Elección de nuevos magistrados

Asamblea Legislativa arrastra nombramiento de cuatro puestos en  Corte Suprema

Se oyen propuestas de cambio para eliminar unción política de magistrados.

A la Corte Plena le faltan actualmente cuatro jueces propietarios de los 22 magistrados que la integran.

La Asamblea Legislativa arrastra desde hace más de año y medio la elección de magistrado o magistrada que ocupe la silla que dejó vacía en la Sala lV el expresidente del tribunal constitucional Gilberth Armijo, quien se pensionó en noviembre del 2015.

Otra demora importante es la sustitución del exvicepresidente de la Corte Suprema, José Manuel Arroyo, quien se jubiló en enero pasado y dejó su puesto en la Sala III, donde se resuelven en casación los juicios penales.

Diputados de diversos colores políticos ven difícil que se logre un acuerdo para que el plenario vote las ternas propuestas en uno y otro caso por la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa antes de las elecciones nacionales de febrero próximo.

Ninguna de las bancadas en el Congreso cuenta con los 38 votos necesarios para elegir el magistrado que desean promover.

Las negociaciones para conseguirlos se han dificultado por la lucha interna de los partidos por elegir a su candidato presidencial para los comicios nacionales de febrero próximo, en la que varios diputados disputaban la nominación.

Debería votarse en primer lugar la terna de candidatos recomendados para la Sala Constitucional, que fue la primera en presentarse al plenario, comentó Emilia Molina (Partido Acción Ciudadana – PAC), integrante de la comisión de nombramiento.

La legisladora oficialista expresó preocupación por el atraso y porque mientras tanto hay mucho magistrado suplente cubriendo las vacantes en los altos tribunales.

“Eso no debería ocurrir, porque estamos faltando al deber de nombrar a los magistrados que corresponden para las Salas; nosotros tenemos esa responsabilidad y en el plenario legislativo están las propuestas pero no se vota”, lamentó.

La diputada atribuyó la situación principalmente a que “los partidos tradicionales están esperando ponerse de acuerdo para ver a quién van a votar y mientras no se ponen de acuerdo no elegimos”.

Otro miembro de la comisión, Edgardo Araya (Frente Amplio) dijo que no cree que de aquí a las elecciones pase nada en cuanto a esos nombramientos, porque nadie tiene los votos.

“Si el PAC se mantiene y nosotros también, no hay los 38 votos de ninguna manera; podrán ponerse de acuerdo (las bancadas que controlan el directorio legislativo lideradas por Liberación Nacional) pero nos les alcanza, tendrían que incluir al PAC o a nosotros”, dijo.

Valga mencionar que la Constitución Política establece un plazo de 30 días para que los diputados nombren a los nuevos magistrados desde que queda o se notifica la vacante en la Corte Suprema, pero eso se ha venido incumpliendo sistemáticamente.

No hay consecuencias por el incumplimiento, porque la ley no contempla sanciones.

Mientras tanto, crece el descontento por esas demoras, que cada vez son más prolongadas, y por la forma de elegir a los magistrados y magistradas en la Asamblea Legislativa, un órgano eminentemente político, de donde los magistrados de la Corte Suprema salen con sello de compromiso ante quienes los eligen, lo cual representa un riesgo para la libertad y la independencia que debe ostentar la magistratura.

“El sistema hay que cambiarlo, eso no puede seguir siendo así”, aseguró Walter Coto, quien fue diputado del Partido Liberación Nacional y presidente de la Asamblea Legislativa. Actualmente Coto es un dirigente del movimiento que impulsa la celebración de un referendo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución Política.

Su tesis es que “hay que variar completamente el sistema, porque el sistema actual permite que la política, al elegir a los magistrados, se meta en los tribunales, y al meterse la política en los tribunales, los tribunales quedan amarrados para meterse en la política, con todo lo que eso implica para la institucionalidad del país”.

Como un ejemplo de lo que sucede, recordó que había un artículo en la Constitución que prohibía la reelección presidencial, y en un fallo la Sala IV primero dijo que dicha prohibición era constitucional, pero luego varió la conformación del tribunal y este cambió el criterio y declaró el artículo anticonstitucional. Eso fue lo que permitió que el expresidente Óscar Arias fuera candidato presidencial por segunda vez.

