La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) solicitó al Gobierno asignar un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto de educación, y no caer en la misma infracción de administraciones anteriores de no cumplir con el mandato constitucional.
“La APSE, de manera respetuosa, pero vehemente, les comunica a las autoridades de este Gobierno este requerimiento ciudadano, con el objetivo que se instruya asignar en el proyecto de presupuesto del período 2024, la suma que corresponda al 8% anual del PIB, con la finalidad que se procure el debido cumplimiento del artículo 78 constitucional”, indicó la APSE en un documento, con fecha de 11 de julio, que fue entregado a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de la Presidencia.
Asimismo en el documento, la Asociación también recordó que en el pasado la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2015, pues en ese momento se le asignó a la educación pública un presupuesto insuficiente.
“Al tenor de lo resuelto en la anterior sentencia de la Sala Constitucional, los exhortamos a no cometer la misma infracción de los Gobiernos antecesores, que bien podría constituir desacato y un incumplimiento de deberes”, mencionaron.
“Señor Presidente de la República, señor Ministro de Hacienda y señora Ministra de Educación Pública, esperamos que no hayan olvidado el juramento que rindieron más de un año atrás y cumplan con el mandato constitucional”, agregaron.
De acuerdo con una reforma al artículo 78 de la Constitución Política, del año 2011, el Estado tiene la obligación de dedicar a la educación estatal, incluida la superior, un presupuesto no menor al 8% anual del PIB a partir del 2014.
Esta norma no ha sido cumplida durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado en los períodos 2014-2018, ni 2018-2022. A ellos se suma la administración actual, la cual aprobó para 2023 el presupuesto más bajo en educación de los últimos nueve años, según la Contraloría General de la República.
Para este año 2023, según datos de la Contraloría General de la República, el presupuesto para el sector educativo ascendió a ₡2.781.003 millones, lo que equivale al 6,0% respecto al PIB. Este monto representa un decrecimiento de 1,2% respecto al presupuesto inicial del 2022, aprobado por la Administración de Carlos Alvarado, cuando la cifra ascendió a ₡2.857.977 millones.
UNIVERSIDAD publicó hace pocas semanas que hacer que el Gobierno cumpla con el mandato constitucional de invertir el 8% del PIB en educación podría exigirse en un tribunal internacional, ante la evidente ausencia de voluntad política en el país para hacerlo, según diversos expertos consultados.
