En momentos de alta presión por la ola de asesinatos y de alta preocupación ciudadana por el narcotráfico, jerarcas de los tres poderes de la República se reunieron este lunes para definir prioridades de una ‘política de Estado’ que pasa por reformas legales y mayores esfuerzos presupuestarios para las entidades encargadas de prevenir, investigar y castigar el crimen.
El acuerdo entre autoridades reunidas esta mañana en la Asamblea Legislativa incluye el impulso urgente de proyectos como el que reforma la ley para combatir los préstamos ‘gota a gota’ que provocan extorsiones, uso del dinero del narcotráfico y homicidios, así como un plan para modificar las reglas de ejecución de las condenas, para depurar los procedimientos de otorgamiento de la libertad condicional.
Además, hubo un acuerdo político entre fracciones de distintos partidos políticos para aumentar el presupuesto para seguridad en un monto que definiría la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, pero que se acerca a los ₡20.000 millones, según Rodrigo Arias, quien como presidente de la Asamblea Legislativa convocó la reunión.
En el encuentro estuvieron Mario Zamora, ministro de Seguridad; Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial; y los máximos jerarcas del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); además de representantes de distintas bancadas legislativas, incluida la diputada Gloria Navas, presidenta de la comisión legislativa de Seguridad, quien calificó la reunión como “histórica”.
“Hemos acordado hacer una verdadera política de Estado donde vamos a trabajar juntos con las competencias de cada poder. Hay un acuerdo importante de todas las fracciones para apoyar proyectos necesarios e impulsarlos urgentemente para que cuerpos policiales y judiciales cuenten con instrumentos que necesiten”, dijo Rodrigo Arias.
Añadió que priorizarán la propuesta para modificar el cumplimiento de condenas, presentada por el Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de penas impuestas y el debido proceso”, según el comunicado institucional. “Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales”, dijo en el documento Orlando Aguirre.
Esto va ligado también con cambios en los registros sobre las penas para una aplicación más efectiva “evitando ejecuciones condicionales cuando no es lo que se necesita”, según Arias, en referencia al tema que con frecuencia señala el Gobierno como un factor del aumento en los homicidios.
Proyectos como este son “de absoluto interés del Ministerio Público”, dijo Carlo Díaz, jefe de ese órgano judicial encargado de investigar los delitos penales, quien se expresó satisfecho con los acuerdos de acelerar propuesta de ley.
Rodrigo Arias dijo que cada semana se hará revisión de los proyectos que se pueden apresurar y que la idea es dar vía rápida a todos los que se puedan, aunque Navas dijo que hay algunos proyectos del Ejecutivo que tienen obstáculos porque implican reforma constitucional, como el que permitiría la extradición de costarricenses ligados a narcotráfico internacional.
Este es uno de los seis proyectos que el presidente Rodrigo Chaves suele mencionar como tarea pendiente de los diputados, junto a otras propuestas como la de endurecer las penas para menores de edad en casos de homicidios y un reordenamiento del sistema penitenciario.
Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo que la entidad siente ahora el apoyo de la Asamblea Legislativa después del golpe que recibió la semana antepasada con el asesinato de un investigador en Curridabat.
