A pesar de que el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) ordenó a la transnacional de telecomunicaciones, Alcatel de Centroamérica S. A., pagar ¢6.724 millones (unos $12,5 millones) al Estado costarricense, por evasión de impuestos, la empresa interpuso una acusación penal contra un auditor fiscal del Ministerio de Hacienda, con el propósito de buscar la prescripción de deuda, si el funcionario público fuese encontrado culpable.
Se trata de Mario Ramos Martínez, quien en la actualidad es el gerente de la Administración Tributaria de San José Oeste, pero cuando esta historia comenzó, era un auditor fiscal más del Ministerio de Hacienda, a quien sus superiores le encargaron iniciar un estudio técnico de la declaración del impuesto sobre la renta, de esa empresa, para el período fiscal 2007.
Hoy, tras investigar la evasión de la empresa de telecomunicaciones, el funcionario enfrenta una querella penal por la que Alcatel pide que lo condenen a 38 años de cárcel y al pago de casi ¢4.044 millones “por daño empresarial, comercial y moral”.
El estudio del Ministerio de Hacienda determinó que esa empresa no declaró impuestos de renta y retenciones por ¢2.184 millones y así se lo comunicó oficialmente en abril del 2011. Para ese momento, Ramos Martínez había sido ascendido a la tarea de coordinación del estudio, y la investigación directa había quedado en manos de su colega Luis Bonilla Espinoza.
Alcatel, por su parte, intentó, sin éxito, acogerse a una norma por la cual un estudio técnico prescribe si ha estado inactivo durante más de dos meses. Para ello, argumentó que el expediente estaba desordenado y adujo que cinco de las firmas, que correspondían al auditor Bonilla Espinoza, habían sido fraguadas con posterioridad a la fecha cronológica de los documentos firmados, lo que justificaría la “prescripción” de sus obligaciones con el Estado.
La transnacional trató de respaldar sus alegatos con una prueba dactilográfica y grafoscópica realizada por un particular, pero que fue presentado ante la Administración Tributaria como “perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”.
Sin embargo, en setiembre de 2011, la Administración rechazó los argumentos de Alcatel porque los documentos cuestionados tenían un orden lógico en el expediente, habían sido puestos en conocimiento de la empresa en el momento pertinente, y la empresa no los había cuestionado. También rechazó que el expediente estuviera desordenado.
Ante esto, Alcatel trasladó sus acusaciones al TFA, pero aquí también sus argumentos fueron desechados una y otra vez, y el cobro judicial de la deuda fiscal, que para entonces ascendía a casi ¢6.800 millones, quedó en firme (ver la edición 2131 de UNIVERSIDAD).
Fue entonces cuando Alcatel, mediante su representante legal, Alejandro Batalla Bonilla, presentó una demanda contencioso administrativa contra el Estado, y personalmente contra los funcionarios Bonilla Espinoza, Ramos Martínez y contra el entonces Ministerio de Hacienda, Edgar Ayales.
Además, entabló otra denuncia ante el Ministerio Público contra “ignorado” por el delito de “falsificación de documento público o auténtico y abuso de autoridad” con base en el peritaje privado que contrató. Pero, esta vez, en sus conclusiones, el peritaje agregó que “existe una mediana probabilidad” de relacionar las firmas cuestionadas con las firmas de Mario Ramos Martínez como provenientes de una misma fuente”.
En el camino, Alcatel retiró al exministro Ayales de la lista de demandados y, en algún momento entre el 2011 y el 2012, el auditor Bonilla Espinoza se vio afectado por un derrame y desde entonces se encuentra incapacitado.
Además, en julio de 2014, este funcionario cambió la declaración que había sostenido hasta el momento y afirmó ante el Tribunal Contencioso Administrativo que, a pesar de haber sido quien confeccionó y folió el expediente, las firmas cuestionadas por Alcatel no eran suyas. Al mismo tiempo, se opuso a que se le realizara un estudio grafoscópico.
Este giro en los acontecimientos permitió a Alcatel que se reabriera la investigación penal y que se detuviera el cobro judicial.
Ahora, si el tribunal fallara en contra de Ramos Martínez, este funcionario no solo tendría que pagar a Alcatel un monto equivalente a la deuda original de esa empresa con el Estado más los intereses y multas existentes al momento de presentada la acusación, y podría terminar preso por 38 años, sino que la transnacional telefónica podría solicitar la prescripción del cobro judicial de los casi ¢6.724 millones que debe al Estado costarricense.
Cuentas sin dinero
Lo anterior, fue confirmado a UNIVERSIDAD por el Coordinador de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, del Ministerio Público, Miguel Navarro. Este funcionario estimó que, en su criterio, la Fiscalía podría resolver la querella en dos o tres meses con la documentación que ya consta en el expediente (ver el recuadro: “Podríamos resolver en dos a tres meses”).
