La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) denunció al Estado costarricense ante el Tribunal Contencioso Administrativo en reclamo del pago del incremento salarial del año 2020 para los empleados públicos.
De acuerdo con la presidenta de APSE, Ana Doris González, el aumento salarial de ese año fue aprobado por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público el 17 de diciembre de 2019, estableciendo que se haría un único incremento a la base de ¢7.500, con un incremento diferenciado para ciertos grupos.
Pese a que se publicó un decreto que establecía este pago para febrero del 2020, no se hizo efectivo para los trabajadores del gobierno central, incluyendo los del Magisterio Nacional, argumentando la emergencia por COVID-19.
Sin embargo, en el año 2022, el gobierno derogó el decreto que establecía esta emergencia, y dejó el pago sujeto el pago al cumplimiento de la regla fiscal, pero la directiva de APSE sostiene que esto es contrario al ordenamiento jurídico, porque condiciona el reconocimiento del incremento.
“Esto es improcedente y claramente ilegal, porque al momento de la aprobación del aumento salarial, el país no se encontraba en el escenario más restrictivo de la regla fiscal. Fue en 2021 cuando el país superó la relación deuda y Producto Interno Bruto (PIB) del 60% que se activaron las medidas extraordinarias de contención del gasto público que incluían el congelamiento salarial por costo de vida”, agregó González.
Añadió la dirigente sindical que esta situación está violentando el artículo 695 del Código de Trabajo, el cual establece que los acuerdos logrados en la Comisión serán vinculantes entre las partes y tiene un efecto retroactivo que lesiona derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.
El objetivo de la demanda de APSE es que anule el decreto 43732-H-MTSS-MIDEPLAN que estableció la limitante y se ordene el pago del aumento general al salario base de todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública.
