El abogado constitucionalista contratado por la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) para que impugne en Sala Constitucional la ley que limita la reelección de alcaldes advirtió a esta institución que eso sería improcedente y por eso desistió de realizar ese trabajo.
Carlos Arguedas, exmagistrado y exdiputado, concluyó que la UNGL no sería un actor legitimado para una acción de inconstitucionalidad y que tampoco puede destinar sus recursos públicos para la defensa de funcionarios municipales concretos.
Por eso Arguedas envió una carta a la UNGL en la que indica que se abstiene de ejecutar el trabajo para el que fue contratado por un monto de c6,8 millones para combatir la aplicación de la ley que quedó aprobada en el cuatrienio anterior.
“Yo no podría cobrar por un trabajo que no se puede hacer”, justificó Arguedas en declaraciones a este semanario, tras explicar sus argumentos jurídicos y éticos.
El constitucionalista dijo que la vía de la acción de inconstitucionalidad es un recurso que sí podrían aplicarlo funcionarios particulares o una asociación de ellos, como ya lo presentó la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (Anai).
Sin embargo, dijo que no está en la razón de ser de la UNGL la defensa de derechos individuales o corporativos, como tampoco sería legal que destine dinero de origen público para que terceros ejecuten esos recursos como actores legitimados ante la Sala Constitucional.
“Me dio la sensación de que la UNGL no es un eventual actor legitimado para presentar esta acción. No tendría posibilidad de superar el filtro de la admisibilidad. La Sala la iba a rechazar de plano por falta de legitimación. Yo debía advertir que el partido se había terminado antes de empezar”, añadió Arguedas.
Añadió que la ley establece que algunas instituciones sí puede acudir a la acción de inconstitucionalidad para defender derechos de terceros (difusos o colectivos), pero que la UNGL no está entre ellas.
De esta manera la UNGL, presidida por el alcalde de San José Johnny Araya, deberá repensar sus intenciones de evitar la aplicación de ley que se impulsó para acotar el poder de los alcaldes, que hasta ahora han podido reelegirse de manera indefinida.
Karen Porras, directora de la UNGL, dijo esta semana a UNIVERSIDAD que esa ley choca con la autonomía municipal y que fue procesada en tiempos indebidos por la cercanía de la campaña electoral del 2022, además de afectar a más de 6.000 funcionarios de este sector, según su criterio.
La reforma legal se tramitó y aprobó al calor de los cuestionamientos por casos de corrupción en distintas municipalidades, los cuales motivaron la suspensión de seis alcaldes y elevaron el interés público del régimen municipal, que ha ido ganando poder relativo en las últimas dos décadas.
