Cuando la creación de normas se aparta del Derecho
Las normas jurídicas idealmente son creadas con ocasión de necesidades sociales, mediante la fórmula legislativa cobran forma, vigencia y eficacia para reflejar en el futuro, estabilidad, mejoría o normalización de situaciones que impactan la vida de las personas de manera directa o indirecta.
Con esa visión general, la esencia de las normas de cita no debería tener un contenido complejo, en cuanto a que su origen precisamente se da con motivo de afianzar mejoras colectivas; sin embargo, la génesis de la cuestión que se plantea y el trámite para validar, mediante el poder coercitivo y coactivo estatal, no ha reflejado en los últimos años un dinamismo social progresivo, como resultado de esas normas, sino que grupos de gran poder económico han convertido a una parte de los Poderes Públicos en un instrumento de legitimación y normalización de abuso económico, cada vez con más pretextos de “crisis social” que aceptamos sin cuestionar, para dar por cierto que esa es la única realidad nacional.
La práctica ya mimetizada en los discursos políticos es la “crisis”, pandémica en el último semestre, que ha sido la única respuesta a los cuestionamientos que emanan de una población asfixiada por la incesante embestida económica, esto, refrendado por el silencio de autoridades de gobierno, cuando de vez en cuando alguien se atreve a cuestionar el derrotero estatal financiero.
El poder del Estado Soberano ahora es exclusivo de esa clase económica, ya que legitima su actuar, lo impone por medio de una Asamblea Legislativa que es expectante, mera tramitadora de la voraz maquinación de esos grupos de poder.
En una opinión publicada en el Semanario UNIVERSIDAD el pasado 20 de julio (https://semanariouniversidad.com/opinion/la-supresion-sistemica-de-derechos-de-las-personas-para-el-ingreso-de-costa-rica-a-la-organizacion-para-la-cooperacion-y-desarrollo-economicos-ocde/) mencioné el alto precio que el país debe pagar por pertenecer al “club de los ricos” y con ello, la supresión sistémica de derechos de las personas, pues ataca a todo el sistema social, sin que sea de manera secuencial. Aunque estamos en medio de un pandemia mundial –que no se desconoce ni se cuestiona a nivel sanitario-, en buena medida esa pandemia ha servido para justificar leyes sin contenido verdaderamente jurídico para alivio social, ya que responden a intereses no de mayoría, sino de grupos económicos que tienen dominado el curso financiero del país y por ende, de toda la población. Esta afirmación tiene respaldo en el informe de la OCDE sobre Costa Rica http://www.oecd.org/economy/surveys/costa-rica-2020-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf, así como la propuesta del Poder Ejecutivo https://drive.google.com/file/d/1ebqs26P7JYDbpb2eziIi4hsKFLxE2vB1/view para “negociar” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo, como la aparente solución de emergencia a la situación económica actual. Al respecto, esa negociación es un término mal empleado, pues si es tal, deberían existir propuestas y contrapropuestas, lo que no ocurre en este caso, ya que el crédito que pretende el Ejecutivo está condicionado a los requerimientos del Fondo Monetario, en temas como la eliminación de instituciones o la absorción de algunas de ellas, por ejemplo, las de naturaleza autónoma, para pasar a manejo político en un Ministerio, o bien, la creación, conversión o aumento de impuestos, entre los que destaca el de bienes inmuebles, lo que obedece según el discurso político “a la pandemia”, pero que en realidad emana de la “recomendación” de la OCDE para liberar aún más o eliminar las cargas sociales de grandes capitales.
Además, de manera urgente, en la propuesta de negociación, se da por sentado la necesidad de vender activos del Estado que son competencia para las multinacionales, entre estos tenemos Kolbi, el Banco de Costa Rica, el Banco Internacional de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), así como la venta de “las tierras ociosas del Estado”, frase amplia, subjetiva y que supera en demasía lo ambiguo, tratándose de un tema tan importante en un país tan pequeño.
