El último artículo en la Ley de Protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19 (21.909) permitiría que todos los negocios que usan derivados del petróleo los compren a crédito de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Esta mañana, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) ofreció como criterio a la Asamblea Legislativa que ese artículo “debe eliminarse” porque Recope tendrá que “cubrir el impuesto único que pesa sobre los combustibles y el subsidio creado en esta ley, antes de recuperar los importes por la venta de producto”.
“No estamos de acuerdo con dar un mes de crédito a las bombas de gasolina. Eso, al final y al cabo, va a ir al consumidor. Las bombas de gasolina venden de contado y no encontramos razón para ello”, afirmó en entrevista con UNIVERSIDAD el regulador general Roberto Jiménez.
Aresep teme que los conductores sean los únicos que paguen por el sobreprecio, en tanto el proyecto de ley crea “un subsidio para la atención de la condición de desempleo” a partir del diferencial del precio de venta del combustible y los precios de las gasolinas para transporte (que son diésel, súper y plus 91).
El proyecto excluye al “asfalto, la emulsión asfáltica, el gas licuado de petróleo LGP y el búnker”, que se utilizan en construcción e industria.
El proyecto de ley mantiene los precios de venta en las bombas gasolineras que Recope publicó el 4 de marzo, antes de la emergencia del COVID-19.
Desde entonces, el precio internacional del crudo ha bajado, producto de una menor demanda del petróleo durante el aislamiento sanitario que están aplicando a nivel mundial.
Sin embargo, Aresep asegura que si mantienen los precios de los combustibles para transporte, tendrán que buscar el equilibrio de los precios del resto de derivados de petróleo que vende Recope y por los cuales paga impuestos.
“Puede haber un descalce para Recope porque en el proyecto Recope tiene que seguir pagando los impuestos sin tomar en cuenta que eso se paga en efectivo, al día, no hay plazos para eso y tenemos que pagarlos”, explicó el presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz.
“Nosotros pagamos la factura en contado, la factura de hidrocarburos se paga en contado. Al dar crédito, estaríamos afectando nuestro flujo de caja”, reiteró Muñoz.
Según dijo Muñoz, plantearon que en el proyecto de ley “se le diera discrecionalidad a Recope de hacer los estudios de esas solicitudes de crédito y aceptarlos y negarlos, según sea el caso, con las garantías apropiadas”.
Aprobado en primer debate desde el lunes 13, los diputados lo devolvieron nuevamente a ese trámite. Durante la transmisión de hoy miércoles, no se discutió la posición de Aresep ni se votó el proyecto nuevamente. Sin embargo, aprobaron una moción en que la se incluye dentro de las exclusiones del proyecto al combustible que se le vende al sector pesquero.
Gasolineros dicen que industrias serán únicas beneficiadas
La ley, en realidad, no crea los subsidios de desempleo. Estos bonos Proteger fueron anunciados la semana pasada. Por otro lado, el aporte de las gasolinas sí podría ampliar el fondo disponible para ofrecer a personas trabajadoras afectadas por el COVID-19.
Y aunque esa es la materia de la mayoría del proyecto de ley, su último artículo incluye la posibilidad de que Recope venda a crédito sus combustibles; es decir, no solamente créditos para las gasolinas de transporte, sino también todos los otros combustibles que utilizan industrias, aviones y los cementos asfálticos (búnker, keroseno, GLP, gasóleo, AV-Gas, entre otros).
“En ningún momento le hemos pedido a Recope la flexibilización del sistema de pago”, dijo a UNIVERSIDAD el director de la Cámara de Empresarios de Combustible, José Miguel Masís.
El artículo sobre crédito tampoco lo solicitó Recope, según dijo su presidente ejecutivo.
“Recope no lo propuso y no nos conviene dar crédito, no podemos asumir eventuales problemas de impago. No somos un banco”, afirmó Alejandro Muñoz.
Desde la Cámara de Empresarios de Combustible, Masís detalló que los compradores de los otros combustibles de Recope “no estarían sujetos al excedente” que tiene el proyecto.
“Son estos clientes los que estarían siendo favorecidos con créditos de 30 días. El tema de solidaridad no está bien sustentado en este concepto”, opinó Masís.
Este mismo reclamo, según explicó Masís en entrevista, se une a a que algunos industriales compran producto directamente a Recope y, después, lo venden y “se convierten en distribuidores sin autorización”.
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