La Alianza Sindical solicitó a la Corte Suprema de Justicia abrir un procedimiento disciplinario sancionatorio en contra de Luis Fernando Salazar por supuestas infracciones a obligaciones éticas y prohibiciones, y por la afectación a la imagen del Poder Judicial, cuando el magistrado de la Sala Constitucional habría revelado a Johnny Araya el fallo de un recurso de amparo un día antes de que se le notificara oficialmente a la persona que lo presentó.
Los hechos fueron revelados por el medio digital CRHoy.com el pasado 7 de junio, citando el informe 72-SADEF-SI-2021, elaborado por la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial.
En el documento, indicó el medio, se detalla que en una llamada telefónica con Antonio Álvarez el 22 de febrero de 2021, Araya indicó conocer el resultado del fallo del mencionado recurso de amparo, que se notificó oficialmente el martes 23 de febrero del 2021, aunque el “por tanto” estaba en línea desde el 19 de febrero.
El medio digital también informó que se había abierto una causa penal por el presunto delito de divulgación de secretos aunque la Fiscalía informó que se había solicitado la desestimación de la misma.
En consecuencia, los dirigentes del Sindicato de la Judicatura, Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, Sindicato de la Defensa Pública y Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, solicitaron que con independencia de esa investigación, se abriera en la Corte Suprema un proceso disciplinario contra Salazar “por supuestas infracciones a obligaciones éticas y prohibiciones en su labor como empleado judicial, como por la afectación de la imagen del Poder Judicial, a raíz de su comportamiento”.
En el escrito, la alianza recordó que la normativa que rige a los servidores del Poder Judicial, prevé una serie de principios esenciales “entre los cuales se cita el deber de comportarse todo el tiempo con integridad y asumir la responsabilidad de organizar sus asuntos privados para evitar los conflictos de interés; el privilegiar la independencia e imparcialidad en la gestión de las funciones, como medio para asegurar su efectivo cumplimiento y la satisfacción del interés general; la protección de la confianza y credibilidad de la función judicial”.
Así mismo, los sindicatos destacaron que la persona servidora judicial debe “evitar colocarse en situaciones de conflictos de interés que menoscaben o pongan en riesgo su imparcialidad, independencia e integridad para el ejercicio de las funciones de su cargo o puedan generar dudas razonables acerca de su objetividad o independencia o la del Poder Judicial” y agregaron que los magistrados y magistradas, especialmente y de acuerdo con la legislación, deben “dar el ejemplo”.
