El presidente Carlos Alvarado rechazó vetar una última ley que, según informó UNIVERSIDAD, impedirá que los medios de comunicación confirmen si existen investigaciones en curso contra personas funcionarias públicas, razón por la cual quedarían silenciados delitos de corrupción, probidad, hostigamiento sexual y otros.
“No nos ha llegado, es lo que me informan acá, para hacer todo ese proceso y análisis. Yo lo veo difícil a este punto, por los tiempos que nos dé. Si a este momento no ha llegado y son 10 días hábiles… Nosotros ya estamos, el domingo, entregando la banda (presidencial). Depende de los tiempos”, respondió Alvarado en una conferencia de prensa posterior a su cuarta rendición de cuentas.
La nueva Ley General de acceso a la información pública y transparencia fue aprobada en segundo debate el pasado 26 de abril, al cierre de la gestión de los diputados salientes. Fue aprobada con 40 votos a favor, sin discusión del tema.
Las consultas de la conferencia coinciden con la última presión de la fracción del Liberal Progresista en la Asamblea Legislativa, que un comunicado de prensa solicitan al Presidente que no firme una “ley que amordaza a la prensa”.
El Colegio de Periodistas también solicitó su veto parcial, contra los incisos de un artículo que permiten negar la información sobre casos disciplinarios y de corrupción a los periodistas.
Alvarado, quien es periodista de profesión, expresó que la tarea del veto será de su sucesor, su exministro de Hacienda y presidente electo, Rodrigo Chaves.
“Creo que es algo que corresponderá a la siguiente administración”, dijo en razón del traspaso de poderes del próximo 8 de mayo.
El 29 de abril, UNIVERSIDAD informó que la abogada y comunicadora Giselle Boza confirmó a este medio el blindaje de información sobre procesos administrativos y penales contra funcionarios públicos.
Medios de comunicación no podrían obtener respuesta de las instituciones sobre la apertura o razón de procesos disciplinarios; el estado de las investigaciones, “saber por qué la Administración Pública no ha dictado una resolución final o, en la vía penal. Inclusive la confirmación de parte del Ministerio Público de si está en fase de investigación y cuánto se ha avanzado”, según confirmó Boza, quien es directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI-UCR).
Nueva Ley de acceso a información impedirá que la prensa confirme si hay investigaciones contra funcionarios públicos
“Podría entrar la vía disciplinaria, si se está investigando a alguien. También la confirmación de la investigación: saber en qué etapa se encuentra, saber por qué la Administración Pública no ha dictado una resolución final. En la vía penal, la confirmación de parte del Ministerio Público de si está en fase de investigación y cuánto se ha avanzado”, explica la asesora del Proledi, Giselle Boza.
Ese mismo 29 de abril, por la tarde, el Colegio de Periodistas solicitó al presidente Alvarado vetar parcialmente la ley.
“De acuerdo con el análisis realizado por la Junta Directiva, los incisos d), g) y K) del artículo 8 atentan directamente contra la libertad de prensa, ya que limitan el acceso a la información, entorpeciendo así el ejercicio del periodismo investigativo y el trabajo que realizan los medios de comunicación y los periodistas profesionales”, dice el comunicado del Colper.
“En la solicitud dirigida al Señor Presidente, la Junta expresa que los incisos arriba mencionados son desproporcionados y van en contra de lo dispuesto por la Constitución Política, las convenciones internacionales y los fallos reiterados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional”, asegura el órgano colegiado.
“Es lo más contrario a los principios de la transparencia y la ética que todo funcionario público debería promover”, afirmó a medios el jefe del Liberal Progresista en la recién instalada Asamblea Legislativa, Eliécer Feinzag.
