El momento era crítico. Se cumplían tres meses exactos desde el estado de emergencia decretado por el presidente Carlos Alvarado por causa de la pandemia de COVID-19 y se se agotan en este mes los tres meses de beneficios de pagos en muchas instituciones, para quienes pudieron acceder a ellos.
Después de dos meses de control de los contagios y de un mes de fuerte repunte, el ministro de Salud, Daniel Salas, confirmaba el jueves 18 que –al fin– se abrirían restaurantes el fin de semana, y que bares, centros comerciales y playas podrían visitarse en horario ampliado.
En su habitual mensaje del mediodía, el jerarca reafirmaba la noticia que esperaban miles de comerciantes y sus empleados en toda la geografía nacional, la llamada “fase tres” se avecinaba como una luz en el túnel para un fin de semana que incluía el plus del Día del Padre y la final del campeonato de fútbol.
Entonces, a 48 horas de abrir las puertas de su bar La barra de Pilo, Jorge Obando alistó parte de los ahorros que le quedaban e invirtió casi ₡800.000 para abastecerse de ingredientes y productos para reabrir su negocio, aunque fuera a un tercio de su capacidad.
También Isabel Araya invirtió casi medio millón para retomar actividades en su chicharronera El Chaparral, en Tilarán, y Weilhem Diermissen hizo compras por ¢3 millones y llamó a cinco colaboradores que llevaban semanas de no trabajar. Al fin un respiro, decían muchos que poca atención querían poner a aquella frase que siempre repitió el ministro Salas: “todas las medidas de apertura pueden volver atrás si las cosas se salen de control”.
Llegó el viernes 19 y algo pasó en la mañana. Circuló la noticia de que se cancelaba la final del fútbol por un aparente aumento de casos que iba a resultar cierto: se reportaría un récord de 119 enfermos en esas 24 horas, con lo que se elevaba la cifra de contagios a más de 2.000, con focos dispersos en zonas populosas. Era el cuadro que el Ministerio de Salud no quería y se avecinaba una mala noticia.
A las 11:55 a.m. la ministra de Planificación, Pilar Garrido, llamó al presidente de la Cámara de Comercio, Julio Castilla, para confirmarle lo contrario de lo que había confirmado un día antes: cancelados los planes de fin de semana, justo cuando comenzaba el fin de semana.
Lo contó Castilla después, al calificarlo como un golpe contra la libre empresa, un golpe por la espalda y un castigo injusto del ministro Salas, pero al mediodía del viernes muchos comerciantes no sabían aún que debían cancelar planes. Pese a las cifras inferiores, Costa Rica entraba en la lista de países que debían dar marcha atrás en su proceso de apertura, forzados por la segunda ola pandémica.
La incertidumbre es global, pero cada comerciante la vive en su realidad inmediata. “Yo lo intuía, pero tenía la esperanza a la que nos habíamos aferrado. Entonces me puse a ver la conferencia de prensa y ahí se vino todo al suelo. De una vez mandé a los muchachos a la casa”, cuenta Diermessen, dueño del restaurante “Mi rancho”, en Los Ángeles de San Ramón.
A Isabel Araya, que trabajaba en ese momento preparando todo, la llamó su suegra para decirle que algo estaba pasando en la conferencia de prensa. “Sentí tristeza, pero sobre todo confusión. Pasé mal todo el día porque ahora la incertidumbre es enorme”.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Jorge Redondo, dueño de bar en Oreamuno” icon_quote=”no”]
“El dolor más grande fue echar a los empleados. Iba a abrir solo con cocineras, pero ya ni eso. El negocio no me para más. Tengo cerrado tres meses y medio. Todos estamos desesperados”.
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Golpe generalizado
Según la Cámara de Comercio, durante abril y mayo el sector comercial perdió más de ₡504.000 millones, equivalentes al 1,5% del Producto Interno Bruto del país. Este costo lo llevan los 18.000 comercios costarricenses en los pasados meses de emergencia nacional, según la agrupación. “Como sector teníamos una gran esperanza y expectativa”, dice un comunicado del mismo viernes.
Ese es el sentimiento que se repite en el relato de todos los consultados por UNIVERSIDAD. Se puede aguantar la respiración un tiempo definido, incluso más allá de las capacidades, pero cuesta más sobrellevar la duda sobre cuánto tiempo más será necesario.
“Antes uno tenía la esperanza de abrir fin de semana en una fecha determinada, pero ahora ya es mejor no hacerse esperanzas. Es muy duro y tampoco uno se puede derrumbar, porque hay que transmitir a la familia y al equipo la idea de que hay que seguir adelante”, agrega Diermessen.
