Organizaciones de pequeños y medianos productores y del sector campesino manifestaron su “rechazo total” al proyecto de ley 21.182 que reformaría el Código de Trabajo y permitiría jornadas laborales ordinarias de hasta 12 horas.
El expediente, titulado “Reforma a los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras” y presentado por la fracción liberacionista de la pasada legislatura, suma críticas de sindicatos, grupos de mujeres, la academia y ahora, agricultores y campesinos.
En un comunicado de prensa, la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), tomaron posición en contra de la iniciativa.
Los campesinos y agricultores solicitaron a los diputados que se rechace dicho proyecto de ley pues consideran que “va en detrimento de la vida familiar, especialmente de las mujeres que, por lo general, se encargan del cuido de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad y del acompañamiento de sus hijos, ya que únicamente tendrían tres días para atender estas responsabilidades”.
A su sector, dicen, la iniciativa no lo beneficiaría pues los procesos de producción no son continuos y “las actividades en el campo agrícola tienen una natural y lógica dependencia de la luz solar”.
“Por otro lado, el proyecto generaría un mayor desempleo en el sector agropecuario ya que la contratación de 24 horas laborales se podría hacer con dos personas trabajando doce horas en vez de tres personas trabajando 8 horas”, indican.
Los campesinos también agregaron que para tener buenas prácticas agrícolas debe considerarse no sólo en el adecuado uso de los implementos, sino también el bienestar del trabajador, entendiendo este como su bienestar físico y el de su entorno familiar y aseguran que eso se vería comprometido si se considera otra forma horaria de trabajo.
Las organizaciones aseguran que con este tipo de legislación, las brechas sociales y económicas se harían cada vez más grandes, al tiempo que el país retrocedería en derechos laborales y garantías irrenunciables, que se han logrado desde los acuerdos y convenios internacionales con la OIT, así como derechos fundamentales amparados en la Constitución Política.
“Somos seres humanos y no máquinas: el descanso no se recupera con jornadas extensas por lo que se afecta la salud, que es un derecho fundamental amparado en el artículo 21 de nuestra Constitución Política”, concluyen.