El jurista Manrique Jiménez, especialista en Derecho Público, señaló que un cambio en la elección de los magistrados requeriría de una reforma constitucional parcial o total, y son muchos los aspectos a considerar.

Recordó que desde hace mucho tiempo hay distintas propuestas para una modificación y que haya una mayor democratización a la hora de formar las listas.

Se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de abrir la participación a sectores de la  sociedad civil y que los colegios profesionales tengan la posibilidad presentar sus propuestas para la magistratura.

Asimismo que participen órganos de control del Estado como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, como abogado y notario del Estado; la Defensoría de los Habitantes, desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, y habría que pensar también algún tipo de propuesta por parte del Poder Ejecutivo, para democratizar más el proceso y no dejárselo exclusivamente al Legislativo, consideró Jiménez.

En esa dirección Edgardo Araya  anunció  para los próximos días la presentación de una reforma constitucional dirigida a dar una composición distinta al Poder Judicial y cambiar la forma de elegir a los magistrados y magistradas.

Lo que se pretende básicamente es que los magistrados se dediquen exclusivamente  a la casación de sentencias, y no tengan que ocuparse del gobierno del Poder Judicial como en la actualidad.

Lo que se está pensando es que desde el juez contravencional hasta la magistratura se elija por concurso, y que un consejo se ocupe de la parte administrativa, nombramientos y asuntos disciplinarios en el Poder Judicial. Este órgano deberá ser elegido por todos los jueces y juezas de carrera mediante votación secreta, apuntó Araya.

También presentarían sus ternas las cátedras de derecho de las universidades y el Colegio de abogados, y la Asamblea Legislativa sería la que ratifique.

La idea es eliminar la dependencia de los magistrados del poder político para que, cuando tengan que dictar las sentencias, no les tiemble la mano para mandar a la cárcel a alguien que haya delinquido, dijo el diputado.



Pendientes

La Asamblea Legislativa tiene pendiente desde hace más de año y medio la elección del magistrado o magistrada que ocupe la silla  que dejó en la Sala IV el expresidente del tribunal constitucional Gilberth Armijo, después de jubilarse en noviembre del 2015.

Asimismo, los legisladores deben escoger al sustituto o sustituta del exvicepresidente de la Corte Suprema, José Manuel Arroyo, quien se jubiló el pasado 1 de enero. Arroyo era magistrado de la Sala III, que resuelve en casación los casos penales.

Además, deben hacer dos nombramientos para la Sala II, que se encarga de la materia laboral y de familia. Se trata del reemplazo de la  expresidenta de la Corte Suprema, Zarella Villanueva, quien se pensionó el 13 de mayo anterior, y de Eva Camacho, pensionada desde el primero de abril último.

En el caso de la Sala IV, desde febrero del 2016 la comisión de nombramientos escogió una terna entre 25 aspirantes, que pasó al plenario para su votación.

La terna está integrada por Rosa Abdelnour Granados, magistrada suplente del tribunal constitucional (quien intenta por tercera vez obtener es puesto en propiedad), Lena White Curling, letrada de ese tribunal, y Román Navarro Fallas, abogado especializado en derecho público y derechos humanos.

Para la Sala III, la comisión de nombramientos propuso el pasado 13 de marzo, en un informe de mayoría, los nombres de Gary Amador Badilla, expresidente del Colegio de Abogados, Alex Rodríguez Campos y Patricia Solano Castro, funcionarios judiciales.

En un informe de minoría Emilia Molina y Ottón Solís propusieron una terna de funcionarias judiciales: Sandra Zúñiga Morales, Patricia Vargas González y Rosibel López Madrigal.

Entre sus argumentos para hacer esta propuesta destacaron la trayectoria de estas aspirantes como funcionarias judiciales, y que en actualidad las Sala III está compuesta por cuatro hombres y solo una mujer, por lo que se debe escoger a una mujer.

Mientras tanto respecto de la Sala II, la comisión de nombramiento empezó a entrevistar a 16 aspirantes que pretenden el puesto, en sustitución de Eva Camacho.

Aún no se ha convocado a los aspirantes a sustituir a la exmagistrada Villanueva.



 

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