Una fundación privada, totalmente ajena a la vida del Conservatorio de Castella desde hace 23 años, vendió el teatro de la institución el pasado 1 de marzo. La venta, supuestamente por $3,5 millones, se hizo con oscuridad y secretismo. Los niños, jóvenes y educadores, a quienes ese teatro sirve, fueron tomados por sorpresa.
La venta del Teatro Arnoldo Herrera es el hecho más grave de una pugna de más de 20 años donde la Fundación Conservatorio de Castella ha alegado la propiedad privada del centro educativo público Conservatorio de Castella, ha exigido su administración, ha querido poseer el nombre y emblema y ha reclamado los valiosísimos terrenos donde funciona la institución.
La venta ocurre en el contexto de un inmenso proyecto inmobiliario, de cientos de millones de dólares, que ha sido promovido por el Alcalde de San José, Johnny Araya. La única propiedad que falta de adquirir para ese proyecto es la del Teatro Arnoldo Herrera.
El interés de algunas empresas por comprar el teatro Castella es viejo. Antes de 1996, cuando estaba vivo mi padre, Arnoldo Herrera González, con frecuencia una empresa vecina le ofrecía adquirir la propiedad.
Don Arnoldo nunca aceptó vender y nos decía a sus hijos que esa propiedad era un legado, que no le pertenecía a él sino al país, y porque el mejor lugar para que estuviera era ese, en La Sabana. Don Arnoldo, fundador del Castella, estaba muy claro del carácter público de la institución y del teatro, no solo por convicción sino también porque él, como director, era empleado público y recibió desde 1953 un salario del Ministerio de Educación Pública; pero además porque el teatro tenía en la entrada una placa de la Administración Orlich (1962-1966), testimonio de los fondos públicos ahí invertidos. Además, la propiedad del colegio, en Barreal de Heredia, fue comprada con bonos agrarios del Estado costarricense.
El apetito de la Fundación por las valiosas tierras tampoco es nuevo: por ejemplo, en 2010 esa entidad, presidida entonces por Edgar Rojas Vargas, papá de Gustavo Rojas Antillón, interpuso un juicio contencioso-administrativo para reclamar el carácter privado del Castella.
En ese juicio la fundación exigió al Estado al pago de una indemnización de $3,5 millones por daños y perjuicios, valoró en $18 millones el terreno del colegio en Barreal de Heredia, y en $2,5 millones la propiedad del teatro en La Sabana. Y mientras el Estado le devolvía las tierras, la Fundación exigía al MEP un alquiler mensual de $16.697 por el uso del teatro de La Sabana y de $126.747 por el uso del colegio en Barreal. La Fundación perdió el juicio y la sentencia quedó en firme: el Castella es público.
Surgen preguntas obvias: 14 años después de aquel avalúo, ¿El terreno de La Sabana vale hoy $3,5 millones, cuando el más grande proyecto inmobiliario del país se va a construir en esa propiedad?, ¿Existe algún estudio serio que indique la viabilidad de construir con ese dinero un teatro en Barreal, en un terreno que ha tenido problemas geológicos? ¿Qué garantiza que la Fundación, vendedora hoy del teatro, no vaya a vender también la propiedad en Barreal, que en 2010 era siete veces más valiosa?
Pero, además, la venta se hizo cuando ha habido reiteradas decisiones a favor del carácter público del Castella. En 2001 el decreto 29.324 estableció que el Conservatorio de Castella era una institución pública y la administración del centro educativo correspondía a la Junta Administrativa pública. Además, instó a la Fundación a colaborar con el MEP y “brindar su desinteresado apoyo” al Conservatorio de Castella. En la Sala Primera de la Corte Suprema sigue pendiente un juicio que cuestionó la dudosa inscripción de las tierras a nombre de la Fundación, en 2002.
La Fundación intentó impugnar el decreto tres veces en la Sala Constitucional, sin éxito. En la sentencia 2001-06624, la Sala IV declaró que para resolver el tema había que dilucidar si el legado que origina al Castella, de 1943, era “a favor del pueblo costarricense o de un grupo privado”.
Eso nos lleva a leer el testamento del filántropo, Carlos Millet de Castella, y ese texto es muy claro en tres aspectos. 1. El legado es para la creación “de un centro de arte en donde las generaciones futuras del país eduquen sus vocaciones artísticas”; 2. El terreno donado en Sabana Norte es legado “con la expresa condición de que dicho Conservatorio sea construido en ese lote, de lo contrario no”; y 3. Los miembros de la Junta del Conservatorio de Castella (conformada como Asociación y después como Fundación) son representantes de organizaciones, no son dueños, y en el testamento los integrantes representaban al Ministerio de Educación, la Asociación de Músicos, la Asociación de Artistas y Escritores y al Banco de Seguros.
Queda entonces claro que los integrantes de la Fundación Conservatorio de Castella son representantes no propietarios, que el legado era a favor del pueblo costarricense y no de un grupo privado, que el Castella debe mantener su sede en Sabana norte y que quienes han ocupado esas propiedades por décadas son los legítimos beneficiarios: la niñez costarricense.
Y por último, una inmensa contradicción: El decreto del 2001 instó a la Fundación a colaborar con el Castella, pero esa entidad se desapareció y solo se preocupó por pretender la privatización y el cobro de indemnizaciones multimillonarias. En 2023 la Fundación reapareció en el contexto del negocio inmobiliario y reclamando que las instalaciones estaban en mal estado. Entonces, ¿Por qué en 23 años la Fundación no ayudó a dar mantenimiento a la institución? Da la impresión de que a esa Fundación no le interesa la educación artística de las nuevas generaciones sino solo las valiosas propiedades del Conservatorio de Castella. Por todo lo anterior, la venta del Teatro Arnoldo Herrera debería ser anulada.
