en cuando, los diputados insisten en que tienen un problema con la familiaridad del lobby o cabildeo (de hecho, ya existe un proyecto para su regulación y transparencia: el 21.346). Por ahora, la única medida es que los visitantes particulares deben entrar identificados por nombre y foto con una etiqueta adhesiva, usualmente, pegada en el pecho.
El 3 de diciembre, cuando el hombre moreno se levantó de su silla y se acomodó sus anteojos, la etiqueta estaba allí pero como corrida: pegada por encima del estómago turgente, casi bajo la axila izquierda. Pero decía, claramente, quién era: Mauricio Rojas Marín.
Según el sitio web de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Rojas es el autor de un boletín sobre todo lo que acontece, semanalmente, dentro del congreso (se llama, apropiadamente, “Acontecer legislativo”).
Según su perfil en la red social de profesionales LinkedIn, lleva nueve años trabajando como “enlace legislativo” de la ABC: le da “estudio y seguimiento a iniciativas de ley que tengan repercusión en el sector financiero”. Antes de su trabajo en la ABC, entre 1998 y 2011, trabajó como asesor en Asamblea, entre otras comisiones, en las de asuntos Económicos y Hacendarios.
Para los efectos de este reportaje, Rojas es un lobista que conoce bien el congreso. Lo conoce tan bien que, durante octubre y noviembre, ingresó 24 veces para hacer su trabajo. En promedio, al menos, estuvo allí tres veces por semana.
Tres comisiones, un camino
Los registros de seguridad de la Asamblea Legislativa indican que Mauricio Rojas Marín tuvo 24 ingresos al congreso durante los meses de octubre y noviembre.
Diez de ellos fueron para asistir a sesiones de Hacendarios; cinco para asistir a la Comisión de Económicos y cuatro para asistir a la Comisión que estudia el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre otros, Rojas Marín también estuvo en cuatro despachos importantes para esas tres comisiones.
En octubre, visitó las oficinas de la presidenta de Hacendarios; pero también los despachos de los diputados Pedro Muñoz y Karine Niño de Económicos (Niño es secretaria de esa Comisión y lidera la subcomisión que estudia un proyecto sobre comisiones para las operaciones con datáfonos).
No siempre estuvo solo. Al despacho del diputado Muñoz ingresó acompañado por otro asesor de la ABC, Ronulfo Jiménez. Al de Delgado, se apersonó en compañía de Jiménez,
un tercer asesor, Mario Rafael Gómez; y, además, la directora ejecutiva de la ABC, María Isabel Cortés.
Además de esas visitas, en noviembre, Jiménez y Rojas visitaron, separadamente, el despacho del diputado Jonathan Prendas, quien es presidente de la Comisión OCDE (y de la cual, Delgado es secretaria).
Con el objetivo de clarificar el trabajo de Rojas Marín y corroborar los intereses de las visitas de la ABC, UNIVERSIDAD envió una solicitud de entrevista a la asociación de banca privada.
El lunes, la periodista de la ABC, Alejandra Madrigal, confirmó que Cortés sabía de la consulta y que estaban “trabajando en ella”. Para la tarde del martes, al cierre de este artículo, Madrigal envió un correo con un escueto “Sobre sus consultas, le informo que ABC no va a responder”.
En estos meses, sin embargo, ABC ha urgido ser incluida en la discusión del tope de usura.
El 11 de octubre del año pasado, Casa Presidencial presentó el proyecto en una conferencia de prensa. De acuerdo con el medio digital El Observador, la ABC no fue consultada y aseguró que “en este tema la ABC ha mantenido y argumentado oposición a las políticas de fijación de precios”.
El 27 de noviembre, la ABC firmó una página de campo pagado en el diario La Nación para advertir que “Con un tope de interés del 30%: si su límite de crédito es menor a $750, le podrían cerrar su tarjeta de crédito; y más de 727.000 personas se quedarían sin acceso a crédito con las instituciones financieras, lo que equivaldría a más de 20 estadios nacionales llenos”.
