Una amplia mayoría de la población costarricense apoya enseñar Derechos Humanos en las escuelas y colegios, mostró este martes la primera encuesta nacional sobre esta materia.
Un 94,2% dijo estar de acuerdo con la enseñanza de estos derechos frente a apenas un 4,3% que lo adversa, según los resultados del estudio realizado por el Centro de Estudios de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de las Naciones Unidas.
Los datos fueron dados a conocer este 10 de diciembre por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Cuatro meses atrás, la Asamblea Legislativa rechazó un proyecto de ley que pretendía que se incorporara la Declaración Universal de Derechos Humanos en los programas de estudios de primaria y secundaria, una decisión que para la jueza y próxima presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una “vergüenza universal”, según dijo en entrevista con UNIVERSIDAD.
La defensa de los Derechos Humanos fue incluso objeto de debate en la pasada campaña por la Presidencia de la República, en la que el excandidato Fabricio Alvarado, del partido de corte evangélico Restauración Nacional llegó a proponer sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de que esta entidad emitiera una opinión consultiva que abrió la puerta al matrimonio para parejas del mismo sexo.
La reciente encuesta tomó en cuenta las opiniones de .1174 personas, mayores de 18 años, a quienes se les contactó a sus teléfonos celulares. El margen de error máximo es de 2,85%.
Unos sí y otros no
Las personas encuestadas manifestaron que en Costa Rica los derechos no se respetan en igual medida para todas las poblaciones y colectivos.
Según esta encuesta, se percibe una alta protección de derechos como el refugio (84,9% de las personas consideran que el Estado sí lo reconoce), la libertad de creencia y religión (83,7%), libertad política (80,3%) y libertad de expresión (75,9%).
Otros derechos en los que se percibe alto reconocimiento son el acceso a la educación (76,5%), a la salud (75, 4%), a la alimentación (80, 6%) y a gozar de un ambiente sano (70,1%).
Mientras que la percepción sobre el respeto a los derechos por parte del Estado es menor en trabajo y vivienda dignos (60,5 y 60,3%).
“Es necesario reconocer la baja percepción del derecho que tienen las personas entrevistadas de contar con procesos de justicia pronta y cumplida (32.2%). Lo anterior representa un desafío para la institucionalidad democrática del país, especialmente para el Poder Judicial en la actual coyuntura de profundo escrutinio público y transformación institucional”, dice el informe de esta encuesta.
La ciudadanía considera que las personas con los derechos más violentados son quienes están en indigencia, seguido por los pueblos indígenas, las trabajadoras domésticas, las personas en condición de pobreza y la población LGTBIQ.
Además, las entidades a las que acudirían si sus derechos son violentados son en primer lugar la Defensoría de los Habitantes, en segundo lugar la Policía y en tercer lugar a la Sala Constitucional.
“El apoyo a los Derechos Humanos es más alto entre las personas menores de 35 años, que viven en Heredia, Cartago y San José y tienen un nivel educativo universitario. Las personas con nivel educativo de primaria, que viven Limón, Guanacaste yPuntarenas y son mayores de 35 años apoyan los Derechos Humanos menos que el promedio”, señala el informe.
Además, por primera vez se realizó un índice de Apoyo a los Derechos Humanos en los que se obtuvo una nota de 59, en una escala de 0 a 100.
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, hizo una comparación con las escalas evaluativas que se usan en las escuelas y concluyó que con esa nota “todavía no pasamos”.
