Desde hace casi un año la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) mantiene en “etapa preparatoria” una denuncia que recibió por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en la que se señalan aparentes irregularidades en la contratación de vehículos durante la campaña electoral de Liberación Nacional (PLN) para las elecciones municipales de diciembre de 2010, que ascienden a ₡214.540.000.
La denuncia se fundamenta en un estudio realizado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, el cual determinó que se dieron situaciones tales como que en algunos casos se pagó la mitad o menos del monto contratado por el alquiler del vehículo, que los arrendatarios no firmaron los cheques respectivos o que se firmaron contratos por dos meses, pero los dueños de los vehículos de antemano sabían que no iban a ser utilizados o que solo serían aprovechados el propio día de las elecciones.
De acuerdo con el informe enviado al Ministerio Público este último hecho, respectivamente, apunta al reconocimiento de que “la formalización y el pago de tales arrendamientos de vehículos era una forma de recibir recursos para el cantón al que pertenecen, para su utilización en otros gastos electorales”.
“Caso con prioridad”
Ese documento también apunta que pudieron haberse dado otros delitos como falsificación de firmas, contribuciones ilegales y uso de cuentas personales para evadir los controles electorales.
La denuncia fue presentada desde el 9 de octubre del 2020. Sin embargo, aún la Fapta no ha planteado acusaciones.
Mediante la oficina de prensa institucional, desde esa Fiscalía se informó que la causa “se encuentra en investigación dentro de la etapa preparatoria”, que el expediente se tramita por el presunto delito de estafa y se sigue contra “ignorado”. Es decir, “por el momento ninguna persona ha sido individualizada como imputada”.
Respecto al tema de una posible prescripción de la causa, la Fapta observó que los hechos a que refiere la denuncia habrían ocurrido entre los años 2010 y 2013, pero que recibió la denuncia de parte del TSE hasta el año pasado y, debido a ello, esa Fiscalía “tramita el caso con prioridad, para establecer tanto la presunta comisión del delito como la fecha exacta de prescripción de los hechos”.
La información recibida por la Fapta se limitó a indicar que “debido a que la fase en que se encuentra el expediente es privada, no es posible brindar mayores detalles, puesto que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”.
“En todos los cantones”
Se buscó la posición desde el propio PLN, en la cual la presidenta del partido, Kattia Rivera, remitió las consultas a la tesorera, la exdiputada Paulina Ramírez, pues adujo que los hechos denunciados se dieron antes de “mi ingreso”.
Ramírez por su parte informó que “no hemos sido notificados ni tenemos el documento del TSE”, al tiempo que aseveró que en el momento en que recibamos el informe, de inmediato estaríamos abiertos a entregar toda la información que requieran y a facilitarles acceso a toda la documentación”.
La exdiputada también señaló que en 2010 no era ella la tesorera del PLN, sin embargo, aseguró que “se cuenta con el respaldo suficiente de todo lo que se tramitó en aquel momento como partido, tenemos toda la documentación necesaria para facilitársela a los tribunales”.
El informe del TSE apunta que la investigación incluyó entrevistas a personas arrendatarias de vehículos y funcionarias del PLN.
Señala que para esas elecciones municipales de 2010 se aprobó una contribución estatal para el PLN por un máximo de poco más de ¢2.000 millones. El partido, a través de su entonces tesorera Alicia Fournier y el subtesorero Alex Sibaja, presentó una solicitud de liquidación por más ¢1.543 millones, pero se les reconoció ¢1.473.529.506,89
En ese trámite, la cuenta de “arrendamientos” se estableció por un monto de ¢267.889.094, de ellos ¢245.185.000 se destinaron al alquiler de vehículos y ¢22.704.094 al de locales.
De ese monto para arrendar vehículos, ¢30.645.000 correspondieron a alquileres el propio día de las elecciones, los restantes ¢214.540.000 se destinaron a arrendamientos con plazos de dos meses, siempre dentro del proceso electoral municipal. Es precisamente bajo ese rubro que se habrían cometido los hechos denunciados por el Departamento de Financiamiento del TSE.
Del informe se pueden destacar testimonios como el de Carlos Luis Mora, quien ganó esa elección para ser alcalde de Buenos Aires de Puntarenas. En una entrevista realizada en febrero de 2012 dijo que el partido asignó gastos locales según el tamaño y la población de cada cantón.
Según se lee en ese documento, el testimonio de Mora es que “estos dineros se canalizaron a través de los contratos de arrendamiento de vehículos y locales, ya que era el único dinero con el que se contaba, y todos los gastos locales de la campaña se debían pagar con estos dineros, siendo los dirigentes del comando del PLN, específicamente los de la organización territorial, quienes dieron la directriz. Esto se aplicó en todos los cantones”.
Ese testimonio añade que “Alex Sibaja, entre otras personas del Comité Central daban las instrucciones a seguir”.
