Una disminución del ingreso debido a la pandemia y la propuesta por parte de los legisladores de recortar aún más el presupuesto nacional para el 2021 ponen en jaque las finanzas del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y, con ello, el dinero destinado a la conservación de bosques mediante el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y los créditos forestales.
“Estas restricciones impiden la operación de la institución y sin la posibilidad de mantener el capital humano capacitado, la adquisición de equipos o la dotación de los recursos necesarios para brindar apoyo técnico, se hace imposible cumplir con las acciones de monitoreo, reporte y verificación”, manifestó Jorge Mario Rodríguez, director de la institución.
El PSA es un mecanismo financiero, instaurado en 1997, que reconoce a los dueños de fincas por mantener el bosque en pie y, con ello, se evita la deforestación. Más del 90% de su financiamiento proviene del impuesto único a los combustibles.
Entre 2015 y 2019 se colocaron ¢65.000 millones a través de PSA para mantener y recuperar 337.266 ha de cobertura forestal.
Gracias a ese 3,5% que se cobra al consumo de gasolina y diésel, se percibe alrededor de ¢16.000 millones al año, los cuales permiten financiar proyectos de protección de bosque, reforestación, regeneración natural, manejo forestal, sistemas agroforestales y sistemas mixtos.
“Siendo la principal fuente de financiamiento ese ingreso, al tener una reducción importante en el consumo de combustibles dadas las restricciones vehiculares por COVID-19, obviamente se repercute negativamente en los recursos para el PSA”, manifestó Rodríguez.
Ingresos y gastos
En mayo, el director alertó sobre este golpe a las finanzas. De hecho, en el primer semestre del 2020, el monto que se dejó de percibir mediante el impuesto a los combustibles fue ¢2.000 millones.
Fonafifo reajustó sus números para solventar esa baja en los ingresos y recurrió a sus reservas para seguir pagando los contratos vigentes. Sin embargo, dada la situación, no se podrá sumar la misma cantidad de nuevas hectáreas —la tendencia venía siendo 40.000 al año— a los esquemas de conservación forestal, es decir, los nuevos contratos están en jaque.
“Haciendo la comparación con el año 2020, teníamos cerca de ¢3.200 millones para proyectos nuevos. Con una disminución de ¢2.000 millones, los proyectos nuevos que podríamos financiar en el 2021 serán menos. Una proyección que hicimos, de acuerdo al presupuesto proyectado y a las solicitudes que nos llegan, es de 4.000-6.000 hectáreas nuevas en las diferentes modalidades”, comentó Rodríguez.
En cuanto a los gastos, y debido a la crisis económica provocada por la pandemia que proyecta una reducción de los ingresos del Estado del 3,3% del PIB, los legisladores están pidiendo aún más recortes al presupuesto nacional (expediente Nº 22.174) que actualmente se discute en el Congreso.
En su propuesta, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ya había recortado ¢1.000 millones a Fonafifo previendo no afectar significativamente su operación, sobre todo en lo referente a los controles (monitoreo y verificación) que garantizan la trazabilidad de los contratos.
En el Dictamen Afirmativo de Minoría, dado a conocer esta semana, los diputados reconocen que los recortes presupuestarios a la institución tendrán “un impacto directo en el uso del suelo para muchos de los propietarios de bosque que perderían por completo su único ingreso, y que ante la presión de subsistir es probable que prefieran dedicar su tierra a otra actividad productiva que le genere recursos en el corto plazo. Adicionalmente, ello conlleva un estado de indefensión ante los efectos del cambio climático y pone en riesgo la salud y la seguridad nacional”.
“Las reducciones planteadas podrían poner en riesgo un proceso de varios años y el desperdicio de múltiples recursos (humanos, tecnológicos, tiempo y dinero) empleados para la atracción de $120 millones dirigidos a dinamizar el sector forestal nacional a través del Fondo de Carbono del Banco Mundial y el Fondo Verde del Clima, así como ingresos provenientes de la Comunidad Económica Europea en el orden de €1,5 millones en su primera fase y €730.000 en la segunda, para implementar medidas de restauración y promover el desarrollo de la región Huetar Norte, lo cual exige en estos proyectos el acompañamiento y seguimiento para el monitoreo y verificación en el campo de los proyectos, por lo cual si se disminuye el presupuesto, sería imposible realizarlos”, se lee en el informe legislativo.
Sin embargo, en el Dictamen Negativo de Mayoría, los legisladores consideran que se pueden hacer aún más recortes al presupuesto nacional como un todo.
Reactivación pospandemia
El PSA da valor al bosque más allá de la extracción de madera al reconocer otros servicios ecosistémicos que brinda. La belleza escénica, por ejemplo, beneficia al turismo, mientras que la cobertura forestal protege las fuentes de agua para consumo humano y uso hidroeléctrico.
Otro servicio ecosistémico se relaciona a la biodiversidad, la cual proporciona materia prima a la industria farmacéutica y alimentaria aparte de beneficiar al turismo. Los bosques también son clave en la captura y fijación de carbono, así como en la adaptación de las comunidades frente al cambio climático.
A la fecha, más de 6.000 familias mantienen contratos vigentes con Fonafifo. Según Rodríguez, a lo largo de los años, el PSA y los créditos forestales han sido esenciales para reactivar la economía en cantones con bajo índice de desarrollo social, beneficiando con ello a más de 16.000 personas de forma directa.
Anualmente, se colocan más de ¢14.000 millones en todo el territorio nacional solo en PSA. Algunas modalidades incluso priorizan en pequeños productores y mujeres. “Una mujer que quiera ingresar su finca al PSA tiene 25 puntos en la matriz de prioridades y eso le da mayores posibilidades de que su solicitud sea seleccionada”, explicó Rodríguez.
