A diez años de la adopción del convenio internacional 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que a un 81% de éstos no se les respeta, ni reconocen sus derechos laborales, pese a que el 88% de los países cuentan con legislación al respecto.
Estas personas trabajadoras continúan su lucha porque se les reconozca su condición de trabajadores y prestadores de servicios esenciales, en medio de una de las peores crisis del mundo, donde la pérdida de empleo para este sector, solamente en América Latina rondó entre el 25% y el 50%.
Mientras que la región tiene el liderazgo en la ratificación del Convenio 189 de la OIT, pero el cumplimiento de las leyes es un verdadero desafío, ya que la informalidad continúa afectando a 71,3% de 14,8 millones de trabajadores en el hogar, según datos del organismo.
De esa cantidad de personas, 13,5, es decir, casi el 90% son mujeres, quienes experimentaron fuertes impactos, producto de la pandemia, incluyendo pérdida de empleos, reducción de las horas de trabajo y disminución de los ingresos, solamente en Latinoamérica.
Según los datos del informe “Hacer del trabajo doméstico, un trabajo decente”, los 75,6 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo -el 4,5% de los asalariados del mundo entero- han sufrido el impacto de la crisis, lo que ha repercutido en los hogares que dependen de estas personas para atender a la necesidad diaria de cuidados.
“Durante esta década hubo avances innegables en los países de la región, pero hay desafíos pendientes, comenzando por una enorme tasa de informalidad que refleja problemas en la aplicación de las leyes”, destacó Vinícius Pinheiro, director de OIT para América Latina y el Caribe.
Cuando se trata de protección social, un tema que ha resultado clave para enfrentar las consecuencias de la pandemia, solamente el 9,8% de las trabajadoras domésticas de América Latina estaban cubiertas legalmente por todas las ramas de la seguridad social en el año 2020.
Y añadió el informe, solamente las leyes de 8 países de la región les reconocen el derecho a indemnizaciones por desempleo, 13 a prestaciones por accidentes de trabajo y 15 a prestaciones por enfermedades profesionales y para aquellas trabajadoras domésticas migrantes, que forman uno de los grupos más vulnerables, 16 países les dan cobertura legal.
“La crisis ha puesto de relieve la necesidad acuciante de formalizar el trabajo doméstico a fin de que quienes se dedican a ello accedan al trabajo decente; se ha de comenzar por ampliar y aplicar la legislación laboral y de seguridad social de todas las personas que ejercen el trabajo doméstico”, manifestó Guy Ryder, director General de la OIT, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo.
La OIT destaca la necesidad de que los países pongan en marcha medidas para cumplir las disposiciones legales existentes y abordar temas que son relevantes para este sector, como la jornada laboral, el tiempo de descanso, el respeto de los niveles salariales y de beneficios como las vacaciones, así como el cumplimiento de las reglas en el caso de quienes trabajan puertas adentro.
