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73 expertos coinciden en que deuda del Estado con la CCSS es uno de los mayores riesgos financieros de la institución

Hasta finales de febrero de este año, esta deuda ascendía a los ₡3 billones. Para Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la institución, la probabilidad de que el Gobierno continúe sin pagar es “extremadamente alta”.

73 expertos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) coinciden en que la deuda del Estado con la seguridad social es uno de los cinco mayores riesgos financieros que pueden afectar la operación de los seguros de salud y pensiones de la institución.

Así se señala en el documento denominado “Mecanismos para desarrollar la Evaluación, Control y Seguimiento de los Riesgos que afectan las finanzas en los Seguros de Salud y Pensiones”, emitido en julio del 2022, por distintos funcionarios del Área de Administración del Riesgo, Gestión Administrativa y Logística, Tesorería General y Formulación de Presupuesto de la CCSS.

“Los seguros de salud y de pensiones requieren revisarse en pro de un mejoramiento continuo de los mecanismos y herramientas que permitan identificar, evaluar, controlar, mitigar y dar seguimiento a los posibles riesgos intrínsecos a su operación, con el fin de otorgar servicios sanitarios y de pensiones al máximo número de personas y con la mejor calidad posible”, se lee en la presentación del informe.

Según datos de la Gerencia Financiera de la CCSS, al 28 de febrero de este año, el Estado acumulaba ya una deuda por ₡3.077.792,4 millones con la seguridad social, como resultado del impago de sus diferentes compromisos.

Del total de la deuda, ₡2.546.597,3 millones (82,74%) corresponden al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), y ₡531.195,1 millones (17,26%) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Esta deuda que ha sido ignorada por diferentes administraciones —incluida la actual— se encuentra compuesta por diferentes compromisos, tales como el traslado de servicios de atención primaria a la CCSS, el Código de Niñez y Adolescencia, las cuotas complementarias y subsidiarias del Estado, leyes especiales, cuotas estatales y la Ley de Indigencia.

A este riesgo se suman otros como la baja participación femenina en el mercado laboral, la migración y el gasto hospitalario que carece de mecanismos y modelos robustos de planificación, entre otros.

Deuda con CCSS es el riesgo más alto

Para Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la CCSS, la deuda del Estado con la seguridad social es, sin lugar a dudas, el riesgo financiero más alto que tiene la institución.

“El retraso en los pagos ya se da, así que es un daño materializado. (…) ¿Cuál es la probabilidad de que el Estado siga sin pagar? Yo diría que es extremadamente alta, dado que el presidente y el ministro de Hacienda dan a entender que no van a pagar, entonces, por lo menos, por los próximos tres años no van a pagar”, indicó Ramos, destacando que la cifra aumenta año con año, pues no se pagan los compromisos anuales, ni se amortiza a la deuda acumulada.

“En el 2022, se dejaron de pagar ₡250 mil millones, me imagino que en el 2023 se dejarán de pagar otros ₡250 mil millones o más. Cada año la bola de nieve se hace más grande porque incumple un monto mayor. Los demás no son triviales, pero son más pequeños desde el punto de vista de potenciar inestabilidad para una institución. Por eso, para mí, era prioritario llegar a un arreglo de pago viable”, añadió.

A la fecha, el Gobierno liderado por el presidente Rodrigo Chaves no ha presentado ninguna propuesta para saldar la billonaria deuda. En esa línea, la única acción conocida es la creación, el pasado 27 de junio, de una comisión interinstitucional. Este órgano dará inicio a un proceso conciliatorio en relación con el monto que el Estado adeuda a la institución y así definir la ruta para saldarla.

 Otros riesgos

A los riesgos “muy altos” de la institución se suman tres operativos. Uno de ellos se refiere al hecho de que “la recuperación de las contribuciones de la seguridad social podría limitarse por los mecanismos disponibles, la eficiencia y la oportunidad de la gestión de cobro institucional”.

En esa línea, Ramos recordó que históricamente la CCSS recogía una única vez la declaración de trabajador independiente y básicamente cobraba por años o décadas con base en esta; sin embargo, en 2017 se cruzó la base de datos de la institución con la de declaraciones del impuesto de renta de Hacienda, cambiando abruptamente el panorama.

“Se dieron cuenta que se declaraban a Hacienda montos más altos que los que se facturaban en la CCSS. El problema es que los trabajadores independientes no tenían la misma facilidad para declarar sus ingresos en la CCSS que la que tenían en Hacienda. Se les empezó a cobrar hacia atrás. (…) Les cayeron con montos impagables a la mayoría. Diez años más intereses causaron un caos social innecesario”, señaló.

Entre los riesgos operativos “muy altos” también destaca la poca participación de las mujeres en el mercado laboral, lo cual tiene una afectación sobre el seguro de salud, pero no en el de pensiones.

“Si una mujer no tiene labores remunerados, y no tiene una pareja que la asegure, corre el riesgo de falta de aseguramiento, pero en el seguro de salud esto no exime la posibilidad de que ella tarde o temprano use los servicios, en una emergencia, ahí hay un contingente para la CCSS; mientras que, a nivel del seguro de pensiones, si ella no cotiza, pues no va a tener pensión”, indicó Ramos haciendo alusión a que en el caso del seguro de pensiones el no cotizar solo afecta a la persona, pero no el fondo.

“Un mundo en el que la inmensa mayoría de mujeres esté trabajando le da mucha más solidez financiera a la CCSS, sobre todo en la parte de salud porque tenés mucha gente asegurada y menos dependientes”, añadió.

A esto se añade el gasto hospitalario, el cual —según los expertos— carece de mecanismos y modelos robustos de planificación, ejecución y evaluación que brinden razonabilidad de la eficiencia y calidad de la inversión.

En este sentido, Ramos externó que antes de su salida la implementación del modelo Enterprise Resource Planning (ERP) estaba muy avanzado, y hubiera ayudado en buena manera a arreglar este problema. El ERP es un sistema de software que permitiría la planificación de recursos en la institución.

“En la CCSS sí se sabe en promedio cuánto cuesta todo, el problema es saber cuánto cuesta el servicio específico en cada unidad de costo. Si a usted la internan, ¿cuánto cuesta una noche de internamiento suyo? Para hacerlo necesito tener el sistema de salarios ordinarios y el de extraordinarios. También hay que asignarle a usted parte del mantenimiento de la cama. A eso se suma el costo del medicamento, y cuánto tiempo se tuvo en bodega, así como el agua y la luz, etc. Ahí usted empieza a prorratear todo y le llega el costo de su internamiento”, detalló Ramos sobre el sistema que estaba planeado para implementarse en 2024.

Finalmente, los expertos señalaron como un riesgo demográfico “muy alto” el desplazamiento de la población por el cambio climático, así como la creciente cantidad de migrantes de países como Nicaragua, Haití, Venezuela, Colombia, y otros, sin oportunidades laborales bien remuneradas debilita la protección y financiamiento de los seguros sociales.

Sobre la migración, específicamente, Ramos mencionó que pese a que sí está sucediendo, este no tiene un efecto o impacto “grande” sobre los seguros, pues actualmente no son tantos los migrantes que están viniendo al país. “El migrante que está viniendo es temporal”.

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