Ese mismo día, los chequeadores de Doble Check lograron desmentir el primer dato porque, hasta ahora, el proyecto de ley no incluye ningún artículo que hable del cierre de tarjetas de crédito. El segundo dato, lo calificaron de “engañoso”, una “conjetura”.
El 3 de diciembre, los diputados de Hacendarios Otto Roberto Vargas y Carlos Avendaño hablaron de la exclusión para justificar su resistencia al proyecto de ley. Ambos argumentan que la “metodología” del tope de usura no debe provocar exclusión alguna.
Vargas prevé con claridad que un tope de interés superior al 40% puede afectar a los trabajadores del “sector informal” que buscan un crédito en el sector financiero.
El argumento es que, por ser tan vulnerables, las entidades crediticias no van a prestarles dinero, ni siquiera si pueden compensar los riesgos del negocio con intereses altos de crédito o importantes garantías de crédito (¿acaso no son esos los “créditos usurarios” del Código Penal?).
Probablemente, el futuro del negocio es lo que preocupa a los bancos miembros de la ABC y, con ellos, también a todos sus lobistas y asesores.
Cada una de las tres comisiones que visitaron en el congreso —Hacendarios, Económicos y OCDE— alberga un proyecto de ley con regulaciones para el negocio crediticio. Los meses de octubre y noviembre fueron meses de arduo trabajo de diputados y sus asesores, con tal de los texto antes de que el Poder Ejecutivo los convocase para su estudio en las sesiones extraordinarias, cosa que, efectivamente, hizo.
Los diputados sobre el lobby
La presidenta de Hacendarios rechazó haberse reunido con la ABC. El día que llegaron cuatro de sus representantes los recibió uno de los asesores de la diputada Delgado, quien corroboró que la banca privada llegó a la oficina para hablar sobre “exclusión”.
ENTREVISTA CON ANA LUCÍA DELGADO: “Conmigo no se han reunido”
Mientras que Hacendarios pasó diciembre sumida en sesiones de trabajo sobre la “metodología” del tope de usura, Económicos recibió el lunes 16 de diciembre un cúmulo de 109 mociones al proyecto que plantea un tope para las comisiones de intercambio que los bancos cobran a los comercios que utilizan datáfonos (el proyecto 21.177).
De las 109 mociones, el diputado Jonathan Prendas firmó, junto con otros diputados, 62 de ellas; Pedro Muñoz firmó 24; y el resto, 23, llegaron del despacho del frenteamplista José María Villalta.
Por mensaje de texto, este último legislador aclaró que sus mociones son para incluir al Ministerio de Economía y Comercio (Meic) en el proyecto porque, hasta ahora, solamente menciona la responsabilidad del Banco Central.
“Son varias porque estoy proponiendo tres opciones para incluir al Meic. Esas opciones se plantean como propuestas de texto sustitutivo y mociones separadas. Son excluyentes entre sí; si se aprueba una, pierden interés las demás. Lo hago así para tener más posibilidades de negociación con las demás fracciones”, explicó Villalta.
Sobre la visita de la ABC en octubre pasado, la secretaria de Económicos, Karine Niño confirmó que recibió a la “gente de la ABC como he recibido a cualquier persona que me pida audiencia”.
principios de diciembre, presentó 24 mociones para modificar el proyecto de datáfonos. Por otro lado, Ramos
es uno de los principales voceros del proyecto de usura. Foto: Miriet Ábrego.
“Los lobistas o las personas de diferentes sectores llegan a buscarme porque a mí sí me gusta escuchar el punto de vista de todos. Eso no quiere decir que mi criterio vaya a cambiar si no estoy de acuerdo”, se defendió.
Sobre la agenda de la banca en su despacho, dijo que los lobistas querían hablar sobre las comisiones de adquirencia que cobran los bancos por el uso del datáfono para “poner su punto de vista técnico, para poder tener más insumos para la redacción y aprobación del dictamen”.