Esto, a pesar de que las abogadas de Ramos Martínez, Alicia Monge y Andrea Hulbert, han solicitado a la Fiscalía desde hace un año recabar más de 300 expedientes que se encuentran en el Ministerio de Hacienda, con los que podrían terminar de probar de manera fehaciente que no hubo tal “falsificación” de las firmas de Luis Bonilla por parte de su cliente.
Por otro lado, ante consultas sobre este caso que UNIVERSIDADO hizo al abogado de Alcatel, Alejandro Batalla, al momento de dar a conocer el monto de lo evadido, respondió que “es política de la empresa no hacer comentarios sobre los asuntos que se encuentran en trámite ante los tribunales de justicia, particularmente en este caso existen dos procesos judiciales”.
A su vez, la Dirección General de Hacienda confirmó que el cobro judicial está vigente en el tribunal respectivo, pero reveló que no pudo embargar las cuentas de Alcatel de Centroamérica S. A. “porque al no haber montos en las cuentas, los bancos no pueden practicar el embargo. No obstante, en el año 2011 se realizó el embargo administrativo sobre tres vehículos y se solicitó la conversión de embargo administrativo a judicial en la demanda presentada”.
Ante esto, el Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez, resaltó la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal, pues la legislación vigente impide a la administración ser ágil en los procesos de notificación y cobro judicial, y no protege a los funcionarios de Hacienda frente a acusaciones que derivan del simple cumplimiento de su deber.
Por su parte, Mario Ramos Martínez explicó a UNIVERSIDAD la “terrible” experiencia que está viviendo, junto con su familia, por las acusaciones en su contra cuando, paralelamente, está a punto de convertirse en el primer costarricense certificado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), como investigador de fraudes financieros complejos (ver el recuadro: “No es muy fácil de digerir…”).
Miguel Navarro, Coordinador de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, del Ministerio Público: “Podríamos resolver en dos a tres meses”
La defensa del funcionario del Ministerio de Hacienda afirma que hace más de un año pidieron a la Fiscalía recabar unos expedientes del Ministerio que probarían fehacientemente que no ocurrió la falsificación de la que lo acusa Alcatel.
-En el momento que se indagó a don Mario Alberto Ramos Martínez, esto fue en mayo de 2015, efectivamente, se realizaron las diligencias probatorias y entre ellas solicitaron que nosotros secuestráramos algunos expedientes que tiene la administración tributaria. Vi también que el Ministerio Público ha solicitado varias diligencias de investigación, entre ellas el análisis de documentación en el Departamento de Ciencias Forenses. Ese peritaje llegó en el mes de abril de este año. El hecho de que el Ministerio Público no haya recabado esa prueba que en algún momento indicó el imputado, eso no significa que no podamos tomarla en cuenta.
En la investigación, el Ministerio Público analiza todos los insumos probatorios y va a decidir si son pertinentes o no. Yo, hasta donde entiendo y hasta donde vi el expediente, con todo el material probatorio que contiene, ya el Ministerio Público tiene suficiente como para reconstruir el hecho histórico y eventualmente hacer la petición que considere pertinente. Yo voy a analizar más a fondo el expediente y, si consideramos que es pertinente, estamos trayendo esa prueba, pero si consideramos que no, que ya el material que tiene de prueba ya faculta para plantear un requerimiento del Ministerio Público por el fondo, vamos a obviar y no la vamos a traer.
¿Cuánto más van a tardar en pronunciarse sobre esto?
-Bueno, ese expediente es de 2013. Está en el rango normal de ciertos expedientes que tienen ciertas características, que duran aquí en trámite como tres años, que son los expedientes que más duran. Este expediente tiene sus ciertos bemoles que hacen el análisis jurídico y probatorio un poco más complicado que los demás. Yo, honestamente, puedo incluso pedirle al fiscal si puede lograr un requerimiento ya con lo que hay.
Está en juego una importante deuda tributaria con el Estado en un momento de déficit fiscal. ¿Asumirá la Fiscalía una actitud célere y clara al respecto?
-La fijación de la deuda tributaria es cuantiosa. De hecho, nosotros estábamos esperando el resultado de la pericia grafoscópica que le solicitamos al Departamento de Ciencias Forenses. Esta pericia llegó el mes pasado. La hicieron en marzo. Ya se puso en conocimiento de las partes. Algunos hicieron observaciones. Ese documento era lo que estábamos como esperando para ver si se tomaba una decisión con respecto a la resolución de ese expediente. Yo creo que ya con esa pericia tenemos recursos suficientes como para tomar una posición.
¿Y cuándo calculan ustedes que estarían tomando esa posición?
-De hecho, me voy a dejar este expediente para un análisis. Y estimo que si consideramos que están agotadas todas las diligencias probatorias que nosotros consideramos necesarias para reconstruir el hecho histórico, en dos a tres meses. Pero vamos a valorar si se quiere alguna otra diligencia.
