“Lo tenemos muy arriba en la lista, es uno de los problemas más serios que tiene el país en seguridad pública en estos momentos” dijo Rodrigo Chaves ayer en conferencia de prensa respecto al grave problema que, de nuevo, se vive en Crucitas de San Carlos ante la invasión masiva de coligalleros.
Fue el pasado domingo que se dio a conocer a través de un video del medio San Carlos Digital de las nefastas consecuencias de haber sacado a la Policía de Fronteras de la llamada finca Vivoyet, donde Industrias Infinito pretendió llevar a cabo su proyecto de minería de oro a cielo abierto con cianuro.
Esas imágenes mostraron docenas de coligalleros en la zona, quienes generaron un evidente problema de tala y destrucción del bosque y una posible contaminación con mercurio aún indeterminada,
Poco después circuló la captura de imagen de un correo electrónico del 13 de julio, mediante el cual la Unidad Móvil de la Policía de Fronteras de Los Chiles comunicó con tan sólo 24 horas de antelación a los administradores de la finca, que “por orden presidencial, no se va a estar asignando ni laborando en la Zona de Crucitas”.
Así, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del miércoles, Chaves ante preguntas del periodista Allan Jara ofreció la enrevesada versión de que “la seguridad de las personas allá no ha sido disminuida en lo más mínimo, de hecho se le dio un enfoque a los policías, al servicio de vigilancia fronteriza y a los otros de que, en lugar de andar buscando coligalleros, que sí lo hacen, que cambien un poco el balance para estar cerca del pueblito y vigilar que no ocurran cosas malas”.
Como es usual en Chaves, la imprecisión de sus palabras no permitió conocer a cuál “pueblito” movió la policía.
Junto a Chaves ofreció declaraciones su ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, quien aseguró que “el Ministro de Seguridad ha reforzado con operativos bastante fuertes, el fin de semana se detuvieron seis u ocho personas que estaban en invasión de territorio”. Cabe cuestionar si seis u ocho detenciones a lo largo del fin de semana en efecto constituyen una incidencia “bastante fuerte” del operativo policial ante la magnitud de la invasión en la zona.
Delincuencia organizada
El ambientalista de la zona Norte, Marco Tulio Araya, quien ha dado seguimiento al tema durante dos décadas, recordó que meses atrás se había notado una disminución en la actividad ilegal de extracción de oro en la zona, pues en la reserva de Indio Maíz, en Nicaragua, se había encontrado una veta de explotación más rica. Dijo que así se lo confirmó el propio administrador de finca Vivoyet.
“De pronto nos enteramos de que iban a quitar el puesto de policía” en esa finca, “vi la información y me llamó la atención porque manifestaban que unos nuevos dueños habían solicitado a la policía salir” del terreno. Araya de inmediato consultó al propio administrador de la finca, “me dijo que en ningún momento se había vendido ni pedido a la policía que saliera, que eso fue una decisión unilateral del Ministerio de Seguridad”.
“Inmediatamente nos dimos cuenta de que iba atraer grandes problemas, si estando la policía (los coligalleros) llegan cerca, sin estar la invasión era algo lógico”.
Sobre el supuesto cambio táctico argüido por Chaves, de llevar a la policía más cerca de un “pueblito”, dijo que pudo referirse al poblado de Crucitas, que tiene una escuela unidocente y unas siete u ocho familias que según detalló viven un tanto alejadas.
Tras recordar que el propio Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que en el sitio funcionan grupos criminales organizados, Araya llamó la atención a la reciente decisión de la Asamblea Legislativa de extender por dos años la autorización para la actividad minera de oro en Abangares.
“Hay una triangulación entre Crucitas, los molinos privados y Abangares, porque se sabe que al otro lado de la frontera existen por lo menos 15 molinos en donde el material se procesa bastante y luego va para Nicaragua o Abangares, han detenido vehículos y el hecho de dejar a la libre, de no tener un puesto policial significa que el transporte de material y trasiego de oro se hace con mucha más facilidad”, explicó.
Añadió que detrás de la actividad se mueve una “mafia muy poderosa, los coligalleros son simplemente peones que sacan el material, pero detrás hay una estructura para sacar el oro y llevarlo” a centros de venta o distribución.
El activista subrayó que se cometen delitos como saqueo de recursos del Estado, trasiego de mercurio y cianuro, entrar ilegalmente al país, contaminación ambiental y deforestación o entrada a fincas privadas.
“Son delitos que no tiene que ver con el laudo” interpuesto en arbitraje internacional por la empresa minera contra el país y que Chaves referencia cada vez que debe referirse al tema.
“Si hubiera gente sembrando marihuana en Crucitas, probablemente el gobierno y la policía entran con todo a llevarse lo que sea, o si estuvieran procesando cocaína, pero lo que están haciendo son delitos también, el Estado debe hacer respetar la soberanía, a vista y paciencia de todo el mundo se llevan los recursos”, reflexionó.
Desobediencia
Cabe recordar que la Sala Constitucional ordenó al gobierno llevar a cabo la limpieza del mercurio en la zona y que, tras la publicación de San Carlos Digital el abogado ambientalista Álvaro Sagot -quien elaboró el recurso de amparo que produjo esa decisión para la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon)-, presentó ante ese tribunal un escrito en que solicitó se denuncie a los jerarcas de gobierno responsables ante la Fiscalía General, pues el abandono dela vigilancia en Crucitas y el probable aumento en la contaminación por mercurio podría constituir el delito de desobediencia.
Decisión presidencial de aflojar seguridad en Crucitas podría implicar una denuncia de Sala Constitucional ante la Fiscalía General
Una nueva denuncia señala que abandono de parte de Fuerza Pública del puesto de vigilancia constituye desobediencia al mandato de ese tribunal de que se debe limpiar el mercurio en la zona.
El artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional dispone que “se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”.
Consultado al respecto, Sagot explicó que esa norma fue creada como un mecanismo de control y fiscalización de las órdenes constitucionales, para que en caso de desobediencia, a los funcionarios se les pueda seguir un proceso penal.
Detalló que ante acusación de desobediencia, la Sala IV antes de pasar el caso a la Fiscalía, solicita informes justificantes a las personas funcionarias involucradas -en este caso los jerarcas de Ambiente, Seguridad y Salud- y luego resuelve.
“El “pero” es que en la práctica muy pocos casos son pasados a la Fiscalía volviendo la herramienta de presión en algo poco generador de efectividad, lamentablemente y esto lo saben en la administración pública”, admitió.
Por ello, “lo oportuno es que los magistrados pasen a la vía de la ejecución de sentencia sus fallos, para que sea un juez contencioso administrativo el que lleve el control y fiscalización de las labores a cumplir, pues en el mejor de los casos la desobediencia a un voto constitucional no trae resolución a lo pretendido mediante el amparo”.
Chaves sobre nueva invasión a finca Crucitas: “esa situación está en chino”
“Ese tema de Crucitas se las trae. Es difícil de controlar”, confesó el presidente un año y un mes después de constatar en el terreno las excavaciones ilegales en la finca que aún es objeto de un arbitraje internacional con la empresa canadiense Infinito Gold.