Sobre las 109 mociones, Niño reclama que sus compañeros diputados las presentaron sin conversar con ella. Como jefa de la subcomisión del proyecto, ignora “qué dudas tienen, ni siquiera para saber de qué se tratan las mociones”. Lamenta que, a pesar de ser parte de la comisión de Económicos, Muñoz “no manifestó que iba a presentar esas mociones”.
“Muchas veces se presentan mociones y no se defienden. Es un tema, es una práctica que tienen derecho de hacerla, pero nos hubiera gustado que nos buscaran en la subcomisión”, aclaró la diputada de Liberación Nacional.
Sobre el tema de usura, el último día que sesionaron en plenario, Muñoz rechazó hablar con UNIVERSIDAD.
“No estoy listo para hablar del tema”, aseguró, a tres metros de distancia, mientras apresuraba el paso para salir del edificio del plenario.
En el caso de Prendas, el diputado revisó las fechas de las visitas de la ABC y dijo que, en octubre, la reunión con Jiménez fue sobre “seguros de depósito” (tema que la Comisión OCDE dictaminó y que, para el regreso de los diputados en la semana del 13 de enero, está pendiente de votarse en plenario).
De la reunión de noviembre, con el lobista Mauricio Rojas, Prendas mencionó que se reunió con los asesores de la OCDE para el proyecto de fortalecimiento del Centro de Información Crediticia (expediente 20.861). Un asesor suyo, presente en el momento, corroboró lo mismo. Este último proyecto, pese a haberse convocado, aún no se aproxima a un dictamen en su Comisión. Su redacción, todavía, está gestándose.
El futuro de la usura
Un día después del receso productivo del martes 3 de diciembre, Hacendarios realizó una sesión de trabajo con el presidente del Banco Central; el jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef); el gerente del Sistema de Banca para el Desarrollo, Miguel Aguiar y el director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La sesión no fue anunciada en la agenda del congreso, sin embargo, varios periodistas recibieron información de diputados y asesores sobre la cita.
De las reuniones, Delgado espera haber encontrado, finalmente, la metodología adecuada para establecer un tope de usura: una estructura calculada a partir de costos promedio, según información de 16 entidades anónimas, las “más grandes del sistema” según Sugef.
De acuerdo con la fórmula de Sugef, el tope probable es un poco superior al 43%. Un porcentaje intermedio, entre la fórmula que entregó desde abril el Banco Central y lo que plantea la última versión del proyecto de ley.
En el plenario, el consenso es que sí: los diputados deben establecer un tope de usura. Sin embargo, no todos los legisladores están listos para opinar sobre cuán bajo puede ser ese tope de usura.
El mismo presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, dice que es imposible “contestar con un simple sí o no” si pagar 40% de un crédito con intereses consiste en usura.
En un sondeo de UNIVERSIDAD, participaron 53 de los 57 legisladores. Los cuatro ausentes —los socialcristianos Pablo Heriberto Abarca y Rodolfo Peña (miembro de Hacendarios; la independiente Carmen Chan; y el ministro de la Presidencia Víctor Morales— recibieron varias invitaciones para ser incluidos entre finales de diciembre y esta semana, sin embargo, no contestaron. En el caso de Abarca y Peña, dos asesoras aseguraron que “si no te han respondido al celular es porque no están localizables”.
Solamente siete diputados esperan que el tope de usura sea superior al 40%; entre ellos dos que pertenecen a Hacendarios (Wagner Jiménez y Otto Roberto Vargas).
De los 53 diputados consultados, una mayoría de 35 está de acuerdo con penalizar la usura con un porcentaje menor al 40%.
La segunda mayoría son los que se abstienen pensando en el futuro cercano. Un total de 11 diputados están esperando que la Comisión de Hacendarios apruebe la metodología en estudio; cinco de estos diputados son independientes, miembros del bloque autodenominado como Nueva República.
Muy a pesar de la resistencia que tienen algunos diputados para opinar sobre el tema, la mayoría de 35 es un indicador para esperar que, esta vez, la tercera en los seis años, el tema no se quedará estancado como antes, precisamente, en la incertidumbre.
Usura desde el proyecto de ley