Asimismo, a través del PSA, Costa Rica reconoce la labor de conservación realizada por los pueblos indígenas en los 19 territorios, siendo estos los mayores beneficiarios del programa con desembolsos de ¢2.500-3.000 millones al año.
“Uno que ha estado en esto por años, le puedo indicar que hay un antes y un después en cuanto a las condiciones de vida que se dan en los territorios. Hoy por hoy, la mayor fuente de ingresos es el PSA”, dijo Rodríguez.
Otros ingresos provienen del canon de agua, el cual genera unos ¢1.500 millones al año.
“El PSA es una fuente de ingresos para pequeños propietarios del bosque y pequeños productores forestales que a través de este programa perciben recursos para subsistir. En un año doloroso para el país, el PSA ha sido un motor para la economía rural y es un motor clave para la recuperación económica sostenible de Costa Rica”, declaró la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, en un comunicado.
De hecho, los mandatarios de 14 países —incluido Costa Rica— firmaron una declaración para incluir a la naturaleza en los planes de recuperación económica pospandemia “como paso crucial para ayudar a prevenir futuras pandemias y emergencias de salud pública y así sentar las bases de una economía mundial sostenible mediante la creación de empleo y el bienestar humano”.
Lo anterior se alinea a lo dicho por el Foro Económico Mundial (FEM) en el segundo reporte de la serie New Nature Economy Report (NNER), lanzado en julio, sobre la necesidad de moverse hacia una economía basada en la naturaleza para superar la crisis económica generada por COVID-19 y también construir el bienestar futuro, ya que una transición hacia negocios más sostenibles puede generar $10 billones y 395 millones de empleos para el 2030.
En este sentido, y como respuesta ante la pandemia, el Poder Ejecutivo lanzó el programa +Mujeres +Natura con el fin de hacer frente a las brechas de género y mitigar los impactos económicos provocados por COVID-19.
Como uno de los pilares del programa, Fonafifo facilitó una línea de crédito de hasta ¢5 millones con garantía fiduciaria, a un plazo de diez años y a una tasa fija del 4% anual para proyectos relacionados con el bosque.
“Esa es nuestra contribución desde el Minae, específicamente desde Fonafifo, para reactivar la economía y que esta sea mucho más justa. En esas estamos: buscando recursos, viendo cómo incentivar y distribuir más información para que las mujeres tengan acceso y, de esta forma, esa aspiración hacia una economía verde sea también mucho más inclusiva”, manifestó Rodríguez.
Para muchas familias y microempresarios, los créditos forestales de Fonafifo constituyen una alternativa financiera favorable, y en muchos casos hasta única, para poder vivir del bosque. Estos créditos tienen una tasa fija de interés del 5% anual con garantía hipotecaria o del 7% fiduciario. Se puede optar por un financiamiento de hasta ¢60 millones para apoyar actividades relativas a viveros y plantaciones forestales. Al año se desembolsan ¢1.000 millones.
“Nuestro afán es lograr una mayor equidad de género y tratar de romper esas barreras de desigualdad que existen. Si bien es cierto estos programas han sido exitosos y poner a disposición de los productores ¢16.000 millones pudiera parecer mucho, la realidad es que los recursos son insuficientes. Necesitamos cinco veces ese presupuesto para atender el 100% de las solicitudes”, admitió Rodríguez.
Descarbonización
Más de la mitad del territorio costarricense está cubierto por árboles; en parte esto fue posible por el PSA, ya que este programa ha contribuido a mantener más de un millón de hectáreas bajo régimen forestal.
En reconocimiento a esta labor, en octubre Fonafifo recibió el Premio de las Naciones Unidas a la Acción Mundial sobre el Clima de 2020, en la categoría “Financiamiento de inversiones respetuosas con el clima”.
“Desde hace 23 años Costa Rica viene apostando a las soluciones basadas en la naturaleza”, dijo Rodríguez, y añadió: “Los mecanismos de financiamiento forestal colaboran a la reducción de emisiones para adaptarse y mitigar el cambio climático y con las metas nacionales de descarbonización”.
Los programas impulsados por la institución permiten cumplir con el eje diez del Plan de Descarbonización referido a la gestión del territorio para incrementar “los recursos forestales y servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza”.
En el 2019, gracias a los contratos de protección de bosque y plantaciones forestales, se logró contener más de 142 millones de toneladas de dióxido de carbono.
El PSA también ofrece una alternativa a las empresas, organizaciones e instituciones que quieren compensar su huella de carbono. Mediante la venta de Unidades Costarricenses de Compensación (UCC), las empresas retribuyen económicamente las emisiones que ya no pueden reducir y ese dinero se inyecta al programa para beneficiar a más personas. En 2019 ingresaron unos $400.000 por este concepto.
“Esperamos que eso se consolide. Cada vez hay más interés de las empresas e instituciones por alcanzar la carbono neutralidad. Esperamos que, en el corto y mediano plazo, el ingreso que tengamos por las UCC se incremente notablemente”, comentó Rodríguez.
Para el director de Fonafifo, el éxito de las UCC se asienta en la existencia de mecanismos de control que garantizan la transparencia y trazabilidad. “Si una empresa nos compra una tonelada de carbono en UCC, nosotros estamos en capacidad de decirle cuál es el proyecto que está compensando esa tonelada. Le damos total certeza que el efecto de mitigación o secuestro de carbono se está dando”, explicó.
Precisamente, la ejecución de esos controles a través del monitoreo y verificación son los que se están viendo amenazados por los recortes presupuestarios.