Como sabemos que no hay –ni habrá- voluntad política para combatir la evasión y elusión fiscal, el gobierno definió que se deben gravar más los salarios, y que se debe gravar el aguinaldo, el salario escolar, aumentar el impuesto a los bienes inmuebles, que valga acotar, no mencionan es una “recomendación” de la OCDE, para para compensar otra exoneración a grandes empresas en cuanto a las cargas sociales, que llevará además, a una desmejora significativa en el presupuesto de la salud en general, pues la recaudación por esa conversión no está direccionada al presupuesto para el tema sanitario, lo que llevará a un efecto directo de desmejora inmediata y nacional en toda el área de atención a la salud. Sobre este tema, es lamentable que la mayor discusión que se da en la Asamblea Legislativa, es la disputa entre dos comisiones para llevarse los “créditos” por finiquitar el ingreso de Costa Rica a la OCDE, cuando no han medido los alcances negativos para la población con tal membresía.
Toda esta información es verificable en el informe de la OCDE http://www.oecd.org/economy/surveys/costa-rica-2020-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf en su página 37, que literalmente indica: “Las contribuciones de los empleadores a la seguridad social son relativamente altas” (Gráfico 1.20); (OECD, 2017[27]), lo cual desalienta la formalidad. Por el contrario, Costa Rica recauda relativamente pocos ingresos de los impuestos a la propiedad. Trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad. El resaltado se suple. Tal “recomendación” en efecto fue acogida por el Ejecutivo, que en la propuesta de negociación con el FMI (cfr. pág. 27 informe), indicó que: “El Poder Ejecutivo incorporó una medida que propone aumentar el impuesto a los bienes inmuebles, a partir de la tasa existente y de manera permanente y cuya recaudación ingresaría a la Caja Única del Estado”.
Claro, el Ejecutivo incorporó esta propuesta, a como incorporó e insiste en un tren eléctrico que no se ideó en la Oficina de la Primera Dama, y que ya se descarrila en serios cuestionamientos técnicos, legales, operacionales y políticos, con un silencio sepulcral del gobierno, que también plantea: utilizar un esquema de exoneración a empresas como estrategia para su reactivación, pero a la vez propone: eliminar varias exoneraciones del pago de renta y otros tributos a: la Caja de ANDE, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, así como a la Sutel y Fonatel. En el caso de las empresas cooperativas, la medida incluida en el acuerdo con el FMI consiste en eliminar de manera permanente la exoneración del pago de renta a aquellas cooperativas con mayores excedentes. Es decir, las grandes empresas, los grandes capitales, las economías robustas nacionales y foráneas que pretenden expandir su presencia en Costa Rica, continuarán siendo las que menos paguen o las que no paguen, y las cargas tributarias continuarán y, además, aumentarán en los sectores de la gran fuerza laboral del área pública y privada del país, por lo que es evidente que las normas que pretenden instaurar carecen de un verdadero contenido jurídico y obedecen a la voluntad política, supeditada a la económica de un pequeño sector que concentra la riqueza. La brecha monetaria será más marcada, todo legitimado por el gobierno a través de las eventuales leyes que aprobará la Asamblea Legislativa.
Como bien refiere el catedrático Enrique Pedro Haba sobre las normas jurídicas: “La creación del derecho no es una tarea científica sino de voluntad, que posiblemente se sirve (a veces) de conocimientos científicos”.
No caigamos en la trampa de algunos titulares de medios de comunicación, que nos dan un placebo al afirmar que no hay “buen ambiente” en la Asamblea Legislativa para más impuestos; al contrario, los aparentes cuestionamientos de algunas bancadas legislativas no se relacionan con lo expuesto en estas líneas, se refieren a una propuesta de contraer más el Estado y liberar la escasa y verdadera regulación a grandes capitales, posición que fácilmente sorteará el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa en los próximos días, por lo que prácticamente debemos dar por sentado que estos cambios en la estructura tributaria ocurrirán para beneficio de muy pocos, y la situación colectiva financiera será más perjudicial, acentuada para la mayoría de hogares costarricenses.
