A pocas horas de que entre en vigencia la Ley Marco del Empleo Público, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) convocó a sindicatos y diputados de la Asamblea Legislativa a un “Diálogo Nacional con el objetivo de discutir, analizar y construir de forma colectiva un anteproyecto de ley que reforme la Ley Marco de Empleo Público”.
Organizaciones sindicales compartieron con UNIVERSIDAD las invitaciones que les fueron enviadas y en las que se les convoca al proceso, que tendrá lugar del 20 de marzo al 13 de abril.
“La discusión, análisis y construcción se realizará por medio de mesas de trabajo orientadas por observadores externos del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y de la Organización Internacional del Trabajo”, detalló el ejecutivo.
En la convocatoria, el Mideplan detalló que el proceso estará organizado por mesas de trabajo por “familias de puestos”, que se establecen en la mencionada ley. Cada una será integrada por representantes de la Dirección General del Servicio Civil, de las instituciones que pertenecen a cada familia de puestos, jefes de fracción o asesores de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa y sindicatos.
Esas mesas, aseguran, “serán espacios donde se discuten, analizan y articulan las propuestas de reforma a apartados de la Ley Marco de Empleo Público, dichos acuerdos se formulan colaborativamente”. Eso sí, será el Mideplan el que se encargue de la “síntesis y el análisis” de las propuestas de las mesas de trabajo para su incorporación en la reforma, que luego se entregará a los jefes de las diferentes fracciones legislativas.
Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, afirmó que quedan en el aire las objeciones al cuestionado reglamento a la ley y si la ley actual queda “suspendida” de facto mientras nace la “nueva criatura”.
“Para ANEP esta ley es imposible de corregir”, dijo y agregó que se no podría hablar de empleo público sino se puede hablar de los reales componentes del desastre de las finanzas públicas, de las obligaciones supraconstitucionales del país en materia de derechos humanos, de las autonomías constitucionales o de la prohibición de regresividad en materia doctrinal de Derechos Humanos en tratándose de derechos económicos, sociales y culturales.
Añadió que esta organización no hablará de Empleo Público si no están en mesas las “obligaciones-país en materia Supra-constitucional como son los tratados de derechos humanos, a los cuales Costa Rica está sometida”.
Finalmente, dijo, manifestó la desconfianza de su organización hacia la participación de la OIT en el proceso.