De este negocio vivían directamente 15 familias, al menos hasta marzo. Cuatro empleados renunciaron para buscarse la vida por su lado y los otros esperan noticias. Dos son parte de los 533.000 costarricenses beneficiarios del Bono Proteger creado por el Gobierno durante la pandemia.
Dos empleados de Isabel, en Tilarán, son parte de los 423.000 costarricenses a quienes no les han otorgado el bono de ₡125.000, a pesar de haber solicitado esta ayuda, en un contexto en que el Ejecutivo dice no poder aprobar nuevos beneficiarios por falta de recursos.
Pilo Redondo, en Oreamuno de Cartago, también tuvo que cesar a sus empleados y sumarlos a los 100.000 nuevos desempleados que tiene el país en relación con los que había un año atrás, según la Encuesta Continua de Empleo que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló el mismo jueves en que se confirmaban los planes que se cancelarían el día siguiente.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Isabel Araya, dueña de chicharronera en Tilarán” icon_quote=”no”]
“Ver que no íbamos a poder abrir el fin de semana después de toda la inversión fue algo que me dio mucha tristeza y confusión. Pasé mal todo el día. Todo cambió y la incertidumbre ahora es si esto va a seguir”.
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Desempleo en crecimiento
El presidente Carlos Alvarado decía ese jueves que la nueva tasa de desempleo, que subió a 15,7%, pudo haber sido peor y que probablemente en adelante se reduciría conforme avanzara la reapertura. En ese momento estaba en pie el plan del fin de semana y había más certeza sobre las fases, pero 24 horas después las señales iban a ser otras.
El control sanitario manda sobre las urgencias económicas o de empleo. Lo ha dejado claro el ministro Salas y lo reiteró el lunes, después de la evidencia de un fin de semana apagado para contener el coronavirus. “No queremos hacer actividad comercial con un montón de muertos encima”, dijo de manera cruda.
Después habló de manera más comprensiva y con necesidad de justificar más: “Comprendo la molestia. El jueves dijimos ‘vamos’ y el viernes dijimos ‘no vamos’ al recibir la cifra más alta. Era alto el riesgo de haber permitido el desplazamiento de esos casos en centros densamente poblados. Sé que fue de manera intempestiva. Hacemos todo lo posible para hacer análisis previo”.
Después reiteró el llamado de siempre: no hay proyección que valga si la población no cumple las medidas sanitarias, y los reportes indican que no todos las atienden. Los comerciantes lo comprenden, pero tienen objeciones.
“Claro que abrir un bar implica un riesgo. Cuando la gente toma se olvida de los cuidados, se abraza, grita, se acerca. Mentira que todos toman las precauciones y eso es un peligro, tengo que reconocerlo”, dice Jorge Redondo antes de lanzar una duda: “lo que no sé es si esto lo anuncian sobre los datos diarios o sobre una proyección”.
Ahora la situación es peor que la semana pasada porque ya no está la esperanza de un fin de semana rentable. “Podría ser el siguiente o no, ya no sabemos si prepararnos, si avisarle a los muchachos para que vengan o decirles de una vez que no”, cuenta el dueño de “Mi rancho” en San Ramón.
En Tilarán, Isabel habló con sus dos hijos para que se preparen, porque le es imposible mantener a los empleados. Uno cocina y el otro atiende en salón, si fuera el caso. Al menos alistarán comida para vender a domicilio. Es operación de supervivencia, aunque sabe que otros negocios tienen más dificultades.
El turismo también espera las noticias. La apertura de hoteles para visitantes locales es solo un paliativo. Poco se puede hacer si no se abren las fronteras a los turistas internacionales, y eso no está en los planes inmediatos.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Daniel Salas, ministro de Salud” icon_quote=”no”]
“Comprendo la molestia. El jueves dijimos ‘vamos’ y el viernes dijimos ‘no vamos’ al recibir la cifra más alta. Era alto el riesgo de haber permitido el desplazamiento de esos casos en centros densamente poblados. Sé que fue de manera intempestiva. Hacemos todo lo posible para hacer análisis previo”.
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Turismo en veremos
El cierre de fronteras vigente rige hasta el 1º de julio y tanto la directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como la Cámara Nacional de Turismo exigen que no se prorrogue esa medida tal como está.
“Ante los reiterados cambios de fechas anunciadas y la incertidumbre que persiste en el sector, Canatur está pidiendo como un ‘grito de auxilio’, que se confirme que este día el país volverá a tener llegadas internacionales”, se lee en el comunicado.
