Durante la exposición del Informe anual de labores de la Auditoría Judicial correspondiente al 2022, Robert García, jerarca de la instancia, dijo que cuenta con 35 auditores de campo, “para atender un universo auditable de más de 900 oficinas”.
Añadió que ello es “muy poco” y aclaró que esa cifra incluye la puesta en marcha de la jurisdicción especializada en crimen organizado. “Desde 2011 no tenemos crecimiento”, observó ante preguntas del magistrado Fernando Cruz.
García dijo que ello da pie a una preocupación en cuanto a capacidad operativa de la Auditoría Judicial y añadió que se ha generado “varios informes” sobre Ministerio Público, particularmente la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), sobre temas como la Ruta 32, la Ruta 27 o el caso de la trocha fronteriza.
“Hemos hecho seguimientos de cumplimiento” de esos informes, “no hemos descuidado ese universo auditable”, pero dijo que “sigue siendo preocupante para nosotros”.
García recalcó que “tenemos varios informes que dijimos, ¿qué pasa con estas recomendaciones que no se cumplen?”, y añadió que una circular vigente hace posible que mediante “un segundo seguimiento se origine un proceso disciplinario, obviamente el órgano rector en materia disciplinaria administrativa es la Inspección Judicial, hacemos el traslado y pregúntenos a nosotros los auditores qué ha pasado con eso?”.
“Congoja”
Durante su exposición inicial, García ofreció datos como que el cumplimiento con el plan de trabajo aprobado a finales de 2021 fue de un 96,43% con el plan de trabajo, cuando la meta original trazada fue del 90%. También mencionó que la Auditoría tiene un personal de 63 personas, lo cual incluye a las mencionadas 35 como auditores de campo, y a dos de asesoría legal.
También detalló que durante e año pasado se produjo un total de 108 informes, 95 de ellos de fiscalización, 12 de advertencia y uno de asesoría. Además se emitió 658 recomendaciones.
Finalizada su intervención inicial, la magistrada Iris Rocío Rojas cuestionó el hecho de que la Auditoría envía “un porcentaje grande” sus informes a Corte Plena, “para que nosotros se lo hagamos llegar a los órganos que tienen oportunidad de mejora”.
La magistrada consideró que esa práctica “conspira contra principio de eficiencia y eficacia, que es un principio constitucional, por ende por encima de la Ley de Control Interno” y entonces preguntó “¿por qué la auditoria no envía de manera directa esas necesidades o deficiencias que encuentra de manera directa a los órganos para que estos se pronuncien?”.
Rojas también criticó que la Auditoría no abre procesos disciplinarios “para eso tiene una dirección jurídica”, y añadió que cuando no se cumplen informes debería “abrir de manera directa los procedimientos administrativos, como lo hace la Contraloría General de la República (CGR)”.
“No puede pretender que haya una auditoría eficiente y eficaz en el siglo XXI que depende de que Corte (Plena) es la que tenga que estar trasladando productos que perfectamente podría ser la auditoria, descargando le trabajo de Corte”, expresó la ,magistrada, quien calificó ello como una “congoja”.
El auditor García replicó que “lo que hago es cumplir la ley, a mi me fiscaliza la CGR y me puede sancionar”.
Además justificó el proceder actual en que las recomendaciones contenidas en sus informes no sólo van dirigidas a Corte Plena, también a las instancias subordinadas que “tienen la parte operativa”.
Enfatizó que debe mantenerse el “control del jerarca” establecido tanto en reglamento interno del Poder Judicial como en la Ley de Control Interno. “Si yo incumplo con esto, me voy a ver sujeto de una sanción”.
Añadió que “usualmente” las diversas instancias a las que se señalan problemas o recomendaciones piden prórroga para cumplir, la cual es otorgada pero “si incumplen inmediatamente se someten a un proceso disciplinario”.
