La Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco), que busca frenar la aplicación y vigencia de un decreto del actual gobierno que busca agilizar el proceso de revalidación del registro de agroquímicos.
Para distribuir y aplicar productos en el campo como pesticidas y demás, deben estar debidamente registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y durante los últimos 15 años se han reformado los reglamentos para ello.
La acción de Maoco apunta contra el decreto de la actual administración 41481-MAG “Reforma Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados”. Ese reglamento reformado fue emitido mediante el decreto 39995-MAG, del 2017.
Mediante un comunicado, esa organización calificó este nuevo decreto impugnado como “un intento de burla” a un pronunciamiento de la Sala Constitucional, en el sentido de que no pueden otorgarse más registros de actualización de plaguicidas antiguos a la luz del decreto 39995-MAG, en tanto el tribunal no se resuelva una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ecologistas en meses anteriores (expediente 18-019039-0007-CO).
Miguel Castro, presidente de Maoco, detalló que ese decreto 39995-MAG es “una reválida de los productos viejos y muy flexible, ya fue impugnado. El 41481 es una modificación de ese anterior. Es como para remachar para que no quede cabo suelto”.
Especificó que “la preocupación directa es que no haya una flexibilización tan arbitraria, a las moléculas viejas se les pide los documentos que tengan, se hace un análisis, se registran y durante los siguientes diez años se analiza si hacen daño. Eso no se puede permitir”.
Añadió que estas iniciativas afectan a la agricultura orgánica porque “nuestros insumos no son químicos, son orgánicos naturales y entonces estamos en una desventaja muy fuerte, lo sabemos desde hace mucho tiempo”.
Castro, ingeniero agrónomo fitotecnista, subrayó que Maoco y los movimientos de agricultura orgánica “no pretenden que haya un cambio de la noche a la mañana que se deje de usar químicos sintéticos, sabemos que hay que convivir, pero la idea es convivir con las moléculas que hayan sido analizadas exhaustivamente y según la normativa existente”.
Subrayó, además, el hecho de que Costa Rica “es uno de los países que está en los primeros lugares de consumo de agrotóxicos” y que eso quiere decir que “la presión por uso de químicos en Costa Rica es muy fuerte de las cámaras que distribuyen estos productos. La Cámara de Insumos Agropecuarios y la Cámara Nacional de la Agricultura y la Agroindustria (CNAA) tienen relación muy directa, los agrotóxicos son producidos por industrias muy fuertes y están relacionadas íntimamente”.
Al mismo tiempo, buscó salir al paso de “la tesis de que los agricultores no pueden producir porque no tienen moléculas buenas, menos tóxicas”, pues “si así fuera estaríamos en este momento en una crisis alimentaria muy grave”.
El movimiento ecologista realizará una manifestación frente al edificio principal de la Corte Suprema de Justicia este 25 de abril, a las 4:00 p.m.
“Incongruencia”
La administración Solís Rivera emitió una serie de decretos en busca de agilizar el procedimiento de registro de agroquímicos. Por un lado, se trató de la actualización o reválida de los productos que habían sido registrados bajo los parámetros más laxos de regulaciones anteriores, lo cual se buscó con el mencionado decreto 39995-MAG, impugnado ya ante la Sala Constitucional, entre otras razones porque excluye a los ministerios de Salud y de Ambiente y Energía (Minae) de las evaluaciones técnicas previas al registro de agroquímicos.
Por otro lado, también se estableció un reglamento para el registro de los agroquímicos elaborados a partir de moléculas nuevas, contemplado en el decreto 40059 MAG-MINAE-S, también a la espera de una decisión de ese tribunal.
Esos reglamentos fueron fuertemente cuestionados por sectores ambientalistas, por considerar que se mete el acelerador en el uso de productos que en algunos casos no han sido sujetos de análisis de toxicología crónica, es decir, a largo plazo. Tampoco ayudó el hecho de que un hermano del entonces presidente fuera gerente de una empresa del sector.
Sin embargo, la administración Alvarado poco a poco busca no quedarse atrás y en ese contexto emitió en diciembre del año pasado el decreto 41481-MAG.
Desde la Cámara de Insumos Agropecuarios, su presidente Federico Lizano, recordó que en el 2004 la Contraloría General de la República (CGR) determinó la necesidad de que la reglamentación por entonces vigente para registrar agroquímicos era muy laxa y debía reformarse.
Según dijo, antes de 2004 había cerca de 2000 productos registrados, “con esos es con lo que producimos comida en este país, la agricultura tradicional produce la comida que todos comemos todos los días, no podemos dejar de producir comida”. Añadió que ya sean fertilizantes, insecticidas, herbicidas , dermaticidas, “son los que se utilizan para producir papa, tomate, lo que nos comemos y lo que exportamos para generar divisas al país, piña, banano, melón, café”.
Una primera reforma se dio mediante el decreto 33495, publicado en enero del 2007 y que estableció una vigencia de diez años para los registros, además dio un periodo de igualmente diez años para que las empresas interesadas actualizaran la información de los productos registrados previamente.
Lizano, cuyo padre Juan Rafael a su vez preside la CNAA, relató que entonces “la industria, las empresas que representamos, corrió a buscar toda la información para lograr la reválida”, pero que “por falta de personal u otros temas, el SFE no pudo revisar todo”, al cumplirse el plazo del 2017.
Así, ese año la administración Solís produjo el ya mencionado decreto 39995-MAG, pero al llegar al 2019 “lamentablemente sucede lo mismo, no se ha revisado toda la información, en enero volvemos a la misma disyuntiva: se cancela todo y nos quedamos sin productos para producir comida, o damos más chance” y que por ello la importancia del decreto 41481, “que da 60 meses más y nos lleva al 2024, da aire al SFE para que revise toda la información que no ha revisado”.
Carlos Hidalgo, también de la junta directiva de esa Cámara, reconoció al respecto que fue hasta la publicación del decreto 33495 en el 2007 que se incluyó al Ministerio de Ambiente y Energía en los procedimientos de registro, pero “desde antes se hacía la revisión toxicológica, incluso crónica” y destacó que el Ministerio de Salud “revisaba la parte de ambiente”, aunque reconoció que ello “tal vez no es lo ideal”, pero que “toda la información que tiene que ver con peces, abejas, cómo se degrada en agua y aire, siempre se sometió”.
Lizano, mientras tanto, criticó “la incongruencia” de que por la vía de acciones de inconstitucionalidad, los movimientos ambientalistas han paralizado tanto la actualización del registro de moléculas viejas, como la introducción de las nuevas.
Finalmente Sergio Zúñiga, director ejecutivo de la Cámara, fustigó al SFE porque “ha pateado el balde para adelante, se le ha acumulado el problema de todos estos registros viejos pendientes, y además las nuevas tecnologías que podrían ayudar”; una situación que calificó como una “bola de nieve”.
Al mismo tiempo, alzó la voz de alerta porque según dijo, todo esto ha incrementado el contrabando, “ya hemos trabajado con el SFE denuncias de productos que se encuentran en agroservicios que no están registrados”.
