La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) desistió de su propuesta para excluir en la tarifa de agua el costo de los puestos que supuestamente corresponderían a una “estructura paralela” en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A y A), por no encontrar evidencias administrativas o judiciales sobre esa supuesta anomalía denunciada por el Gobierno.
“Producto del análisis de los documentos aportados por la representación del A y A en su escrito de oposición, se desprende que no existe una declaratoria de nulidad que demuestre la existencia de una estructura paralela en los términos que ha sido denunciada por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN”, se indica en la Fijación tarifaria RE-0014-IA-2023, del 15 de agosto del 2023, en el expediente ET-113-2022.
En ese expediente, se propone reducir las tarifas del servicio de acueducto en un promedio de 8,41%. La propuesta inicial apuntaba a una reducción promedio de 10,7%.
La polémica se presentó desde el 16 de junio, cuando en el documento “estudio tarifario de oficio correspondiente al servicio de acueducto que presta el Instituto de A y A”, el intendente del agua Marco Cordero incluyó el concepto de una estructura paralela en la entidad, para excluir los costos que se asociarían a esta estructura.
Cordero hacía referencia a la denuncia de la ministra Laura Fernández de MIDEPLAN y Alejandro Guillén, presidente ejecutivo de A y A, presentada el 25 de abril del 2023 ante la Fiscalía General, alegando que funcionaba una estructura paralela en el Instituto de A y A. “Denunciamos que opera una estructura paralela o con roles, la cual no está vinculada con la estructura oficial aprobada por el MIDEPLAN y no cuenta con el visto bueno de MIDEPLAN, situación que se mantiene en la actualidad, siendo un delito continuado”, indicaron en ese documento.
La propuesta de ARESEP para excluir de la tarifa los puestos y costos que asociaba a la supuesta estructura paralela fue refutada el 7 de julio desde la Dirección Jurídica de A y A. Esta consideraba que, en la práctica, se constituía en un intento de reformar la institución por medio de las tarifas, a pesar de no contar con ningún acto administrativo o legal que demostrara la ilegalidad de estas plazas.
La polémica se decantó luego de que ARESEP concluyera que no existe declaratoria a nivel administrativo ni judicial que anule los actos que dieron sustento a la estructura administrativa actual. “Por el contrario, se aportan documentos que evidencian que se ha emitido por parte de A y A a la Contraloría y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, documentación relativa a la estructura y costos del personal que actualmente trabaja dentro de la institución”, dice el documento de ARESEP.
El documento especifica que esta situación podrá revisarse, pero solo con la existencia de una sentencia judicial firme o declaratoria de nulidad a nivel administrativo. En esta última dirección, es conveniente recordar que en entrevista con UNIVERSIDAD el 1 de agosto, la entonces gerente general de A y A Gabriela Vallejo (removida el 11 de agosto) aclaró que no era correcta la alusión a una supuesta estructura paralela, ya que no había organización duplicada: la denuncia de las autoridades apuntaba a la creación de cargos que no estaban en el organigrama original. Empero, también debe considerarse que son plazas aprobadas por la Autoridad Presupuestaria.
