Los diputados rechazaron este jueves por la tarde una moción de avocación interpuesta por Zoila Rosa Volio, legisladora del Partido Integración Nacional (PIN), con el fin de corregir una serie de artículos del proyecto de justicia restaurativa.
Se trata de una iniciativa que permite a ciertos sentenciados primarios (que cometen un delito por primera vez) acceder a procesos de reinserción social en lugar de purgar una pena tradicional en la cárcel. Este beneficio es para personas que reciben una condena inferior a los tres años y aplica para delitos como conducción temeraria, desobediencia a la autoridad, estafas de seguro, hurtos, lesiones leves o fraudes de simulación entre otros, y a su vez excluye delitos violentos o de crimen organizado.
El proyecto se aprobó en primer debate en la legislatura anterior y ahora se prepara para recibir el último visto bueno de la nueva camada de diputados, quienes esta tarde rechazaron las mociones de revisión.
La diputada Volio afirmó ante el Plenario su desacuerdo con el proyecto, específicamente en los artículos que permite la utilización de fondos de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito para este mecanismo, además, afirmó que ahora se van a “facilitar los femicidios” porque se va a permitir la conciliación con las víctimas a quienes les interpongan órdenes de restricción.
“Un agresor doméstico puede violar la orden de restricción emitida por un juzgado de violencia doméstica y no sería sancionado, con solo que fuera a pintar una escuela quedaría exento de la aplicación de sanciones penales por lo que de otra manera sería el delito de desobediencia a la autoridad”, dijo Volio.
Pese a las declaraciones de la diputada, la magistrada de la Sala III y una de las impulsoras de este proyecto, Doris Arias, afirmó que la justicia restaurativa no aplica para condenados por delitos en donde medie violencia personal, y en el caso de los delitos contra la mujer, solo será en casos de delincuencia patrimonial.
“La justicia restaurativa busca posicionar a las víctimas, lo que hace el proceso restaurativo es darle a la víctima la restauración que hasta ahora no ha podido tener. Es erróneo lo que se ha dicho de que iba a aplicar para delitos sexuales o con grave violencia”, dijo Arias.
Objeciones
La fiscal Emilia Navas, así como Róger Mata, jefe de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito (OAVD), están a favor del proyecto, pero consideran que se deben modificar varios de los artículos.
Específicamente, consideran que el artículo 6 presenta inconsistencias, al crear un órgano rector denominado “Dirección de Justicia Restaurativa”, el cual sería dependiente de los magistrados. “El ente rector tendría la posibilidad de definir el uso de recursos económicos y de nombramiento de personal y disponer sobre la estructura administrativa”, argumenta la Fiscalía.
Por otro lado, consideran incorrecto que el artículo 55 establezca la creación de una Unidad de Justicia Restaurativa dentro de la OAVD, la cual solo atendería esa materia y que además, fije partidas presupuestarias que se alimentarían del fondo de las víctimas.
“Es normal que las personas que se manejen como víctimas tengan que ser reubicadas a algún lugar. Esos recursos de traslados, tratamientos médicos y otros costos los asume la oficina. Sin que se estén generando ingresos nuevos, nos están obligando a poner recursos, carros, computadoras y plata que necesitamos para la atención de las víctimas”, dijo Mata.
Además, otra de las novedades de la ley es la atención de ofensores en temas de masculinidades, una responsabilidad que se le daría a la misma oficina de Mata, la cual tendría que dar abordaje de atención a los ofensores de delitos de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
“Esto implicaría que las víctimas dejen de recibir al año más de ¢300 millones del presupuesto de la oficina, dinero que tendría que usarse para crear la plataforma administrativa de un programa dirigido a hombres que cometen delitos de esa naturaleza”, argumentó la Fiscalía.
De acuerdo con la magistrada Arias, el proyecto permite un proceso gradual para que cada dependencia judicial direccione los recursos y presupueste los requerimientos para la implementación de la ley.
Este proyecto de ley ya tiene resultados prácticos en el Poder Judicial, en donde destaca el ahorro de ₡4.687 millones, la satisfacción de un 96% de usuarios que se sometieron a justicia restaurativa y una disminución de casos de hasta el 51% en juzgados penales juveniles.
El costo de un proceso de justicia restaurativa es, en promedio, de unos ¢340 mil, mientras que el de un proceso ordinario asciende a ¢6,6 millones.
Tras el rechazo a la moción de Volio, el proyecto avanza en comisión para su posterior votación en segundo debate, en Plenario.
