Una creciente ola de renuncias amenaza la estabilidad del Poder Judicial en Costa Rica, que se muestra cada vez menos capaz de poder retener el talento laboral y la experiencia.
Desde el 2020, las salidas de empleados del Poder Judicial aumentan cada año. Pasaron de 83 a 135 en el 2021, y luego a 193 en el 2022, según datos oficiales de la Corte (ver gráfico), es decir, un aumento de un 132% desde ese año, en el que la pandemia convertía las renuncias en un acto muy meditado. Empero, en la actualidad, los niveles de desempleo (11,7%) todavía no incentivan la ruptura de la relación laboral.
En total, en los últimos cinco años, 623 personas se alejaron del Poder Judicial, otrora considerado uno de los mejores lugares para laborar en el país. Esto representa cerca del 5% de la planilla judicial.
Un acercamiento a estas cifras demuestra fenómenos todavía más preocupantes: durante el último año, las renuncias aumentaron un 70% en el Ministerio Público, y un 115% en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
No solo está en juego la continuidad y la constancia de la lucha contra el crimen, sino las posibilidades reales de buscar una justicia pronta y cumplida: los intentos de reducir la acumulación de expedientes en los tribunales resultan lejanos, si en lugar de aplicar conocimiento adquirido, una parte importante del personal debe ser contratada y capacitada.
Se trata de una situación que organizaciones sindicales y trabajadores denuncian internamente, y cuyas causas se ubican alrededor del 2018. “Es algo multifactorial, tiene mucho que ver con aspectos políticos, desde las limitaciones presupuestarias, a la constante aprobación de nuevos delitos para atender demandas de grupos sociales, sin acompañarlas de contenido económico”, comentó Jorge Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud).
Al respecto, UNIVERSIDAD también consultó con exfuncionarios del Poder Judicial sobre las causas de su salida, que accedieron a mencionar, con la condición de mantener sus nombres en reserva. Los alegatos fueron bastante similares (Ver recuadro).
Y es un tema que preocupa en la cúpula. “En los últimos años hemos venido sufriendo la fuga del talento en el Poder Judicial, personal sumamente calificado de diferentes áreas emigra al sector privado. Este personal calificado, formado en el Poder Judicial, está encontrando en el sector privado mejores condiciones laborales no solo en el campo del ejercicio del derecho, sino también en otras áreas profesionales como tecnología, médicos”, manifestó Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien calificó la situación de “alarmante”, y admitió que se acentuó en los últimos años.
Un expediente voluminoso
Hay otros aspectos importantes vinculados a este expediente de las renuncias: en el Tercer Informe del Estado de la Justicia, del Programa Estado de la Nación de Conare, ya se advertía de un serio problema por la alta rotación del personal judicial, lo que afectaba la calidad de los servicios. Y en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia, para el período 2021-2022, se llamó la atención sobre la gran cantidad de tiempo que consumía a las instancias judiciales los procesos de nombramientos: 51 días de promedio en el Consejo Superior del Poder Judicial para designaciones de jueces 1, 2 y 3; y un promedio de 96 días para nombramientos de la Corte durante el 2020.
Cartín destaca que además se trata de un trabajo desgastante, por lo que se requieren de otros elementos para compensar los riesgos, las jornadas excesivas y un recargo de funciones en aumento. “Las personas deben ver que vale la pena trabajar en el Poder Judicial, pero la tendencia es a lo contrario: cotizamos más para pensiones que al final casi no representan una diferencia, en condiciones desfavorables, y con salarios que se han estancado”, dijo.
Empero, otras situaciones también pueden estarse acumulando. En las versiones de extrabajadores, se indica que los crecientes procesos internos están generando un aumento en labores más administrativas, en detrimento de procesos de investigación o trabajo vinculado con los casos.
Esto puede ser relevante, dado que hay una gran concentración de las dimisiones en los investigadores (investigadores más fiscales suman una cuarta parte de las salidas totales en cinco años), así como en los técnicos (por sí solos, una tercera parte de las salidas totales).
Hay también un reclamo por la ausencia de acciones formales en este tema, principalmente, en la misma Corte. Se alega que no hay estudios sobre estas situaciones, llamados de atención o toma de decisiones para contener las salidas.
No obstante, en este tema, Aguirre admitió que el Poder Judicial enfrenta un importante desafío. “El reto que tenemos con esta nueva realidad es crear estrategias con la Dirección de Gestión Humana para mantener y atraer personas calificadas que se integren a la administración de justicia, no solo en el área jurisdiccional, sino también en el Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública y el ámbito administrativo”, dijo el presidente de la Corte.
Incentivos para la salida
Hay varias situaciones que se mencionan como principales móviles para propiciar una tendencia a las renuncias en el Poder Judicial.
Recrudecimiento de condiciones laborales: Las reformas para recuperar el sistema de pensiones del Poder Judicial en el 2017 empezaron a generar malestar: aumentaron las contribuciones de los trabajadores (de 11% a 13%) y se endurecieron las condiciones para jubilarse. “A los investigadores se les amplió el plazo para jubilarse a los 65 años, eso es imposible. Quieren que ninguno se pensione”, dijo uno de los exfuncionarios. Posteriormente, la reforma fiscal del 2019, las condiciones de la pandemia y la regla fiscal motivaron un estancamiento en los salarios. Según estimaciones del Sitrajud, el poder adquisitivo de los salarios en el Poder Judicial bajó alrededor de un 20% en los últimos años, lo que ha generado que aproximadamente un 60% del personal tenga problemas de endeudamiento.
Sobrecarga de trabajo: El personal del Poder Judicial creció un 7,9% desde el 2018, pero el circulante de casos en los últimos cinco años aumentó un 30%. Se debe considerar que además del incremento de la población y las denuncias (Randall Zúñiga, director de OIJ, denunció que los casos se duplicaron en la década), hay un incremento por la creación de nuevos delitos en la normativa, para los que no se generaron nuevos recursos. Como ejemplo, la ley de bienestar animal creó cinco nuevos delitos desde el 2017, y la ley contra el acoso callejero otros cinco adicionales. Para el 2021, ya representaban 783 nuevos casos, que no habían recibido apoyo presupuestario adicional.
Aumento en trámites y controles: Agentes que renunciaron alegaron que existe un creciente desgaste por una creciente tramitología, en la que los procesos digitales no sustituyen, sino que suelen acumularse a los procesos tradicionales en papel. También, hay incomodidad con trámites para el cobro de viáticos y horas extra, así como las exigencias y condicionamientos para concretar estos rubros.
Ausencia de salario emocional: Hay malestar por la poca flexibilidad para buscar elementos que contribuyan a dar una satisfacción no económica, se considera que hay mucha rigidez en las condiciones, principalmente, con jornadas agotadoras y horarios férreos. Hay un fuerte reclamo por alternativas como vacaciones profilácticas.
Carrera judicial: Hay un reclamo por vacíos en cuanto a un sistema consistente para los ascensos y los reconocimientos laborales.
