Ante un recrudecimiento en la violencia contra las mujeres que se evidencia en asesinatos violentos, aumento en las denuncias por violencia intrafamiliar y crímenes sexuales, los movimientos feministas han germinado a lo largo y ancho del país durante el 2020.
Un contexto de pandemia que ha mantenido a buena parte de la población encerrada en sus casas, frente a las pantallas de sus televisores, computadoras o celulares, permitió visibilizar como nunca antes la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres y reclamar justicia por sus vidas.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, al 26 octubre del 2020 en el país 11 mujeres habían sido víctimas de femicidio y 50 más, víctimas de muertes violentas. De estas 61 muertes, solo 9 se clasificaron como no femicidio y 41 están pendientes de ser clasificadas.
Sin embargo, casos que aún no han sido tipificados como femicidios por las autoridades han servido de bandera a los grupos de mujeres organizadas para exigir justicia. Por ejemplo, Allison, Justina, María Trinidad y Luany fueron víctimas de crímenes que movilizaron a las mujeres en distintas regiones del país.
Estos grupos además han logrado poner en la agenda pública discusiones sobre acceso a la justicia para las mujeres, delitos sexuales, acoso sexual callejero y derechos sexuales y reproductivos. Así, empujaron conquistas que se concretaron durante el 2020 como el “Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo” y la “Ley contra el acoso sexual callejero”.
Triunfos para las mujeres
El crecimiento y la expansión territorial del movimiento feminista es la mayor de las conquistas que deja el 2020. Decenas de grupos organizados han surgido o crecido en diversas comunidades y las movilizaciones en defensa de la vida de las mujeres han estado presentes en aceras de San José y San Carlos, así como en calles y playas de Limón y Guanacaste .
Según la profesora de la Escuela de Psicología Adriana Rodríguez, especialista en derechos humanos y género, “este fue un año de denuncia social por parte de los colectivos que integran el movimiento feminista, que aun en medio de una pandemia lograron movilizar muy diversos recursos para alzar la voz y denunciar la violencia estructural contra las mujeres”.
“La palabra de las mujeres puede cambiar el curso de las cosas”, Adriana Rodríguez.
Rodríguez, que también es investigadora en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, indica que durante el 2020 se dio una especie de “regionalización” de los movimientos, relacionada con la acumulación del malestar que provocan la cultura y la violencia machista.
La docente indicó que este crecimiento de los grupos feministas generó presión para que se concretaran procesos como la tipificación del acoso sexual callejero como delito y la emisión del protocolo para aplicar abortos terapéuticos.
También, dijo, estos grupos de mujeres han evidenciado las carencias en términos del acceso a la justicia. “Es importantísima esa denuncia de la dilación en los procesos judiciales, del trato de funcionarios a las familias de las víctimas y a las mismas víctimas, es colocar situaciones que ocurren en lo privado en la discusión pública para provocar cambios”, dijo.
Kattya Solís, coordinadora de Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, coincidió en que el 2020 deja triunfos a favor de las mujeres en materia de atención del aborto terapéutico y acoso sexual, además de avances en la discusión pública de temas como el tratamiento de las noticias en medios de comunicación y las carencias del sistema judicial.
“La visibilidad del caso de Luany sirvió para evidenciar la urgencia de cambios en las instituciones públicas. Tras de que tenemos tierra fértil en una sociedad que justifica la violencia, declaraciones como las que dio Walter Espinoza (Director del OIJ) a la Asamblea Legislativa refuerzan esas ideas, pero la denuncia de eso nos permite ver los errores para tratar de corregirlos”, dijo.
Los principales retos conquistados desde la institución, dijo Solís, fueron continuar atendiendo a las mujeres que requirieron atención o albergue (que este año superaron por mucho los números del 2019) a pesar de la falta de recursos. Otro triunfo institucional fue la firma de un convenio con el Colegio de Periodistas, que permitirá incidir en los medios de comunicación y sensibilizar a los periodistas.
Deudas pendientes
A pesar de los citados avances, la igualdad de género aún está lejos y hay muchos temas por atender, indican las especialistas. Grandes cambios normativos y sociales sobre relaciones impropias, feminicidios, delitos informáticos relacionados con la imagen de las mujeres, justicia distributiva, derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas, aún nos distancian de la meta.
Para Adriana Rodríguez el reto inmediato es en el plano de la observancia, es decir, la urgencia del seguimiento que debe darle la sociedad civil al cumplimiento de las normas. “El movimiento tiene una enorme responsabilidad porque estamos ante avances en materia de política pública que hay que garantizar”.
Así, señaló la urgencia de mantener los ojos puestos en proyectos como el que modifica la Ley de Pensiones Alimentarias o el que pretende brindarle derechos superiores a los fetos en gestación.
Por otra parte, la ampliación de la definición de femicidio para cumplir con el estándar internacional; la tipificación de la pornovenganza, sextorsión y otros delitos que tienen que ver con la imagen de las mujeres; así como la garantía de su derecho a decidir sobre su cuerpo son temas aún pendientes, dijo.
Además, señaló, hay “trabajo pendiente” para visibilizar temas como las relaciones impropias, el embarazo en adolescentes y su relación con el femicidio, pues aunque hay leyes se requiere mayor conciencia social para resolver esta problemática.
Adicionalmente, advirtió la docente, es importante tener en cuenta que la lucha feminista no debe darse de forma aislada. “La crisis económica que vivimos nos obliga a pensar que la lucha contra la violencia contra las mujeres no puede desvincularse de la lucha por la justicia económica, la lucha feminista no solo debe ser antipatriarcal sino antineoliberal”, aseveró.
Kattya Solís indicó que en el futuro inmediato será necesario justamente resolver cómo atender a las mujeres cuyas condiciones de vulnerabilidad son mayores, como las mujeres indígenas, rurales y trans que en el contexto de la pandemia han quedado en condiciones de mayor aislamiento.
Para el 2021, dijo Solís, habrá que “resolver volver a llegarle a las mujeres más aisladas, ¿cómo fortalecer el tema del acceso a la justicia y la inversión en prevención de la violencia contra mujeres y niñas considerando los recortes presupuestarios?”.
La especialista advirtió que la reducción en la inversión estatal en prevención de la violencia contra las mujeres que pueden causar los recortes, puede generar a futuro mayor incidencia en casos de violencia y matrimonios infantiles, entre otras problemáticas, por lo que los tiempo por venir serán cruciales.