Antes, el ICT acordó “solicitar de forma respetuosa pero urgente que se proceda a la apertura de los tres aeropuertos internacionales”, empezando por ciudadanos europeos, segundo los canadienses y tercero los estadounidenses, pero sin imponerles cuarentena alguna.
El gestor del aeropuerto Juan Santamaría, Aeris, y la Asociación de Líneas Aéreas local (ALA) diseñaron un protocolo que deberá ser revisado por Salud, para aplicarse en caso de apertura de fronteras. Pero no hay nada seguro.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Marcela Trejos, gerente del centro comercial Oxígeno” icon_quote=”no”]
“La marcha atrás fue la verdad bastante dolorosa para nosotros, puesto que habíamos articulado, en conjunto con los restaurantes y los comercios, promociones especiales para el día del padre. Estábamos todos muy ilusionados y preparados para recibir a las familias completas”.
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En esa segunda semana de junio, Salas dijo que se evaluarían métodos como la trazabilidad de los turistas, tamizaje o la emisión de carnés para evitar la posibilidad de que potencien el incremento de COVID-19 en el país, pero evitó dar pistas sobre la prórroga o no del cierre de fronteras.
Los trabajadores también esperan noticias, dijo Wilson Solano en Puntarenas: “Aquí nadie sabe nada. En la mañana me dijeron del hotel que no viniera en todo junio. Entonces me comprometí a hacer unos fletes y después me llamaron que sí fuera al hotel. Entonces cancelé los fletes y luego me llamaron de nuevo que no. Ahora me quedé sin nada y tampoco sé si alguien tiene la culpa, porque diay, se trata de cuidar la salud”.
El desempleo aumenta en los meses del coronavirus
El desempleo persistente de los últimos años en Costa Rica y los primeros efectos del golpe adicional por la emergencia del coronavirus elevaron la tasa de desempleo en abril a la cifra récord de 15,7% y hacen que unas 600.000 personas estén en este momento buscando trabajo.
Esta cantidad equivale a la gente que llenaría 16 veces el estadio nacional, casi un 24% de la fuerza laboral del país, y agrupa a quienes están buscando empleo más los que ahora tienen trabajo pero buscan otro.
Estas personas forman lo que se llama “tasa de presión” en la Encuesta Continua de Empleo (ECE) publicada el jueves 18 de junio, que recoge la situación de febrero, marzo y abril, con los primeros efectos del desplome de la economía nacional ligado a la pandemia de COVID-19.
Esta ECE, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), compara esos tres meses en relación con los mismos meses del 2019 y señala que el desempleo escala a 15,7%, pues hay más de 100.000 personas que se suman a las que carecían de trabajo un año atrás. El aumento es de 4,4 puntos porcentuales y sigue golpeando más a las mujeres, pues ahora una de cada cinco está desempleada.
Esa tasa de presión, que ahora es del 23,9% del total de la fuerza laboral del país, era 19,2% al finalizar abril del 2019, lo que indica que aumentó 4,7 puntos.
A este grupo de desempleados y de personas que buscan un empleo para dejar el que tienen se podría sumar la población que solo trabaja jornadas incompletas y buscan laborar más. Es lo que se llama “subempleo”, que también subió de manera significativa (6 puntos) y ahora es 14,9% de los trabajadores ocupados. Es decir: uno de cada siete.
Estos millares de costarricenses buscan empleo en una economía que más bien decrece por el mismo efecto de la pandemia y que podría contraerse al menos 3,6% en este 2020, según previsiones del Banco Central.
Este es el panorama de empleo medido considerando un trimestre que ya incluye parte de la crisis económica causada por las medidas sanitarias para evitar la propagación mayor del coronavirus en Costa Rica.
Con esa intención el INEC decidió hacer la medición mediante una metodología llamada “trimestre móvil”, con lo cual se obtienen datos más actualizados posibles.
La reacción del presidente Carlos Alvarado no fue de preocupación: “El escenario que yo planteaba, viendo números de proyecciones, era de incluso duplicar la cifra que ya teníamos (casi 12%). Es un golpe, pero no es tan profundo como se pudo haber esperado”.
El mandatario atribuyó esa contención a medidas como la suspensión temporal de contratos, la opción legal de reducción de jornadas y reducción en los aportes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Si no se hubiera adoptado la medida de permitir tener esa base mínima contributiva, que fue un esfuerzo de la Caja, diputados y Gobierno, esas cifras de 140 mil personas a las que se les redujo la jornada se hubieran sumado al desempleo, al igual que las 60 mil suspensiones de contrato, pero obtuvimos que el tejido productivo no se rompiera. El impacto se minimizó”, dijo Alvarado.
Esta reacción molestó a diputados de oposición y gremios de empresarios, por considerarla conformista.