¿Si en este plazo de dos o tres meses llegaran a la conclusión de que no hubo falsificación, qué acción tomarían frente al hecho de que Alcatel recurrió a acusar falsamente a un funcionario de Hacienda, para evitar el pago de impuestos por una importante cantidad de dinero?
-Lo que estamos investigando es si existe o no delito. Si hay falsificación o no, y quién podría ser eventualmente el responsable. En el asunto penal, cuando hay un delito falsario, lo que procede es responsabilizar a alguien penalmente y eventualmente pedir la nulidad de los documentos falsos. La cuestión de la fijación de la deuda tributaria, eso ya es ajeno a nosotros, ya nosotros no nos podemos meter a ver si la fijación de la deuda tributaria es válida o no, o si es correcta.
Pero ustedes podrían llegar a la conclusión de que, si no hubo falsificación, hubo una estrategia de perseguir a un simple funcionario público, de bajo rango, con el propósito de bloquear un proceso en lo contencioso administrativo…
-Vea, si nosotros concluimos en una investigación penal que hubo una denuncia falsa, allí sí responsabilizamos por haber denunciado falsamente a alguien. Pero sí tiene que estar muy evidente esa falsedad. Si la investigación lo que arroja es que no hay prueba suficiente, uno no puede decir que se denunció falsamente. Lo que se sanciona aquí, en la vía penal, y eventualmente uno puede perseguir, es cuando se denuncian hechos falsos.
Incluso hay peligro de que prescriba el cobro judicial a Alcatel.
-De hecho, en el escrito se alega que se requiere la falsedad de eso para ir a alegar la prescripción. Entonces, sí puede incidir en eso.
Funcionario Mario Ramos Martínez:“No es muy fácil de digerir…”
¿Don Mario, a raíz de la determinación de diferencias importantes entre lo declarado por Alcatel en la declaración del Impuesto sobre la renta de 2007, esta empresa transnacional lo denunció penalmente?
-Yo estoy inmerso en dos procesos judiciales, a título personal, con la empresa Alcatel. Uno, en la vía contencioso administrativa en la cual Alcatel solicitó que se condenara al Estado costarricense, al entonces Ministro de Hacienda y a dos funcionarios de este Ministerio, incluido yo, al pago de más de ¢4 mil millones, que es el monto que la empresa debía al Estado por impuestos no declarados.
Es decir, que Alcatel quiere que usted termine pagando los impuestos que ellos adeudan al Estado.
-Yo no le puedo decir lo que quiere Alcatel, pero le puedo decir lo que pretende en su denuncia. Y es que el Estado costarricense y tres funcionarios, uno de ellos el Ministro de Hacienda de ese momento, pagaran los impuestos que la empresa debía. Luego desistieron de la denuncia contra el señor Ministro de Hacienda y dejaron su demanda únicamente contra el Estado costarricense y los dos funcionarios de más bajo rango dentro del Ministerio de Hacienda.
¿Al ser una denuncia contra usted como persona, el Ministerio de Hacienda no puede proveerle de una abogada o de un abogado para su defensa?
-El Ministerio de Hacienda está impedido legalmente para poder ayudarme, sea proveyéndome permisos para que yo en ese tiempo me defienda y tampoco me puede proveer de un abogado que me defienda. Y tengo otra querella de tipo penal que presentó Alcatel contra mi persona, que es vista en la Fiscalía de Fraudes del Ministerio Público.
¿Cuál ha sido el impacto en lo personal y familiar de estos procesos entablados por Alcatel contra usted por cumplir con su trabajo como funcionario público?
-Es absolutamente terrible. Porque usted se siente como que es una persona física, sin capital, porque es un simple funcionario público, que tiene que enfrentarse a un corporativo multinacional, absolutamente solo. Absolutamente solo, sin que el Estado, que es mi patrono, me pueda defender, porque tiene un impedimento legal. No porque no quiera, sino porque no pueden. Esto me ha impactado enormemente en mi vida personal, porque no es sencillo enfrentarse a una demanda en la que le están cobrando a usted ¢4.000 millones y a una petición de condena de 38 años de cárcel. Eso no es muy fácil de digerir, para cualquier persona.
Y usted está a punto de ser certificado por la OCDE como el primer costarricense y uno de los cinco únicos expertos en el análisis de fraude complejo de América Latina.
-Yo me estoy certificando en la Academia de la OCDE como un investigador financiero complejo, y efectivamente, cuando concluya el último curso que estoy llevando actualmente, seré el primero en Costa Rica y uno de los pocos de América Latina. Y, precisamente, seremos recursos para combatir este tipo de tramas.
¿Y, hasta ahora, ha tenido que defenderse con sus propios recursos?
–He tenido que defenderme con mis propios recursos, gracias a dos abogadas muy valientes que me han ayudado defendiéndome a bajos costos. He tenido que usar mis vacaciones para poder defenderme, fines de semana, en las noches. Saliendo de mi trabajo después de la jornada laboral, tengo que salir corriendo para preparar documentos con mis abogadas.