No debe extrañarnos que la cifra de personas recuperadas de COVID-19 se mantiene casi invariable, so pretexto de un atraso ¡vaya atraso! en el procesamiento de datos, por lo que es probable que para la discusión de este nuevo y lapidario paquete fiscal, préstamo con el FMI y venta de activos del Estado, en las próximas semanas, el Poder Ejecutivo defina “por salud y para frenar el virus” medidas más severas en todo ámbito, lo que desviará la atención de la ciudadanía y desincentivará la eventual oposición del pueblo contra este abuso solapado de mejora para el país.
La solución a toda esta problemática no es única, hay propuestas de muchos sectores, sin embargo, el gobierno solamente se ha enfocado en las que distancian más a esa élite económica.
Algunas propuestas reales y equitativas
Hace años están en la palestra pública propuestas para enfrentar la situación fiscal del país, a continuación retomo las más conocidas y me permito abonar algunas más, para lograr acciones verdaderas y proporcionales para enfrentar la situación económica del país: Combatir de manera real la evasión, elusión y colusión fiscal, que valga destacar, es mucho más que decomisos de licor y tabaco. El gobierno ha obnubilado su actuar a esta grave realidad, potenciando, en su lugar, más impuestos al grueso de la población. Una medida verdaderamente justa es grabar los grandes capitales, implementar renta mundial, fortalecer las auditorías, mejorar los sistemas informáticos y los controles en el Ministerio de Hacienda y sus dependencias.
También, se deben revisar las inversiones de los fondos de pensión, el modelo de empleo público con estudios asépticos y no por las pasiones de algunos sectores que han satanizado la labor pública, revisar el esquema multimillonario de concesiones en infraestructura pública, pago de los alquileres de inmuebles del Estado, la deuda política, integrar a representantes de todos los sectores públicos y privados para aquilatar propuestas y decisiones, eliminar el tren eléctrico subvencionado y en su lugar, reestructurar el modelo de concesión de transportes.
En el plano represivo y de recuperación de ganancias generadas de ilícitos fiscales, se debe brindar una autonomía operativa real y profesionalizar con auditores expertos a la Policía de Control Fiscal; ya que es una policía supeditada al poder político, razón que puede truncar investigaciones de mayor complejidad a las que presentan hoy día a estrados judiciales. También, es necesario dotar de más plazas de auditores forenses a las secciones especializadas de la Policía Judicial y del Ministerio Público. También, se debe analizar la estructura de los delitos relacionados con temas de corrupción, los plazos de prescripción de la acción penal, los instrumentos internacionales para perseguir, no solamente la responsabilidad penal, sino que se puedan decomisar y comisar bienes en el exterior, impulsar de manera paralela a la política criminal del Poder Legislativo y las políticas de persecución penal del Ministerio Público, de manera expedita, los procesos de “capitales emergentes”, así como revisar el modelo de “extinción de dominio” que se pretende aplicar en el país.
Asimismo, es necesario dotar de contenido presupuestario a la nueva Jurisdicción contra la Criminalidad Organizada, pues la Asamblea Legislativa por su desinterés en que no solo la criminalidad organizada violenta sea procesada sino que, la más perjudicial, la de cuello blanco pueda ser perseguida, supeditó la entrada en vigencia de la ley a que se le dé contenido presupuestario a esa jurisdicción, presupuesto que no existe ni va a existir a corto plazo, por lo que es urgente que se dote de presupuesto al Poder Judicial para que inicie labores para combatir grandes estructuras criminales de cuello blanco.
Propuestas hay muchas, la mayoría viables, pero ignoradas por autoridades de gobierno con poder de decisión, por lo que debemos continuar con un análisis crítico de la situación nacional actual e insistir con propuestas factibles a corto, mediano y largo plazo.
