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Ante un eventual paro técnico de autobuseros, Gobierno corre para presentar una propuesta al Congreso

“Si ellos (Gobierno) realmente quieren atender la amenaza de los autobuseros de decir que en enero se va a tener un paro técnico, en realidad deberían de estarse moviendo para resolver la forma en la que el Estado garantizaría a la población movilidad. (...) No sería posible ni siquiera por vía rápida tener un proyecto aprobado para enero, no es posible, considerando el trámite legislativo”, destacó la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro

Ante la advertencia de La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) sobre un eventual paro técnico en distintas rutas de servicio de autobús a partir del 1 de enero del 2023, el Gobierno señaló este martes que se encuentra trabajando en una propuesta.

En declaraciones a los medios de comunicación, luego de una reunión con alcaldes de San José, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, indicó que esperaban construir “algo” en los próximos días, pues el proyecto de ley que busca extender la vida útil de los autobuses,, aún no logra el consenso en la Asamblea Legislativa. 

“La única forma de que esto pueda cambiar es a través de una modificación legal y para ello la única vía que existe es hasta el momento lograr un acuerdo con todas las fracciones y dispensar el proyecto de trámite. Hasta el momento no se ha logrado”, externó Díaz, ante las consultas de la prensa sobre el anuncio de Canatrans, quien pidió el día de ayer a los diputados darle vía rápida al proyecto pues consideran es la única manera de mantener los servicios de 300 unidades que no podrían circular más debido a su antigüedad.

“Estamos trabajando en una propuesta a ver si es posible llegar a un acuerdo. Todavía no hemos conversado con todos los jefes de fracción para ver si de aquí al día de mañana (21 de diciembre) se puede construir algo. De lo contrario, también el CTP está trabajando en una propuesta alternativa en caso de que no se logre vía legislativa esto, pero en su momento estaremos dando más detalles al respecto”, agregó. 

Por su parte, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, mencionó que la aprobación o no del proyecto es una decisión legislativa, por lo que “el Gobierno de la República no tiene la potestad para decidir de una manera o de la otra”.

Chaves, agregó también que cualquier decisión que se tome en relación con este proyecto de ley, ya sea aprobarlo o no, tendría serias implicaciones.

“Si no se extiende la vida de esos buses, habrá áreas donde no habrá servicio. El Frente Amplio ha sostenido que es un atentado contra el ambiente y las personas con discapacidad y el Gobierno no puede hacer nada. (…) Vamos a hacer lo posible por minimizar el golpe pero golpe va a haber de cualquier manera. Va a haber un golpe si se extiende la vida útil de los buses, y también habrá cosas serias si no se extiende”, destacó. 

El proyecto de ley 22.530 acumula 130 mociones, la mayoría de estas fueron presentadas por el Frente Amplio (FA), el cual considera que la iniciativa representa un peligro para los usuarios del servicio.

Precisamente, este martes, la comisión Permanente de Asuntos Económicos solo avanzó en el conocimiento de cuatro de las mociones de fondo que, vía artículo 137, le han sido presentadas al expediente 22.530.

La diputada del FA, Sofía Guillén, quien es una de sus oponentes, señaló que nunca estará de acuerdo en que se aproveche este texto para dar más beneficios a los grandes autobuseros nacionales.

Guillén señaló también que las grandes empresas dedicadas al transporte de pasajeros, ya han recuperado la mayoría de las pérdidas que tuvieron durante la pandemia, y que existen una serie de irregularidades detectadas en grandes empresas, como el incumplimiento de la Ley 7.600 para las personas con discapacidad, el mal estado de las rampas para las sillas de ruedas, así como el mal estado general de muchos de los autobuses a los que incluso se les pretende aumentar sus años de circulación.

Por su parte, la frenteamplista, Rocío Alfaro, explicó a UNIVERSIDAD que para darle vía rápida a este proyecto -como lo quiere Canatrans- se requieren de 38 votos, “y cada día están más lejos”.

“Si ellos realmente quieren atender la amenaza de los autobuseros de decir que en enero se va a tener un paro técnico, en realidad el Gobierno debería de estarse moviendo para resolver la forma en la que el Estado garantizaría a la población movilidad. (…) No sería posible ni siquiera por vía rápida tener un proyecto aprobado para enero, no es posible, considerando el trámite legislativo”, destacó. 

La Asamblea Legislativa sesionará hasta este jueves 22 de diciembre, y se acogerá al período de vacaciones de fin de año. 

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