Una nueva propuesta de reglamento sobre la inscripción y control de plaguicidas enfrenta al sector ambientalista, los diputados y algunas cámaras de agricultores con el Gobierno.
Se trata del reglamento denominado “RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”, que se encuentra en fase de consulta pública.
Según explicó Fabián Pacheco, de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecón), en el centro de la polémica se sitúa le hecho de que la propuesta gubernamental introduce el llamado “registro por incorporación” de los ingredientes activos grado técnico (IAGT) de los plaguicidas.
Para explicar qué es el IAGT, Pacheco recurrió a una analogía en la que comparó ese ingrediente con el café, en la cual un capuccino sería el plaguicida formulado tal como se vende en el mercado y se utiliza en el campo.
Es decir, el IAGT es el elemento fundamental que aporta los componentes químicos al plaguicida y para que este se pueda utilizar en el campo, su IAGT debe estar debidamente registrado.
POLÉMICA INCORPORACIÓN
La propuesta de reglamento apunta que el registro por incorporación es un proceso mediante el cual la autoridad competente -que sería el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)- otorga el registro del IAGT “mediante la aceptación del registro de estos ingredientes otorgados previamente por un país o región comunitaria de referencia”.
Se asume que las regulaciones y evaluación integral de los datos científicos en esos países “garantizan un nivel de protección similar o superior al establecido en la normativa costarricense”.
Añade además que el registro del IAGT a incorporar “debe estar aprobado y vigente en el país” y que el otorgamiento del registro de IAGT por incorporación no exime a quien lo solicite del cumplimiento de requisitos ni de la evaluación posterior por parte del SFE.
Posteriormente, el numeral 8.4.1.1 de la propuesta apunta que bajo esta modalidad podrán registrarse IAGT nuevos que cuentan con protección de datos de prueba precisamente por no encontrarse registrados como tales o como componentes de alguna formulación registrada en el país, “así como aquellos IAGT de formulaciones registradas en el país pero que no cuentan con Registro de IAGT”.
El término “datos de prueba” se refiere a la información obtenida a partir del proceso de desarrollo del producto, sobre la cual pesan restricciones de propiedad intelectual.
Lo anterior quiere decir que, aún si en el país no se ha registrado un IAGT usado en un plaguicida dado, se autorizará su registro si ha sido previamente autorizado en Estados Unidos, la Unión Europea (UE) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pacheco criticó duramente esta medida pues según dijo elimina la evaluación de los productos por parte de autoridades competentes de los ministerios de Salud (MS) y Ambiente y Energía (Minae).
“Damos la voz de alerta porque se abre un portillo, precisamente hay mucho plaguicida formulado de venta en Costa Rica antes del 2007, cuando entró en vigencia el reglamento que pide la evaluación toxicológica”.
Por otro lado, apuntó que si se pretende introducir un plaguicida formulado nuevo al mercado que tiene un IAGT ya registrado, se puede alegar que ya cuenta con el registro necesario, lo cual “facilita a las empresas el uso de plaguicidas que no tienen evaluación toxicológica”.
Al respecto, el ministro de Agricultura y Ganadería Luis Felipe Arauz, manifestó que la propuesta incluye el registro por incorporación “únicamente” para los IAGT que “no representan ningún riesgo para la salud ni para el ambiente, porque no son aplicados en el campo”.
Añadió que en el registro por incorporación, únicamente para los IAGT se estarían validando los registros de países “con altos estándares, del nivel de la OCDE, con sistemas de evaluación iguales o más exigentes que los de nuestro país”.
Arauz añadió que son los plaguicidas formulados, “no los IAGT”, los que se utilizan en el campo y a los que se expone el ambiente o la salud humana. “Los formulados son analizados por los tres ministerios, MAG, Salud y Ambiente”, apuntó.
Desde la Asamblea Legislativa, una carta firmada por 17 diputados y diputadas de cuatro fracciones diferentes también se refirió al tema del registro por incorporación. En la misiva insisten en que se deja de lado la potestad del Minae y el MS “de velar por la protección de la salud y el ambiente después de haber sido otorgado el registro en casos que se sospeche de daños provocados por uno de estos plaguicidas”.
Suray Carrillo, diputada del Frente Amplio y una de las firmantes de la carta, afirmó que la propuesta de reglamento “facilita que estas empresas usen estos plaguicidas a diestra y siniestra, que se les asigne potestades en contra del ambiente”.
En su criterio, la propuesta también incide en que “no va a haber control en uso y manejo de plaguicidas, los envases vacíos o derrames, el equipo que se usa… todo eso se deja a la libre, si no está bajo vigilancia de esos ministerios realmente es un gran peligro”.
Sobre esas preocupaciones, el jerarca de Agricultura apuntó que en la propuesta se contempla “únicamente el tema de registro, porque este es un reglamento técnico que sigue los lineamientos que al respecto da la OMC”.
Añadió que los temas de fiscalización y control serán abordados en “un nuevo reglamento aparte” que deberá ser elaborado.
“USUARIOS” Y “REGISTRANTES”
En junio del año pasado UNIVERSIDAD publicó un estudio del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), basado en datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del censo agrícola y del SFE.
Ese estudio reveló que en Costa Rica se usan en promedio 18,2 kilogramos de plaguicidas por hectárea de cultivo agrícola, con lo cual el país ocupó el primer lugar en el mundo, superando incluso a la nada ecológica República Popular de China.
En enero de este año, en la edición No. 17 de Germinar -una revista del Colegio de Ingenieros Agrónomos- se publicó un artículo titulado “Crónica del Registro de Plaguicidas de Costa Rica”, por Edgar Rojas.
Ese artículo apunta que durante el 2015, “registrantes”, ministerios, el SFE y el propio Colegio de Ingenieros Agrónomos, “se dieron a la tarea de elaborar una propuesta de reforma al Reglamento de Registro de Plaguicidas consensuado por todas las partes, la cual fue presentada al jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería para su aprobación definitiva, prevista para el primer trimestre del 2016”.
Al respecto, se le consultó al jerarca del MAG quiénes fueron los registrantes y ministerios que participaron. Por escrito, Arauz aclaró que se trató de representantes de la Cámara de Agricultura y Agroindustrias (usuarios), de la Cámara de Insumos Agropecuarios, de la Cámara de Productos Genéricos (registrantes), del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del SFE, Minae, MS, MAG y del Ministerio de Comercio Exterior (Cómex) “en el tema de propiedad intelectual”.
En ese sentido, Pacheco reclamó que “quienes importan y venden agrotóxicos hicieron el reglamento y se lo dieron al Ministro; somos el país más fumigado del mundo, por no decir de la Vía Láctea, y se les da de premio aprobar este decreto que flexibiliza y acelera la entrada de plaguicidas”.
Ante la pregunta concreta de si la propuesta de reglamento es un portillo para que entren nuevos plaguicidas formulados al país sin evaluación toxicológica, alegando que su IAGT ya está registrado, Arauz se mostró tajante al aseverar que “esa posibilidad no existe”.
Añadió que ninguno de los sistemas de registro de IAGT establecidos en esa propuesta incluye a los productos formulados, “para cuyo registro se mantiene la participación de los tres ministerios, Salud, MAG y Ambiente, independientemente del registro de su IAGT”.
El Ministro subrayó además que se eliminó el transitorio 10 de la redacción inicial, el cual hubiera permitido que la molécula de primera generación de los plaguicidas formulados quedara registrada mientras su IAGT seguía el proceso de registro. “Esto fue considerado, por muchos de los participantes en la consulta, como un portillo que se abría y procedimos a eliminarlo del texto que ahora está en consulta internacional”, informó.
