Los fuertes lazos familiares, empresariales y gubernamentales que se tejen alrededor de Aldesa Corporación de Inversiones S.A. preocupan a decenas de inversionistas, que temen que esos vínculos sean obstáculos para la justicia y el caso quede finalmente impune.
La empresa y sus representantes legales sostienen desde hace muchos años, fuertes vínculos con el conglomerado empresarial Grupo Nación, el gobierno (puntualmente la administración Alvarado Quesada), las superintendencias del sector financiero y hasta tuvo en algún momento un complicado vínculo con la Fiscalía General de la República.
A partir de la preocupación de inversionistas afectados por la debacle de la empresa, que consideran que hubo manejos oscuros -sino “descaradamente corruptos”- tanto en la fiscalización de la misma, como en la investigación y procesamiento del caso, UNIVERSIDAD investigó las conexiones de la empresa con distintos grupos de poder (ver nota aparte: Tentáculos de Aldesa alcanzaron al gobierno, las superintendencias y hasta la fiscalía).
Este semanario conversó con varias personas, quienes personal o familiarmente, invirtieron sus ahorros en la corporación bursátil y que desde hace años no reciben de ella un cinco (ni por los intereses, ni por reembolso del capital inyectado). Todas ellas manifestaron preocupaciones sobre los poderosos vínculos que rodean a la corporación e incluso indicaron que este caso retrata los niveles de penetración que ha alcanzado la corrupción en el país.
“A mí me preocupa el país, no tanto la plata de nosotros que ya le dimos por perdida. Me preocupa el grado de corrupción al que hemos llegado” – Julio Fernández, hijo de inversionista.
Cabe destacar que según la curaduría del Poder Judicial, al momento Aldesa adeuda más de ¢7,681 millones ($12,388,786) a Asociaciones Solidaristas que representan unos 27.550 trabajadores, cerca de ¢53,861 millones ($86,872,164) a personas jurídicas y unos ¢44,839 millones ($72,321,166) a 351 personas físicas, entre las que se cuentan los inversionistas consultados.
“Yo veo esas conexiones y lo que me preocupa honestamente es el país, no es la plata de nosotros, que ya prácticamente la dimos por perdida, lo preocupante es el grado de corrupción a que hemos llegado. Es indignante”, dijo Julio Fernández, hijo de Raquel Amón, inversionista que falleció sin poder disfrutar sus propios ahorros, pues los depositó en Aldesa.
Ronny García, abogado que ha llevado casos de varias personas afectadas, incluyendo su propia esposa, comentó que en los estrados judiciales ha sido evidente el desinterés en que el caso se resuelva y se sienten responsabilidades. “yo hasta he tenido que acusar penalmente a fiscales por incumplimiento de deberes y siempre he sentido que el caso no fue suficientemente investigado por los fiscales que lo han tenido a cargo, van atrasando y atrasando hasta que la prueba se pierde o al menos, peligra”, indicó.
Otra inversionista, que pidió no ser identificada, indicó que los profundos nexos con grupos de poder económico y político no solamente explican que hasta ahora el caso no se haya resuelto, si no que “hacen evidente que todo fue premeditado”.
La mujer, que perdió los ahorros de su vida cuando Aldesa se declaró insolvente, ya no espera nada. Alega que los profundos nexos con el poder protegen de que se sienten responsabilidades. “Yo no sólo temo que haya impunidad, es que estoy segura que en eso va a terminar el caso, porque se lo han garantizado a punta de conexiones”, declaró.
Para Fernández este caso es el retrato perfecto de los niveles en que la corrupción ha permeado al país y revela que este gobierno “es el de la clase política más corrupta. Este gobierno, que sin duda es de derecha, solo le sirve a las clases privilegiadas, a los que se han robado todo, se han robado el poder, se han robado la plata y se tapan unos a otros”.
Por esa razón, dice, su familia ha asumido la lucha por la justicia en el caso Aldesa como una lucha cívica. “Esta es una lucha en contra de la clase política, en contra de la corrupción, en contra de un periódico que se calla y que encubre a grupos políticos abusadores del pueblo”, comentó.
Ronny García agregó que sin duda quienes se han sumado a la causa saben que están “luchando contra el sistema, porque todo, el poder económico, poder político y el poder mediático está permeado, es una barbaridad”
Según García, él supo que el caso no prosperaría desde que Carlos Alvarado pasó a segunda ronda y anunció su alianza con Rodolfo Piza, “por que decir Piza es decir Javier Chaves, que según tengo entendido sigue cercano al PUSC”. El partido, sin embargo, descartó que el nexo exista en la actualidad, según afirmó Randall Quirós, presidente del PUSC.
A pesar de cercanía, PUSC se desmarca de Aldesa
A pesar de tener historia compartida y de una aparente cercanía, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) asegura que en la actualidad no tiene vínculos con Javier Chaves (presidente de Aldesa), ni con su esposa Edna Camacho, ni con Óscar Chaves (director de Aldesa Banca de Inversión y secretario de la Junta Directiva del grupo bursátil).
Edna Camacho, excandidata a Vicepresidenta por el PUSC en el 2018, ha estado casada por 33 años con el presidente de Aldesa, Javier Chaves. Camacho, hoy funge como representante nacional ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, pero ingresó a la administración de la mano de Rodolfo Piza, como ministra de Coordinación Económica.
Consultado por UNIVERSIDAD, el presidente del partido, Randall Quirós aseguró que ninguno de los tres tiene participación alguna en puestos de la campaña 2022-2026, que no son parte del partido pues ninguno ha pagado las cuotas de militancia y que no han realizado aportes a la campaña de Lineth Saborío, candidata presidencial.
“En la campaña de doña Lineth 2022-2026 no se tiene ningún ingreso registrado y tampoco conocimiento que se haya aportado nada por parte de ninguno de los tres”, indicó.
Sobre el caso en cuestión y la relación del partido con las personas implicadas, la campaña dijo que “es un tema que actualmente se esta tramitando en estrados judiciales y por el respeto al debido proceso y el estado de Derecho, no se opina del mismo, ya que dichas personas no tienen ninguna vinculación en este momento, ni con la campaña, ni con el partido”.
