País Labora como letrado del juez Celso Gamboa en Sala Tercera

Abogado sancionado por desalojo ilegal aspira a ser magistrado

Letrado  llamó a fiscal para consultarle sobre audiencia en causa a exsubgerente del BCR

El aspirante a magistrado de la Sala Segunda, Justo Pastor López Vargas, de 44 años, fue suspendido durante cuatro meses del ejercicio de su profesión, en el 2006, por desalojar de manera ilegal de una vivienda a una mujer víctima de violencia doméstica.

López es actualmente letrado del magistrado Celso Gamboa Sánchez en la Sala de Casación Penal, cargo en el que debe colaborar con la redacción de proyectos de sentencias de revisión y casación en el área penal.

El pasado 18 de abril, López presentó sus atestados ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa y propuso su nombre para ocupar la silla que dejó vacante en la Sala Segunda la magistrada Eva Camacho, quien se jubiló desde el pasado 1° de abril. En esa instancia se conocen los casos de la materia de Familia.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados suspendió a Justo Pastor López Vargas por cuatro meses, entre el 19 de diciembre del 2006 y el 18 de abril del 2007, luego de recibir una denuncia que presentó de oficio el Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago.

En ese despacho judicial se tramitaba un expediente que involucraba a una mujer de apellido Chacón y a su entonces esposo, de apellido Fonseca, quien era cliente de López.

Según el acta del Colegio de Abogados, López, con colaboración de un oficial de la Fuerza Pública, engañó a Chacón haciéndole creer que tenía orden judicial para desalojarla de la casa donde habitaba, a pesar de que no era cierto.

La recopilación de los hechos indica que el Juzgado había dictado medidas cautelares en contra de Fonseca para que él saliera de la vivienda; sin embargo, López y el oficial de la Fuerza Pública (de quien no se indica la identidad) sacaron los artículos personales de su esposa y sus hijos durante la noche, así como el menaje de la casa, “creyendo ella que era efectivamente notificación de una orden judicial que le ordenaba desalojar el inmueble”, dice el acta.

La Fiscalía del Colegio de Abogados determinó que el ahora letrado tuvo una conducta “inaceptable” por realizar un desalojo improcedente e ilegal, que hizo “incurrir en un error a la señora Chacón para que dispusiera a salir en medio de la noche del inmueble en el que habitaba, y sacara sus objetos personales y de sus hijos, sin razón, improvisando su hospedaje en razón de las circunstancias y de la hora”, concluyó esa instancia.

Además, ese órgano investigador indicó que López recurrió a “mecanismos previamente elaborados para persuadir bajo engaño y en forma antijurídica, como lo fue buscar la colaboración, evidentemente anómala, de un oficial de policía que amedrentó a la señora Chacón, de desplegar un mal actuar, que muestran la intención de beneficiar a su cliente e infringir daño a la señora Chacón”.

UNIVERSIDAD intentó obtener una reacción del letrado sobre estos hechos; no obstante, al llamar a su teléfono celular, una persona que se identificó como hermano de Justo Pastor López pidió que se le volviera a llamar unos minutos más tarde, pero luego no respondió más las llamadas.

Al letrado también se le enviaron mensajes de WhatsApp, se le llamó a su oficina y se le envió un correo electrónico, pero solo contestó, a través de la oficina de prensa del Poder Judicial, que no se referiría a ese asunto.

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa debe elegir a una terna de candidatos para la Sala Segunda –donde actualmente hay dos plazas vacantes- para presentarla al plenario.

Esa comisión actualmente es presidida por el legislador Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). También, la conforman Maureen Clarke y Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); Edgardo Araya, del Frente Amplio y Emilia Molina del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El Poder Judicial indicó que López no ha tenido causas disciplinarias en esa institución.

Llamadas a fiscal

Este martes, en la Comisión Legislativa que investiga el caso del cemento chino, el exfiscal de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa Solera, dio a conocer que el letrado Justo Pastor López lo había llamado en cinco ocasiones, en marzo de este año, para consultarle si se había realizado una audiencia de medidas cautelares en una causa penal contra el exsubgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Guillermo Quesada.

Pessoa dio esas declaraciones tras ser llamado a la comisión por el diputado del PAC, Ottón Solís.

Según el exfiscal -quien ahora es asesor en el Banco Nacional-, él pretendía pedir meses de suspensión en el cargo contra Quesada, sin embargo, recordó que la audiencia se suspendía reiteradamente por la ausencia de la contraparte.

Entre lo judicial y lo político
Justo Pastor López ingresó al Poder Judicial en 1997, para ejercer el puesto de agente fiscal. Posteriormente, ocupó plazas de fiscal y juez hasta el 2005, tiempo en el que, con base en el caso documentado en el Colegio de Abogados, se dedicó a litigar.

López también trabajó en la Asamblea Legislativa entre el 1° de mayo del 2008 y el 31 de mayo del 2015, periodo en el cual ocupó varios cargos, entre ellos, fue asesor de los diputados Óscar Núñez Campos (en el 2009) y Juan Rafael Marín (hasta mayo del 2015), ambos legisladores del PLN.

El 1° de julio del 2015 ingresó al Ministerio Público donde laboró hasta el 28 de febrero del 2016 como asesor jurídico de la Fiscalía General. En ese cargo, sus jefes eran el fiscal general, Jorge Chavarría, y el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa.

Posteriormente, el 1° de marzo del 2016, López fue nombrado letrado de Gamboa, quien fue electo magistrado el 10 de febrero de ese año.

 

 

 

 

 

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