La Comisión de Reforma del Estado dictaminó el proyecto para verticalizar la estructura del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que pasará al Plenario para tratar de superar cuestionamientos que enfrenta por limitar la participación en el trámite final para convertirse en ley.
El Gobierno defiende el proyecto 23.213, “Fortalecimiento de competencias del Ministerio de Ambiente y Energía” como una reingeniería estructural, para devolver al jerarca facultades que se trasladaron a once órganos de máxima desconcentración, y que se convertirían en organismos de mínima desconcentración. Se pretende una mayor gobernanza, con una línea vertical de mando, por medio de Directores Generales.
Pero esto ha generado cuestionamientos sobre las limitaciones a la participación, tanto en forma general, como específica: la representación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) reclama que la redacción del texto excluirá a las universidades de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBI): los responsables de alrededor del 90% de las investigaciones en biodiversidad del país.}
“Es una reestructuración administrativa, no técnica”, defendió la diputada Pilar Cisneros el proyecto oficialista. “Las funciones y responsabilidades de órganos como la Secretaría Técnica de Ambiente (SETENA), CONAGEBIO y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) siguen absolutamente incólumes, como entidades independientes”, dijo, tras asegurar que solo se pretende que el ministro rector de ambiente recupere competencias.
Otra es la visión de la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, quien cuestionó el proyecto por considerar que elimina espacios donde se permitía la presencia activa de las comunidades para la gestión de temas ambientales, a una organización con mayor verticalidad, y menos participación.
Por su parte, Miguel Rojas, representante suplente de CONARE ante CONAGEBIO, manifestó la preocupación por la exclusión de representantes de CONARE, UCCAEP y FECON en la propuesta presentada por el Gobierno. “Desde julio, los rectores de las universidades hicieron llegar una carta a la Comisión para solicitar que no se aprobara esa exclusión”, expresó.
Rojas recordó que la fundamentación de los órganos desconcentrados fue precisamente crear contrapesos a la administración de temas sensibles. “En este caso, ese contrapeso no se va a poder mantener; las universidades tenían más posibilidades de hacerse escuchar, con la propuesta eso desaparece”. Rojas enfatizó que, además, no han recibido una explicación de cuál es la fundamentación para debilitar el aporte de las universidades en esta materia.
Las inquietudes de Rojas no son un hecho aislado. El mismo informe de Servicios Técnicos sobre el proyecto indicó: “El proyecto de ley elimina espacios importantes de participación social y científica en instancias de decisión en materia ambiental, al eliminar la representación de las organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental”
Proyecto dictaminado
El proyecto 23.213 es uno de varias propuestas del Poder Ejecutivo para que los ministros recuperen competencias; es decir, para que tengan mayor poder en su sector. La justificación del gobierno de Rodrigo Chaves apunta a que la estructura administrativa, con los órganos de máxima desconcentración, diluyó las facultades de los jerarcas.
Fue presentado el 30 de junio, y remitido a la Comisión de Reforma del Estado el 8 de julio. En el caso del MINAE, representa que el Ministerio recupere el control sobre alrededor del 77% del presupuesto institucional, que en la actualidad es responsabilidad de los entes desconcentrados.
La propuesta convertiría a SETENA, CONAGEBIO y SINAC como órganos con desconcentración mínima, solamente con independencia técnica y no vinculante, además de otros ocho órganos desconcentrados, entre ellos, los parques nacionales Manuel Antonio e Isla San Lucas.
Además, se propone la creación del Fideicomiso para la Gestión Integral de Áreas de Conservación, y una comisión administrativa para este tema. Al respecto, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa recordó que se debe realizar un análisis técnico, económico y jurídico sobre el mecanismo para el financiamiento de esta propuesta.
