Este viernes la Alianza Sindical del Poder Judicial envió un oficio a la Corte Plena en el que solicitó que si Gerald Campos, ministro designado de Seguridad, aún tiene causas disciplinarias o penales pendientes, ese órgano le niegue el permiso que requiere para dejar su puesto.
Campos funge como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y para asumir su lugar en el gabinete del presidente electo Rodrigo Chaves requiere de un permiso sin goce de salario que, según trascendió, ya fue solicitado y estará en la agenda de Corte Plena en su próxima sesión de la semana entrante.
La Alianza Sindical está conformada por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), el Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu)., el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) y el Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contaduría, Finanzas y Afines del Poder Judicial (Asprotecofi).
En el texto de la misiva enviada a magistradas y magistrados, las organizaciones apuntan que su preocupación obedece a informaciones periodísticas que en los últimos años han dado cuenta de comportamientos cuestionables de Campos y denuncias en su contra planteadas incluso por el director del OIJ, Wálter Espinoza.
Opaco historial
Se trata de casos que tienen que ver con la divulgación en 2016 de un video que mostró a Campos en aparente mal uso de vehículo institucional, cuando visitó a una subalterna en Alajuela. Un par de días después de la publicación sujetos desconocidos dispararon unas seis veces contra el apartamento de la funcionaria.
Otra denuncia que ese mismo año planteó Espinoza fue la que versaba sobre una aparente gestión de Campos en la que se habría comunicado con el Secretario General del OIJ, para solicitarle incorporar en la planilla a un hijo de un diputado. En la misma denuncia, Espinoza añadió que se comunicó personalmente con Campos, quien le admitió que fue el entonces magistrado Celso Gamboa quien le pidió “hacer el movimiento”.
Tales declaraciones constan en una nota de Diario Extra, que forma parte de una amplia lista de publicacioones de medios de comunicación sobre las den uncias contra Campos.
Dos años más tarde, se abrió una investigación contra Campos por el supuesto uso irregular de más de ¢900 mil de viáticos.
Según consignó CR Hoy, en ese momento el informe de la investigación apuntó que “se comprobó la inserción de datos falsos en las Hojas de Liquidación de Gastos de Viaje en el Interior del País para lograr el reconocimiento por parte del subdirector del OIJ y Jara del rubro de viático correspondiente a desayunos, almuerzo o cenas (acomodaban las horas de inicio y/o fiscalización de las giras para tener derecho a este cobro) y que además dichas horas coincidieran con los rangos de horas extra que cobró Jara Barquero”.
En febrero de 2020 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ante una causa por supuesto peculado que estaría relacionada con el tema de los viáticos solicitó la apertura a juicio contra Campos.
No fomentar la impunidad
Así, la Alianza Sindical solicitó a Corte Plena que antes de considerar si se otorga el permiso o no a Campos, se solicite a las autoridades respectivas el estado de las respectivas causas contra el funcionario y que, en caso de que aún falte por dilucidar “responsabilidades disciplinarias o penales, se deniegue el permiso requerido”.
Añadieron la solicitud de que “sólo en el eventual caso de que los cuestionamientos trascendidos por la prensa, se hayan adecuadamente dilucidado y aclarado, librando de responsabilidades al señor Campos Valverde, se le autorice el permiso sin goce de salario para ocupar el cargo de Ministro de Estado”.
“De no procederse como lo requerimos -apunta el oficio-, esta Corte Plena estaría contribuyendo a afectar la buena imagen institucional del Poder Judicial, dado que estaría cohonestando la posibilidad de que una persona con cuestionamientos, no adecuadamente aclarados, acceda a un puesto no sólo de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo, para el que evidentemente se requiere una prístina e inmaculada acreditación, sino que, además se estaría fomentando una eventual impunidad”.
Por otra parte, la carta de los gremios también recuerda que recientemente la misma Alianza Sindical planteó una querella contra la magistrada Roxana Chacón por difamación de persona jurídica, por lo que solicitaron que se recuse de ver esta petitoria.
La carta es firmada por Álvaro Rodríguez, secretario general de ANIC; Jorge Eduardo Cartín, secretario general de Sitrajud, José David García, secretario general de Asprotecofi; Hugo Gerardo Solís, secretario general de Sindepu y María Victoria Salas, secretaria general de Sindijud.
