El planteamiento de privatizar el Banco de Costa Rica (BCR), lanzado por el presidente Rodrigo Chaves en su discurso de los 100 días de gobierno, es un reflejo de algunas de las circunstancias que marcaron la administración actual en este año, de acuerdo con un informe de coyuntura política dirigido por el sociólogo Carlos Carranza en la Universidad Nacional (UNA).
Las consideraciones legales, políticas y financieras dadas por Chaves en torno a la venta del BCR han sido parte de las contradicciones que se registran al finalizar el año, junto a obstáculos y también atributos en materia de diálogo con grupos organizados, según el informe “Costa Rica en una encrucijada: Entre esfuerzos del Gobierno, logros, contradicciones y limitaciones”.
El gobierno de Chaves, caracterizado por un estilo personalista fuerte del mandatario y un esfuerzo por una cercana conexión con el pueblo, impulsa el plan de vender el BCR a pesar de que una mayoría de la población rechaza esa idea y de la oposición de los trabajadores de la entidad, además de varias de la bancadas legislativas opositoras que dominan la Asamblea Legislativa, donde debería tomarse la decisión.
Después de análisis económicos que indican que vender el BCR no solucionaría el problema fiscal y que apenas alcanzaría para pagar una parte de los intereses de la deuda, el análisis político considera obstáculos mayores para un tema que se enmarca en la inestabilidad fiscal persistente en el país, como uno de los problemas estructurales a los que se enfrenta el Gobierno.
La privatización del BCR no arreglaría problema y solo ayudaría a pagar intereses, la idea no es popular, además de que le puede generar foco de tensión con grupos y en la Asamblea Legislativa, señaló Carranza en referencia a un poder de la República con el cual el Ejecutivo ha tenido momentos de conflicto y de acercamiento también, como se vio en la reciente aprobación de los “eurobonos” por $5.000 millones.
El BCR expresa en buena medida la encrucijada para las autoridades actuales: responder con acciones concretas pero eficaces y socialmente potables a las presiones económicas del momento, en correspondencia con la tradición de diálogo necesario para los acuerdos nacionales.
Esto, frente a fuertes problemas que no son de solución fácil ni rápida: el deterioro social reflejado en pobreza y desigualdad, los dispares modelos productivos, la urgente necesidad de reestructurar la educación pública y enfrentar la ola de violencia de manera profunda, no solo con las acciones positivas pero insuficientes de las últimas administraciones, agregó Carranza en su presentación. Esto, en medio de los aprietos financieros del Estado y la necesidad de mantener medidas de austeridad pero sin perjuicio adicional al sector social.
La propuesta de Chaves se ha centrado en un estilo de liderazgo fuerte que ha provocado fricciones, en paralelo a negociaciones “sigilosas” que el académico atribuye a Natalia Díaz, ministra de la Presidencia.
La posibilidad de alcanzar acuerdo está a la vista, dijo Carranza, poniendo como ejemplo a los “eurobonos”, a pesar del estilo fuerte que caracterizó a Chaves en los primeros meses en el poder y que atenuó recientemente. Sin embargo, advirtió que podría significar un retorno la decisión de este miércoles de anunciar su intención de suspender a la mayoría de directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con quienes ha mantenido un pulso por la aplicación de un aumento salarial.
En términos del gabinete, Carranza señaló un cambio en la notoriedad de algunos miembros del gabinete, como el caso de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y de la de Educación, Anna Katharina Muller, además de una transigencia en el tono del discurso del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, según explicó Carranza.
El analista también señaló la falta de claridad en la agenda de política exterior, sobre todo en las líneas tradicionales de derechos humanos y ambiente.
La definición de esa agenda y la apertura de canales para forjar otros acuerdos nacionales fueron señalados como desafíos pendientes para el 2023, más aún con las circunstancias económicas adversas ya señaladas por organismos multilaterales y expertos internacionales.
