En el 2003 Luis Fernando Guevara, fue despedido de su trabajo como misceláneo por el Ministerio de Hacienda por tener una discapacidad intelectual, aún cuando no interfirió con sus tareas durante los dos años que fue interino, ni durante los ocho años previos en los que ‘de forma gratuita’ limpiaba al tiempo que su madre trabajaba -también como miscelánea de esta institución-, contó su abogado Jorge Emilio Regidor.
“La discapacidad de Luis Fernando no es ningún obstáculo para que él realice el trabajo (…) la oficialía mayor del Ministerio solicitó que lo nombraran en forma interina ya que él realizaba esas labores de forma óptima como cualquier otro misceláneo” aseguró su hermano, Jose Guevara, el pasado 24 de marzo en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El martes, tras 17 años de iniciar el proceso, la CorteIDH por unanimidad le dio la razón en la sentencia denominada Guevara Díaz vs. Costa Rica y condenó al Estado por haberlo discriminado a su contratación en un puesto “de igual o mayor jerarquía” o al pago de una indemnización por $25 mil.
“(…) existió una diferencia de trato hacia el señor Guevara, la cual estuvo basada en su discapacidad intelectual. Dicha diferencia se realizó sin que existiera justificación objetiva y razonable que la sustentara, y fue la razón principal por la que no se nombró al señor Guevara en el puesto de Trabajador Misceláneo 1 en propiedad. Lo anterior constituyó un acto de discriminación directa en el acceso al empleo, y por lo tanto una violación al derecho al trabajo de la víctima” concluye la sentencia.
Regidor celebró que “es la primera sentencia en materia de discapacidad y es un antecedente que va a abrir una puerta a todas las personas que sufren discriminación porque le habla a todos los gobiernos latinoamericanos sobre cómo deben tratarlos y ahora otros pueden seguir el ejemplo”.
El abogado también contó que el Estado luchó por traerse abajo la denuncia, por ejemplo, alegando que no se habían agotado la vía judicial. Bajo ese argumento también intentaron llegar a un acuerdo amistoso que Regidor consideró ridículo porque le ofrecían “ponerlo en lista de espera” para ser recontratado.
“El Estado por todos los medios intentó evitar una condena porque es muy deshonrosa” dijo Regidor.
Tras el desgastante proceso legal del caso y las afectaciones emocionales que sufrió Guevara, que actualmente tiene 52 años, se suma que actualmente enfrenta el duelo por la muerte de su madre por lo que aún no decide si volverá a trabajar para el Estado u optará por la indemnización, según su abogado. La sentencia les otorga un plazo de seis meses para comunicar su decisión.
Por otro lado, Regidor espera que tras la sentencia, que también ordena un plan de capacitación para funcionarios del Ministerio de Hacienda en materia de igualdad y no discriminación a personas con discapacidad, abra una discusión sobre los derechos y el trato que deben recibir estas personas.
Oficios aludían a su discapacidad
En el 2003 Guevara dejó de trabajar en Hacienda por ser rechazado en le proceso de concurso que convertía su plaza en propiedad, a pesar de que obtuvo la mejor nota en el proceso de selección para la plaza en propiedad y que llevaba dos años en el puesto.
El examen era el mismo, “la única diferencia es que se le aplicó de forma oral y no escrita” aclaró Regidor.
Luis Fernando, sin embargo, el Jefe de Mantenimiento Institucional solicitó por medio de una carta que no le dieran el trabajo:“(…) solicito nombrar alguna persona funcional para el puesto (…) información brindada por su madre), considero no es una persona acta (sic) para el puesto.”
Al inicio, durante el tiempo que Luis Fernando Guevara fue interino, recibió apoyo de sus compañeros y jefaturas. Pero durante los últimos meses empezó a sufrir bullying de algunas personas y las burlas lo llevaban a bloquearse mentalmente y en ocasiones a llorar, contó su hermano José Guevara.
Tras el despido, agregó, la situación se agravó y Luis Fernando cayó en depresión.
“Antes del despido Luis Fernando era un joven alegre, con gran deseos de servir como persona, muy colaborador y se sentía muy útil con la labor que estaba realizando. Después del despido le dio una crisis de depresión, mostraba poco interés por las cosas que hacía, decaído, sin esperanza, con problemas para dormir, sin energía, sin ganas de comer ni de beber absolutamente nada. No quería ni siquiera salir de la casa, mucho menos del cuarto” contó.
En el 2005 Guevara, su madre y el sindicato del Ministerio de Hacienda presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ser rechazado el recurso que interpusieron ante la Sala IV por considerar que el proceso de contratación cumplió con lo establecido en la ley.
El proceso de admisión a la CIDH más el juicio de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) duró 17 años y determinó que dos oficios de funcionarios que hacían alusión a la discapacidad de Guevara demostraban que el despido de Guevara había sido un acto de discriminación y que el Estado violentó los artículos 24, 26, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La conclusión se reforzó por falta de motivos para no nombrarlo en propiedad, ya que cumplía con los requisitos y que tras dos años de trabajo “no existían informes sobre el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y que, por el contrario, se le reconoció su efectividad en el trabajo”.
