“Ana” tiene 32 años y vive en una casa pobre y alquilada. Con ella viven su hermano menor, sus dos hijos y, desde hace siete años, dos sobrinos, quienes quedaron a su cargo luego de que su hermana, “María”, y su madre, murieran a manos de un femicida.
En 2016, cuenta la mujer, María decidió terminar su abusiva relación de matrimonio y lo informó al que fuera su esposo, cuya respuesta ante el aviso fue atacar —machete en mano y con sus hijos presentes— a María, a su madre y a su suegro, único sobreviviente del evento.
El femicida fue detenido en el acto y le dieron un año de prisión preventiva, luego fue enjuiciado y condenado a 71 años de cárcel por el asesinato de las dos mujeres. Adicionalmente, la corte reconoció que se trataba de femicidios, es decir, que la razón del crimen fue la violencia machista emprendida, especialmente contra María, por el hecho de ser mujer.
Cabe señalar que los nombres de las personas en esta historia se han cambiado con el fin de proteger a sus familiares (especialmente, a los hijos de las víctimas) de cualquier estigma o señalamiento.
Durante la peor parte del proceso, dice Ana, recibió apoyo del gobierno local de donde vive, de agrupaciones privadas y, en algún momento, del Estado. No obstante, conforme pasó el tiempo, las opciones fueron limitándose y, cada vez, salir adelante es más difícil.
Con cuatro niños a cargo y solo dos adultos —ambos desempleados— en casa, es complicado juntar el dinero del alquiler, pagar recibos, comprar comida e insumos escolares. “Si uno paga alquiler, sinceramente, lo que le queda es casi nada, y si uno compra comida queda debiendo el alquiler, que es peor, porque lo echan”, dice.
Los únicos ingresos del hogar son las becas de los niños, que se usan estrictamente en asuntos educativos, y un monto mensual que le entrega el Patronato Nacional de la Infancia, aunque eso solo alcanza para el alquiler.
El año pasado Ana celebró la promulgación de la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, como decenas de familias en condiciones complejas que se volvieron casi imposibles a causa de un doloroso crimen.
La mencionada normativa, que se aprobó al final de la legislatura pasada, obliga al estado a crear un fondo para otorgar reparación integral para personas familiares que, como resultado del femicidio hayan perdido madres, hijas, hermanas, nietas, sobrinas o tías, sufriendo consecuencias psicológicas, sociales y económicas.
Así, se establece un impuesto a las armas de fuego (que, efectivamente, se empezó a cobrar meses atrás) para financiar que el Estado otorgue a los menores sobrevivientes medio salario base mensual para su sobrevivencia. Además, establece que deben priorizarse estas familias en servicios de salud, asistencia social, etc.
“Yo no entiendo mucho, pero esperaba que con eso nos dieran prioridad para ayudarnos, sea en el Imas o en cosas de salud, si los niños ocupan psicólogo o así, yo misma creo que lo necesitaría”, indica Ana.
Sin embargo, las condiciones no han cambiado y la mujer, hace meses, está esperando respuesta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), donde debió haber sido priorizado su caso.
Una ley que se queda en el papel
Oscar Morera, padre de Eva Morera —una joven que murió víctima de femicidio en 2019—, y vocero de la agrupación Familias Sobreviviendo al Femicidio, dijo que el problema es que la ley no se conoce porque el gobierno “no ha hecho su parte”.
Según contó Morera, luego de la publicación de la ley en La Gaceta (en mayo del 2022), al ejecutivo le correspondía emitir un reglamento en el plazo de seis meses, pero aún no lo ha hecho.
Así mismo, dice, el Instituto Nacional de las Mujeres no ha informado ni capacitado a otras instituciones en cómo deben aplicar la ley, por lo que esta “se está quedando en el papel”.
Morera cuenta que, una vez instalada la administración Chaves Robles, las familias intentaron acercarse al Inamu para avanzar con la reglamentación de la ley, pero que las propuestas de las jerarcas evidenciaban un gran desconocimiento en temas de derechos humanos y el proceso no era realmente participativo.
El activista cuenta que, en cierto punto, incluso, la administración trató de convertir la ley en una forma para obtener réditos políticos, desvirtuando la naturaleza de la normativa. “Por ejemplo, querían dar a las familias, en vez de un monto mensual como dice la ley, un monto único grande, aunque menor a lo que sumaría el monto mensual. Claro, para sacarse la foto”, dijo.
Morera explicó, además, que a lo largo de todo este tiempo se han identificado una serie de carencias o mejoras posibles y, por eso, han elegido apostar por plantear reformas a la ley.
Primeramente, cuenta, intentaron acompañar el proceso del Inamu para cambiar para bien la legislación, pero, ya avanzado el proceso, decidieron buscar alternativas pues sus voces no estaban siendo escuchadas, sus observaciones no eran tomadas en cuenta y, finalmente, dejaron de responderles.
“Supuestamente iban a presentar las reformas en extraordinarias, pero a nosotros nos quedó clarísimo que todas las reformas que ellas estaban proponiendo no tenían ambiente y no pretendían reforzar el tema de la reparación monetaria”, dijo.
Por eso. y en vista de “la falta de voluntad del ejecutivo”, se acercaron al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa desde donde, en conjunto con los equipos de trabajo de quienes integran la Comisión de la Mujer, han estado elaborando una propuesta de reforma que sea realizable, eficiente y acorde con los principios de derechos humanos.
Es inadmisible, concluyó Morera, que a un año de entrada en vigencia de la normativa no solamente no se estén entregando los recursos económicos —aunque sí se están recaudando—, sino que cuando una familia requiere ayuda y recurre a una entidad especificando su situación y lo que dice la ley —como hizo Ana—, tope con instituciones que le dicen que “esa ley no existe, usted no tiene prioridad, haga fila”.
“Mandar una circular, hacer un taller es algo que es fundamental y sencillo, algo que podrían haber hecho hace un año y ni siquiera eso han hecho”, indicó decepcionado.
“Nosotros seguiremos haciendo lo posible por sacar a estos chicos adelante, por apoyarlos en todo lo que necesiten, no solo en lo económico, sino también en lo psicológico. Porque es difícil, claro, pero no queda de otra. Hay que hacerle frente y ojalá, algún día llegue la justicia y nos ayuden”, finaliza Ana.
UNIVERSIDAD remitió consultas al Inamu mediante su departamento de prensa para conocer qué esfuerzos y procesos se han puesto en marcha para que arranque el cumplimiento de la norma referida en este reportaje, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
