La Junta Directiva de Aldesa Corporación de Inversiones S.A. (ACI) recibió en mayo del 2018 advertencias por parte de la auditora interna, Bernarda Vargas, sobre el incumplimiento que representaba que la empresa, que realizaba inversiones privadas no reguladas, mantenía un número de inversionistas que superaba por mucho el límite reglamentario de 50, pero las ignoró y siguió captando recursos que luego y a raíz del colapso no devolvió.
Así lo evidencia un dictamen pericial emitido por la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial al que UNIVERSIDAD tuvo acceso.
Según el documento, en la Sesión Ordinaria No. 03/181 del 23 de mayo de 2018, la Junta Directiva de la ACI discutió un informe de auditoría interna donde se indicó que a la fecha la empresa mantenía 392 inversionistas “lo que evidentemente ha sobrepasado el límite de 50 inversionistas, (acorde con el ROPV, artículo 6)”.
Sin embargo, reza el documento, la misma auditora dijo que “en consulta realizada al área Legal al respecto, estos manifestaron que no se está incumplimiento el Reglamento, dado que no se tiene, para todos los clientes, las mismas condiciones”.
Seguidamente, la empresa continuó la operación usual de captar recursos y de intentar reclutar a más inversionistas.
En entregas anteriores UNIVERSIDAD ha retratado el drama humano que ha representado el caso Aldesa y la lucha de las personas afectadas por recibir, quizá no el dinero invertido, sino justicia por las actuaciones de quienes tenían a cargo las inversiones.
Confusos lazos
Y es que decenas de personas, asociaciones solidaristas y personas jurídicas le confiaron a la mencionada empresa los ahorros de años con la esperanza de hacerlos crecer, pero terminaron perdiéndolo todo.
En el reportaje “Morir sin nada tras ahorrar toda la vida: impactos del caso Aldesa”, publicado por este Semanario en 2021, seis de las decenas de familias afectadas relataron cómo alguno de sus miembros fue inducido por personeros del puesto de bolsa de Aldesa (una entidad regulada) para “diversificar” sus inversiones para que fueran más provechosas, pasándolas —a menudo sin saberlo— a la ACI.
En el dictamen del OIJ, se trazan los lazos entre las dos empresas (y otras que se crearon para inversiones específicas como La Verbena, Graviton o Monte del Barco), por ejemplo, a través de sus personeros, juntas directivas y hasta convenios de recomendación de “clientes potenciales”. A través de esta relación, evidencia el informe, los inversionistas del puesto de bolsa fueron pasando a la ACI y fue así como creció la cartera de clientes.
Por ejemplo, los testimonios recabados por las autoridades confirmaron que para los inversionistas era imposible discernir cuando estaban invirtiendo en el puesto y cuándo en la empresa de inversiones privadas, pues operaban en el mismo espacio y bajo la misma imagen corporativa.
“De acuerdo con lo externado por los inversionistas entrevistados no se pudo evidenciar dentro del inmueble de la existencia de una rotulación distintiva de las empresas que conforman el grupo regulado de las no reguladas, para facilidad de identificación del cliente inversor; así mismo, para la fecha de la ejecución del allanamiento efectuado en el inmueble principal no se observaron los distintivos correspondientes, ni en las presentaciones digitales (Power point) realizadas a lo interno de ‘Aldesa’”, reza el informe.
Al mismo tiempo, en distintos momentos los inversionistas firmaron —sin saber, según dicen—, documentos donde se afirmaba que eran inversores profesionales a pesar de que no lo eran. Todo esto resultó en que eventualmente y sin saberlo, su dinero se movió de un puesto regulado a inversiones privadas no reguladas, donde eventualmente se perdió.
Menos de un año después, en marzo del 2019 la empresa comunicó a quienes le habían confiado su dinero que “la incertidumbre generada por la crisis fiscal entre los inversionistas costarricenses, durante el último trimestre del 2018, condujo a una severa merma de liquidez en el mercado” y que por eso la corporación suspendería los pagos a los inversionistas, que al día de hoy, no han recuperado su dinero.
Simultáneamente la corporación presentó ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José una solicitud de Administración y Reorganización con Intervención Judicial, que en julio del 2022 resultó en la declaratoria de quiebra de la ACI.
Al momento de la advertencia de la auditora, cabe destacar, ya tenía casi dos años de vigencia la segunda versión del Reglamento de Oferta Pública de Valores que establece claramente que una oferta de valores es pública cuando tiene “un número mayor de cincuenta inversionistas que no formen parte del grupo de interés económico del emisor, de conformidad con la definición contenida en el Reglamento general sobre sociedades administradoras y fondos de inversión, independientemente del porcentaje que representen de la emisión”.
El proceso penal por el caso está pendiente y justo este martes 28 de noviembre, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó que ya finalizó la toma de declaraciones indagatorias en el caso Aldesa.
El proceso de indagatoria implica que el mencionado ministerio le informe a las personas imputadas el o los delitos que se le atribuyen y las pruebas que existen en su contra, entonces la persona decide su declara y ofrece prueba en su favor, o se abstiene.
En este caso hay 23 personas indagadas, incluyendo a Javier Chaves (dueño) y su hermano Oscar, Diego Artiñano, Eduardo Ulibarri, Mario Montealegre, Carlos Oreamuno, Luis Mesalles y Lanzo Luconi, miembros de la junta directiva y varios funcionarios.
La fiscalía sostiene que “la causa tiene un nivel alto de complejidad”. Además detalló que la indagatoria de Javier Chaves se hizo en junio del 2019 por los delitos supuestamente cometidos contra cuatro de las 26 personas ofendidas apersonadas formalmente al proceso pero que recientemente se amplió. Chaves tiene impuestas medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.
A la fecha y según un dictamen de la curaduría del Poder Judicial, Aldesa Corporación de Inversiones y sus empresas asociadas adeudan ₡140.695 millones a personas físicas, mipymes, asociaciones solidaristas e instituciones estatales.
UNIVERSIDAD pidió a Aldesa una reacción sobre este tema, pero al cierre de esta edición ni siquiera habían dado por recibida la solicitud.
