La urgencia de un mejor tratamiento a las aguas residuales de la Gran Área Metropolitana contrasta con el pobre aprovechamiento de la planta de tratamiento Los Tajos operada por Acueductos y Alcantarillados (AyA), con solo 16% de la capacidad de captación de líquidos, según una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
La plata de tratamiento, ubicada en La Carpio de San José, funciona desde agosto de 2015 con captaciones muy inferiores a las previstas: 23,7%, 24,4%, 19,0% y 21,6% para cada uno de los cuatro años más recientes, según los cálculos hechos al margen de las diferencias de caudales entre épocas secas y lluviosas.
Esto ocurre a pesar de que la inversión en rehabilitación y ampliación del alcantarillado sanitario pasó de $11,4 millones en 2015 a un acumulado de $99 millones en 2020, indicó el estudio de la CGR hecho público este lunes.
“Esta situación se debe a que el sistema de alcantarillado sanitario existente presenta 23 colapsos en la red, que interrumpen parcial o totalmente el flujo hacia la Planta de Tratamiento. De estos colapsos, 21 fueron identificados por el AyA antes de 2015 y no fueron oportunamente reparados. A lo descrito se suma la falta de interconexión de las obras de ampliación concluidas al sistema existente, lo cual las mantiene sin uso y aisladas”, se lee en el informe DFOE-AE-IF-00009-2020 con fecha 2 de diciembre.
La Planta de Tratamiento Los Tajos fue diseñada para una capacidad promedio de tratamiento de 2.810 litros por segundo, pero el caudal promedio es de solo 450 litros por segundo, pues en general AyA ha fallado en preparar la operación y el mantenimiento de la nueva infraestructura, señala la CGR.
Esto incide en que solo el 14% de los hogares costarricenses estén conectados a un sistema de tratamiento de aguas residuales y que más del 70% de estos líquidos se viertan en tanques sépticos, con un riesgo para los mantos acuíferos, y que incluso una parte se derrame en ríos o quebradas.
Esta situación atenta contra el medio ambiente, la salud de la población y contra el mandato mismo de la Constitución Política para que las personas habiten en condiciones ambientalmente sanas, apunta el informe de la CGR. Esta es, reconocen autoridades y expertos, una de las mayores tareas pendientes del país en gestión ambiental, lo que se refleja directamente en el cause del río Tárcoles, por ejemplo.
Por eso la CGR ordenó a la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, “establecer y ejecutar un modelo para la operación y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado sanitario desarrollada por la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento, que incluya al menos los requerimientos técnicos, información, comunicación, planificación, presupuesto, personal y adquisiciones; que propicien una gestión eficiente”, de lo cual debe presentar una certificación de cumplimiento a más tardar en setiembre del 2021.
Además, Astorga debe atender de los colapsos indicados en este informe y las obras necesarias para la conexión de las redes que en desuso y aisladas del sistema, con una estrategia que debe reportarse ante la CGR antes de febrero próximo.
AyA debe corregir la ejecución de tres proyectos analizados del plan de saneamiento que evidencian atrasos cercanos a 6,6 meses, lo cual representa desfases cercanos a 79% con respecto al tiempo programado, con un impacto fuerte en el costo, pues casi se duplicó en relación con lo fijado inicialmente.
